Piñera abre una crisis de gobierno y retira a los militares de las calles

El pasado viernes, más de dos millones de personas salieron a las calles en la mayoría de las ciudades del país, entre las que destacó Santiago, la capital chilena, donde durante horas más de 1,2 millones de personas reclamaron c ambios estructurales en la economía , la profundización de la democracia heredada de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), el fin del estado de excepción, el regreso de los militares a sus cuarteles, el término del toque de queda y el cese de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última semana.

La revuelta popular en Chile se inició a raíz de una serie de alzas en los precios de servicios como la luz eléctrica y de los alimentos como resultado de una fuerte escasez hídrica, así como la subida de los billetes de metro en la capital, a la cual estudiantes de enseñanza media se opusieron a través de masivas y coordinadas oleadas de personas que evadieron los pagos del transporte subterráneo.

Los estudiantes llegaron a copar de manera simultánea unas 80 de las 150 estaciones de metro. A esta forma de protesta el Gobierno de Piñera respondió con la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado a los jóvenes arrestados, lo que desató la ira ciudadana.

En menos de 24 horas, desde el pasado 18 de octubre, se extendió una protesta callejera que dio paso a incendios en las estaciones de metro , bienes públicos, locales comerciales y grandes tiendas, que fueron acompañada por numerosos saqueos a supermercados, al mismo tiempo que la movilización se extendía a las regiones del norte y sur del país.

La revuelta fue afrontada por el Gobierno con la declaración del estado de emergencia en casi todo Chile, la instauración del toque de queda -que no se usaba por razones políticas desde 1987, en las postrimerías de la dictadura de Pinochet- y la salida a las calles de casi 10.000 militares en la capital. «Estamos en guerra con grupos poderosos», declaró Piñera, aumentado la tensión con una enorme movilización diaria de la ciudadanía que no tiene una organización unificada, como tampoco líderes visibles.

El Gobierno conservador de Sebastián Piñera -que está en la mitad de su mandato- anunció a mediados de semana un paquete de medidas económicas, que incluyó la congelación de las alzas, el reajuste de las pensiones básicas , la reducción de los salarios más altos del sector público y nuevos impuestos a las personas cuyos ingresos superen la barrera de los 10.000 euros.

Pero fue insuficiente. La protesta se extendió aún más, hasta llegar a las grandes movilizaciones del viernes pasado, cuando más de dos millones de personas coparon las calles de las principales ciudades.

La represión policial y militar, así como el estado de excepción -que según cifras oficiales entregadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha dejado 19 muertos, 997 heridos en su mayoría por balazos y unos 3.200 detenidos, algunos de los cuales acusan torturas o violencia sexual- también ha chocado con un amplio rechazo ciudadano, al mismo tiempo que organismos internacionales como la Comisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han anunciado el envío de observadores el próximo lunes.

Este sábado Piñera, además de reestructurar su Gobierno, preparaba el anuncio de nuevas medidas, en un esfuerzo por mitigar la protesta y buscar salidas políticas a la crisis. Las movilizaciones de estos días amenaza con desarmar el modelo chileno, a pocas semanas de una cumbre de la región de Asia-Pacífico (APEC) que traerá a Chile a los máximos líderes de Estados Unidos, China, Rusia y otros 16 países.