La prensa, en la diana «narco»
Compartir mesa con Iván Pedraza en Tijuana equivale a acudir a una entrevista con Bin Laden en las afueras de Peshawar. El periodista, corresponsal del diario «Milenio» en Baja California, rodea varias veces con su vehículo las manzanas adyacentes al restaurante elegido; sólo entonces se detiene y, sin dar explicaciones, lo aparca en un lugar discreto a la trasera del local. En el interior, el reportero elige mecánicamente un asiento de cara a la puerta. Pedraza, que investiga asuntos de narcotráfico en la ciudad fronteriza, sufrió un «levantón» (intento de secuestro) hace meses: aquello fue sólo un aviso. Lo siguiente sería un «plagio» (rapto) o una bala: ése es el precio que pagan los periodistas incómodos que no están dispuestos a «colaborar» con el crimen organizado: «plata o plomo».
Noticias relacionadas
México es, después de Irak, el segundo país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. Según el último informe de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) -que estos días celebra su 64.ª Asamblea en Madrid-, en México han muerto violentamente tres periodistas en los últimos seis meses.
«Lo inimaginable»
Gonzalo Leaño, director del diario «Ocho columnas» de Guadalajara, lamenta que «en México estamos sufriendo lo que nunca habíamos sufrido y lo que nunca habíamos pensando que íbamos a sufrir. Los narcotraficantes pretenden atemorizarnos para que los periódicos no publiquemos informaciones sobre el crimen organizado. Si los medios no nos unimos, esto puede alcanzar proporciones inimaginables».
En este último medio año, denuncia la SIP, «la falta de resultados en investigaciones de crímenes y atentados contra periodistas y medios de comunicación evidencia una ausencia de voluntad de los gobiernos estatales y federal para resolverlos». Juan Fernando Healy, editor de un grupo de publicaciones locales, denunció que «el caso más representativo es el del periodista Alfredo Jiménez Mota, del periódico «El Imparcial», quien permanece desaparecido desde el 2 de abril de 2005».
Éste es uno de los siete reporteros mexicanos desaparecidos desde ese año, una cifra casi sin precedentes en los 27 años de historia del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Según esta organización, sólo en Rusia se ha registrado un índice comparable de desapariciones, cuando a mediados de los noventa se perdió la pista de siete reporteros que cubrían la guerra en la república secesionista de Chechenia.
Según el Comité, México es uno de los países más peligrosos para periodistas en el mundo: «Veintiún reporteros han sido asesinados desde el año 2000; al menos siete de ellos en represalia directa por su trabajo». Pero otras fuentes elevan esta cifra al medio centenar. «Existe la presunción de que narcotraficantes y crimen organizado son responsables de la mayoría de estas ejecuciones y que su mensaje para la prensa ha sido claro: cuídense».
El CPJ también subraya el caso de Jiménez Mota, quien publicó importantes reportajes sobre redes de corrupción entre traficantes, policías, jueces y fiscales y funcionarios públicos en Hermosillo (capital del Estado fronterizo de Sonora). Todas las desapariciones se registraron en los corredores por los que se trafican miles de millones de dólares en droga hacia EE.UU. «La mayoría de los casos fueron investigados en forma deficiente durante las primeras y cruciales horas de la pesquisa». Tres de los siete casos están ahora bajo la supervisión de las delegaciones estatales de la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR).
El aumento en las desapariciones implica un cambio de táctica del «narco», o peor, un nuevo tipo de victimario al acecho. Familiares y colegas de varias de las víctimas sostienen que funcionarios públicos locales estarían involucrados en las desapariciones. En al menos cinco casos, los reporteros «evaporados» investigaban relaciones entre trabajadores de la Administración local y el crimen organizado.
«La primera fuente de inseguridad para los periodistas es, sin duda, la delincuencia organizada, y la segunda es el Gobierno. Pero el peor escenario para los periodistas es cuando se asocian la delincuencia organizada y el Gobierno. Y en muchas partes del país están ligados», señala el diputado federal Gerardo Priego Tapia, que dirige la comisión parlamentaria sobre violencia contra periodistas.
El último asesinato de un informador es, quizá, uno de los más indignantes y sorprendentes. Alejandro Fonseca Estrada moría días atrás tras ser tiroteado cuando colocaba en la vía pública carteles contra el secuestro y la violencia. El locutor radiofónico de Tabasco estaba en la parte trasera del vehículo donde guardaba las lonas de una campaña que emprendió personalmente en rechazo de la inseguridad.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete