Pekín y Hong Kong insisten en que no retirarán la polémica ley de extradición

«Mi equipo y yo no hemos ignorado ninguna de las opiniones expresadas sobre esta ley. Hemos escuchado de forma atenta y humilde», se defendió Lam, quien prometió explicar mejor el proyecto para acabar con los temores que ha despertado entre toda la sociedad hongkonesa. Para calmar a la población, las autoridades insisten en que solo serán extraditados a China criminales con delitos violentos o sexuales con penas de al menos siete años de cárcel, estudiando los tribunales cada caso concreto y salvaguardando los derechos humanos para impedir una persecución política o religiosa. Intentando tranquilizar a la potente comunidad empresarial de Hong Kong, tanto local como extranjera, en la última enmienda se han eliminado los delitos fiscales como evasión de impuestos.

Pero casi todo el mundo en Hong Kong, desde los activistas hasta los empresarios pasando por los abogados y artistas, tiene miedo a la posibilidad –por remota que sea– de ser extraditado a China. Con los tribunales supeditados al autoritario régimen del Partido Comunista y numerosas denuncias de abusos policiales para arrancar confesiones, los críticos de la ley dudan de que los extraditados puedan tener un juicio justo. Frente a las acusaciones de que esta ley de extradición puede dar lugar a la vulneración de los derechos humanos, la jefa ejecutiva aseguró que los tribunales hongkoneses estudiarán cada petición de China caso a caso y tendrán la última palabra. Además, los diputados del Consejo Legislativo (Legco) podrán seguir su implementación.

Tras negar que la ley sea una orden de Pekín, Lam explicó que solo pretende acabar con el vacío legal que sufre Hong Kong en materia de extradiciones, ya que apenas tiene tratados de este tipo con otros países. «Nuestro objetivo a largo plazo es firmar acuerdos con todas las jurisdicciones que sea posible», señaló la jefa ejecutiva, que ha empezado con esta ley por Taiwán, Macao y China.

Aunque Hong Kong fue devuelta por el Reino Unido a Pekín en 1997, el principio de «un país, dos sistemas» vigente durante medio siglo le otorga más libertades que al resto de China, entre ellas un sistema judicial independiente. Considerado uno de los baluartes de la autonomía de Hong Kong, buena parte de la sociedad teme perder dicha independencia judicial a medida que Pekín sigue aumentando su control sobre la excolonia británica.

A las órdenes del régimen chino, el Gobierno local ha tramitado por la vía rápida esta ley de extradición después de que un joven hongkonés asesinara el año pasado a su novia embarazada en Taiwán y huyera de la isla. Como Hong Kong no tiene tratado de extradición con Taiwán, independiente «de facto» pero reclamada por China, se libró de la justicia. Un caso dramático que las autoridades de Pekín y Hong Kong han aprovechado para impulsar desde principios de año esta ley de extradición. En otro país, sería lo normal. Pero teniendo en cuenta los precedentes del régimen chino, que ha llegado a secuestrar a libreros de Hong Kong que publicaban obras críticas , en la antigua colonia han saltado todas las alarmas. Especialmente entre los activistas políticos críticos con Pekín, muchos de ellos exiliados tras el aplastamiento de las protestas prodemocráticas de Tiananmen hace ahora treinta años. Por ese motivo, la manifestación del domingo fue una de las más masivas que se recuerdan.

Argumentando que la ley solo pretende acabar con el vacío legal que ha llevado a muchos fugitivos a refugiarse en Hong Kong, el periódico oficial en inglés «China Daily» acusó este lunes en un editorial a «fuerzas extranjeras» de haber embaucado a los manifestantes. En los medios chinos y las redes sociales, la censura volvió a silenciar la noticia.