La presidenta del Tribunal Supremo de Polonia se rebela contra el Gobierno

La nueva ley rebaja la edad de jubilación de los jueces de 70 a 65 años, lo que obligaría a retirarse a 27 de los 72 que componen el Supremo , incluida la propia Gersdorf. La ley establece que los jueces que deseen continuar en el cargo deberán expresarle su voluntad de hacerlo al presidente, quien podría renovarles su mandato por tres años más. Según la normativa anterior, Gersdorf debería mantenerse al frente de la institución hasta 2020. La Comisión Europea (CE) considera la reforma un ataque a la división de poderes y al estado de Derecho, y ha abierto un procedimiento de infracción a Polonia al entender que sus reformas menoscaban los valores europeos y la democracia, lo que podría llevar a Polonia a perder su derecho de voto en la Unión Europea.

El CE expresó su preocupación por el hecho de que la norma no establezca ningún tipo de criterio para que el presidente decida si renueva o no el mandato de cada juez y, una vez tomada su decisión, que no exista la posibilidad de que ésta sea revisada y validada judicialmente : «La CE considera que estas medidas minan el principio de la independencia judicial, incluida la irrevocabilidad de los jueces, y por lo tanto Polonia no estaría cumpliendo las obligaciones que recoge el Tratado de la Unión Europea (TUE)», aseguró la CE a través de un comunicado.

«Me considero la presidenta del Tribunal hasta 2020 de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución polaca», dijo Gersdorf en la manifestación que continuará durante todo el día de de hoy y de mañana y a la que se unirá el ex presidente polaco y premio Nobel de la Paz, Lech Walesa. Gersdorf denunció que la reforma se trata de una «purga» de jueces y una «vulneración del Estado de derecho y de la Constitución en Polonia», y pidió «respetar a los tribunales, no socavar su autoridad y respetar la separación de poderes». Varsovia, por su parte, defiende reformar su sistema judicial, ya que mantiene las mismas estructuras desde el periodo comunista, y considera que la estructura de la Justicia es una competencia exclusiva de cada Estado miembro de la Unión.