Perú abre una ola de protestas por la inflación que amenaza con extenderse a otros países americanos

La memoria de la inestabilidad en la región durante épocas con alta inflación –especialmente en las últimas décadas del pasado siglo– no es tranquilizadora. Y los datos son amenazadores. En marzo, la inflación mensual de Chile fue de 1,9%, de 1,62% la de Brasil y de 1,48% la de Perú, cifras que esos países no alcanzaban para un único mes desde hacía 29, 28 y 26 años, respectivamente. Con ello, la inflación interanual se sitúa de momento en el 11,3% en el caso brasileño, en el 9,4% en el chileno y en el 6,8% en el peruano.

La región ya tuvo en 2021 una inflación media de 6,4% (sin incluir Venezuela ni Argentina, con datos extremos) a raíz de las dificultades en poner de nuevo en marcha la producción y el comercio internacional tras el parón provocado por la pandemia. Esa inflación, que se consideraba meramente coyuntural y pasajera, se ve agravada y prolongada ahora por las consecuencias de la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia .

En Perú, el 28 de marzo los transportistas comenzaron sus protestas por el alza del precio del combustible y pronto se unieron otros sectores debido al encarecimiento de los alimentos. Para hacer frente a esas movilizaciones, el presidente Pedro Castillo decretó un toque de queda en Lima y en Callao, que tuvo que levantar en cuestión de horas por la fuerte oposición que encontró la medida.

El Gobierno ha tratado de aliviar la situación eliminando hasta junio el impuesto selectivo al combustible y elevando a partir de mayo un 10% el salario mínimo, pasándolo de 250 a 280 dólares mensuales. Asimismo, se ha exonerado hasta diciembre el impuesto general a las ventas para productos de primera necesidad: pollo, huevos, leche, harina de trigo, fideos, azúcar y productos cárnicos. Por su parte, el Banco Central de Reservas ha aumentado los tipos de interés, subiéndolos del 4% al 4,5%.

Estas medidas han evitado de momento el enconamiento de las protestas, pero no han desactivado la crisis política en la que se encuentra el país. Los últimos sondeos otorgan a Castillo la peor nota de un presidente en su noveno mes de mandato de lo que va de siglo.

Las cifras de la encuestadora Datum Internacional hablan de una desaprobación del 76% de la población, frente a solo un 19% que le aprueba. Además, ninguna región le respalda, ni siquiera las zonas rurales donde obtuvo el impulso para llegar a la presidencia; en Lima y Callao la desaprobación llega al 85% . El 62% de los encuestados considera que el Congreso debió echarle del cargo cuando el 29 de marzo se produjo la votación sobre vacancia (un tipo de moción de censura), la segunda que tenía lugar desde que Castillo llegó al poder en agosto del año pasado.

El presidente Gabriel Boric afronta en Chile su primera prueba de fuego económica con la decisión que debe tomar el Congreso sobre la posibilidad de autorizar una cuarta retirada de fondos de los planes de pensiones. El Gobierno de Boric se opone a mermar aún más los montos disponibles para la jubilación de los chilenos, pero algunos diputados de su coalición de izquierda abogan por permitir liquidez a los ciudadanos para que puedan hacer frente al incremento de precios. El Ministerio de Hacienda advierte que las retiradas de fondos de los planes de pensiones (se han retirado ya 50.000 millones de dólares) han contribuido a la dinámica inflacionaria.

Boric ha presentado un plan para destinar 3.000 millones de dólares para pagar subsidios, congelar el precio del transporte público y frenar el alza de los precios del combustible.

La reducción de impuestos sobre determinados alimentos y las subvenciones a los carburantes que diversos gobiernos están aplicando (además del encarecimiento mismo de los insumos que debe utilizar la propia Administración), van a agravar el endeudamiento de las arcas públicas, que ya creció por el gasto estatal durante la pandemia. Países con perspectivas electorales como Brasil probablemente se apuntarán al gasto y retrasarán los necesarios recortes. Así, Jair Bolsonaro se encuentra en la necesidad de suavizar la presión inflacionaria de cara a las elecciones presidenciales de octubre, contraviniendo sus políticas de austeridad que predicó al llegar al poder y que ya hace más de un año ha dejado de lado.