El Presidente de Perú destituye al comandante de la policía y 15 generales tras las protestas

«En mi calidad de Presidente de la República, y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y en uso de las atribuciones constitucionales conferidas en el artículo 167 de la Constitución Política, he adoptado la decisión de designar como nuevo Comandante General de la Policía Nacional del Perú al general Cesar Augusto Cervantes Cárdenas», dijo hoy el mandatario peruano.

El 9 de noviembre, 105 congresistas votaron a favor de la destitución como presidente de Martin Vizcarra ; por un presunto de caso de soborno cuando era gobernador regional de Moquegua (sur del país). Al caer Vizcarra asumió como presidente interino, Manuel Merino (extitular del Congreso), hecho que causó masivas protestas a nivel nacional.

En la protesta del 14 de noviembre, murieron dos estudiantes, Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado; lo que trajo abajo al breve gobierno de Merino, que se vio obligado a renunciar, lo que devino en la elección en el Congreso de Francisco Sagasti, del partido Morado, única agrupación que votó en bloque contra la salida de Vizcarra.

El también ingeniero industrial de profesión y presidente de Perú expresó también su «profundo pesar por los hechos ocurridos en las movilizaciones ciudadanas, en las cuales dos jóvenes perdieron la vida, otros ciudadanos resultaron heridos –algunos de ellos de gravedad y otras fueron afectadas en su dignidad durante su detención».

Los heridos de gravedad de la pasada protesta del 14 de noviembre son: Albert Ñahui con coma inducido; Ruben Guevara Roggero, quien perdió la visión del ojo izquierdo; Luis Suárez Valle, con un perdigón alojado en el cerebro; Jon Abel Cordero Morales, quien no volverá a caminar tras recibir perdigones en la espalda.

Entre los afectados a su dignidad a los que se refiere el presidente Sagasti está Adriana Espíritu y su hermana de 14 años, quienes denunciaron haber sido detenidas por participar en la marcha por 48 horas en una dependencia policial. Espíritu denunció haber recibido malos tratos y obligada a desnudarse y hacer ejercicios con el fin de humillarla. El otro caso más importante es el de Luis Fernando Araujo, quien estuvo detenido desaparecido en un lugar no identificado por 3 días a pan y agua por policías con trajes de civil conocidos como «ternas».

El exministro del Interior y congresista del partido Morado, Gino Costa, dijo al ABC que el anuncio de Sagasti « es de una importancia capital y era indispensable hacerlo. Se renueva a todo el alto mando policial, es decir, se van 15 generales que han sido responsables de reprimir las marchas y a su vez, se van varios generales acusados de gravísimos casos de corrupción durante la pandemia del covid 19».

«Necesitamos una policía que este en sintonía con la generación del bicentenario. Se va el general Jorge Lam, que dirigió todas las operaciones de represión a los manifestantes y se van los 14 que están encima de Cervantes», a la vez que Costa agregó que «la primera decisión de Sagasti fue la de reunirse con los familiares de Jack e Inti, a quienes les ha pedido disculpas. Además, creó una comisión que dirigida por la Primera ministra, Violeta Bermúdez, que integran los ministros de educación, de justicia y la Coordinadora de Derechos Humanos con el objetivo de reparar a las víctimas. Por todo ello, saludo la decisión del presidente Sagasti».

El jefe de delegación en Perú y representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, que visito el país andino para investigar las protestas dijo al ABC que «recibimos mucha información sobre los días de represión de protestas durante el gobierno de Manuel Merino. La misión se entrevistó con las familias de los dos jóvenes fallecidos -Inti Sotelo y Jack Brian Pintado-, con muchas de las personas heridas en las protestas y que sufrieron detenciones arbitrarias u otras violaciones de derechos humanos. También percibimos el sufrimiento de las víctimas, de la gente más humilde, ya tan golpeada por la desigualdad, la pandemia y la crisis económica; gente que levantó su voz y fue brutalmente reprimida».

«Varios de los entrevistados nos dijeron lo mismo, "no pensamos que la policía iba a disparar" . Y es que en Lima no se había visto tal nivel de represión desde los años 90, aunque en regiones sí se han registrado violaciones similares por parte de la policía contra movimientos sociales».

Para Jan Jarab, «hay relatos que nunca olvidaremos, como cuando los padres de los jóvenes fallecidos nos hablaron de los sueños truncos de sus hijos».

«Los testimonios dan cuenta del sentido de injusticia que experimentan las víctimas y de su indignación al sentirse perseguidas por expresar su opinión. También nos hablan de su desesperación cuando se sienten asfixiados por el uso masivo de gases lacrimógenos y los policías no prestan auxilio; de su desamparo cuando están detenidas y no cuentan con asistencia legal, o necesitan limpiar su nombre de la acusación de un delito que no cometieron. Frente a estos y otros múltiples testimonios que recogimos de diversas fuentes, nos parece insostenible la versión de la policía, que asegura no tener responsabilidad en las muertes y lesionados», concluyó el jefe de delegación en Perú y representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur.