Polonia y Alemania acusan a Bielorrusia de «terrorismo de Estado»

Para el Gobierno de Polonia, esta actitud hostil con los derechos fundamentales del Gobierno de Lukaschenko no es una novedad. En reiteradas ocasiones ha trasladado su preocupación a los países del Grupo de Visegrado V4 (Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría), a los que ha advertido también sobre «los actos de sabotaje rusos en la República Checa» , y «la relación entre la escalada militar de Rusia en Ucrania y la situación en Bielorrusia». El viceministro de Asuntos Exteriores polaco, Szymon Szynkowski vel Sek, ha subrayado que desde principios de año Rusia ha estado acumulando tropas en el este de Ucrania, donde rige un alto el fuego en vigor desde julio de 2020, y aunque Moscú asegura que se trata de ejercicios militares, «según el Gobierno de Ucrania pronto habrá allí 120.000 soldados rusos preparados para entrar en combate».

El Gobierno alemán se ha sumado a la condena en términos también muy firmes. El ministro federal de Exteriores, Heiko Maas, ha exigido la liberación del opositor bielorruso y ha destacado la irregularidad del procedimiento. «El hecho de que un vuelo entre dos países de la UE se viera obligado a hacer escala bajo el pretexto de una amenaza de bomba es una invasión grave de la aviación civil en Europa», ha denunciado, tras reconocer que el gobierno alemán está «muy preocupado por los informes que aseguran que el periodista Roman Protasevich ha sido arrestado de esta manera».

El vicecanciller alemán y ministro de Finanzas, candidato del Partido Socialdemócrata (SPD) para las elecciones del 26 de septiembre, ha ido más allá y ha exigido consecuencias a nivel de la Unión Europea . «La Unión Europea tendrá que sacar conclusiones y actuar en consecuencia contra el dictador bielorruso Lukashenko y su régimen», ha dicho, un unas declaraciones con las que está de acuerdo el que será su oponente en las generales alemanas por parte de la conservadora Unión Cristianodemócrata, Armin Laschet, que ha pedido al Consejo Europeo que se ocupe del incidente. «Si Bielorrusia amenaza la libertad de la aviación civil en un vuelo entre dos Estados miembros de la Unión Europea, el Consejo Europeo debe lidiar con las consecuencias», ha dejado la pelota en el tejado de Bruselas y de la cumbre especial de jefes de Estado y de gobierno europeos que comienza el lunes en Bruselas.

Incluso la candidata a canciller de los Verdes alemanes, Annalena Baerbock , se ha referido al «secuestro estatal de un avión de pasajeros» y ha exigido que «Protasevich deba ser liberado de inmediato». «La Unión Europea no puede aceptar esta escalada sin precedentes, la amenaza a nuestra libertad en Europa y la amenaza masiva a la aviación civil europea», es el diagnóstico de Baerbock.

Una propuesta concreta de sanción la ha puesto sobre la mesa el Partido Liberal alemán (FDP), que sugiere que le sean retirados a la aerolínea estatal bielorrusa Belavia los derechos de aterrizaje en la Unión Europea, además de consecuencias en las relaciones con el Gobierno de Minsk. «Lukashenko cruzó una línea roja con el secuestro de un avión de pasajeros que viajaba entre dos estados miembros de la UE», ha protestado desde el grupo parlamentario del FDP Alexander Graf Lambsdorff, «debe ser tratado como un criminal de ahora en adelante».

Desde Los Verdes, Manuel Sarrazin, ha pedido sanciones contra las empresas estatales bielorrusas. «La UE debe reaccionar ante este nuevo caso y finalmente sancionar a las empresas estatales bielorrusas que ya han sido incluidas en su lista de sanciones por Estados Unidos», ha denunciado, «Lukashenko hace todo lo posible para reprimir brutalmente la libertad de expresión».

El pasado 5 de mayo, diez opositores bielorrusos presentaron una denuncia por represión «bestial» contra el régimen de Lukashenko ante la justicia alemana, cuya jurisdicción universal permite juzgar crímenes de Estado o contra la humanidad en todo el mundo, con acusaciones de «tortura de Estado desde mediados de 2020» ante la Fiscalía federal con sede en Karlsruhe. Denuncian que «el poder del Estado bielorruso responde con una violencia masiva y sin precedentes, tortura sistemática y otros abusos a las protestas de la oposición desde el 9 de agosto, tras la controvertida reelección de Lukashenko» , con «arrestos arbitrarios, persecución criminal con motivación política y otras formas de represión». En total, han aportado pruebas de «más de 100 casos documentados de tortura estatal en Bielorrusia».