El presidente de Haití lleva más de un año de gobierno por decreto amparado en la pandemia

La presión internacional, no obstante, obligó a la suspensión del referéndum que debía celebrarse el 27 de junio para aprobar una nueva Constitución concebida para reforzar las atribuciones presidenciales. La consulta ha quedado pospuesta sin fecha determinada para su celebración.

La Organización de Estados Americanos, Estados Unidos y la Unión Europea exigen a Moïse que cumpla su promesa de elecciones presidenciales y legislativas este otoño y que deje el poder el 7 de febrero de 2022 . Moïse mantiene que no forzará su releección, pero la oposición desconfía de él.

Con una región que asiste las últimas semanas a la consolidación de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua , siguiendo la senda marcada por Venezuela, el caso de Haití supone otro motivo de preocupación, complicando aún más la calamitosa situación que vienen arrastrando los haitianos desde hace años, agravada con el terremoto de 2010. Sin ganar estabilidad política e institucional difícilmente Haití va a poder emprender ninguna senda de recuperación.

Haití registró fuertes disturbios a comienzos de año, pues Moïse se ha mantenido en el poder a pesar de que la Corte Suprema estipuló que su mandato de cinco años terminaba el 7 de febrero de 2021. La disputa se debe al calendario de las últimas elecciones presidenciales: la primera vuelta fue en 2015 (Moïse, candidato del Partido Haitiano Tèt Kale, quedó en primer lugar, con el 32,8% de los votos) pero por acusaciones de fraude y disputas políticas la segunda vuelta no tuvo lugar hasta noviembre de 2016 (ganó Moïse con el 55,7% de los votos), retrasando la toma de posesión del nuevo presidente hasta el 7 de febrero de 2017, un año después de lo estipulado constitucionalmente.

La comunidad internacional apoyo inicialmente la interpretación hecha por la Corte Suprema, que es el órgano que debía dirimir el conflicto, pero el control de la situación demostrado por Moïse ha llevado a la OEA, la UE y EE.UU. a aceptar su tesis, forzando así a que él, a su vez, deje el poder en cuestión de unos meses, cuando dice que formalmente termina su mandato. Moïse se ha comprometido a celebrar la primera vuelta de las presidenciales en septiembre de este año, junto con las legislativas, y a tener la segunda vuelta en noviembre.

La oposición, que insiste en la ilegalidad de la actuación de Moïse, promovió en febrero la elección de Joseph Mécène Jean-Louis, un juez de la Corte Suprema, como presidente interino, pero Moïse respondió removiendo a este y a otro juez de ese órgano, después de una redada que supuso la detención de 23 dirigentes , a los que acusó de intento de golpe de Estado.

Moïse lleva gobernando por decreto durante más de un año. No convocó las elecciones legislativas que debían celebrarse a finales de 2019, por lo que desde enero de 2020 gobierna en solitario, sin las dos cámaras del Parlamento (solo están en su cargo un tercio de los senadores).

En julio creó una comisión de cinco miembros, designados personalmente por él, que en cuestión de apenas dos semanas debía elaborar una nueva Constitución. El proyecto prevé eliminar el Senado, dar inmunidad a los expresidentes, reemplaza al primer ministro por un vicepresidente y establece como obligatorio el servicio militar. Esto último supone un guiño al Ejército, cuya existencia se debe a él mismo, pues lo creó de nuevo en 2017 tras dos décadas de haber sido disuelto. La Constitución de 1987 prohíbe reformas constitucionales por referéndum, pero Moïse alega que su iniciativa no promueve una enmienda sino una nueva Constitución. Sigue sin estar claro, en cualquier caso, si el presidente forzará la situación, incluso buscando la reelección, o si preferirá ponerse a un lado, quizá promoviendo un candidato que él pueda controlar.

El descontento social es alto, pues además de acusaciones de corrupción (ha habido denuncias de apropiaciones de fondos del acuerdo petrolero con Venezuela en Petrocaribe), se produjo una impopular supresión de los subsidios a la gasolina en 2018, un aumento de la violencia (en 2020 los secuestros en la capital se multiplicaron por tres) y una mala gestión de la pandemia.