RickyLeaks

Como telón de fondo, hay que recordar el huracán María que devastó la isla en septiembre de 2017, dejando en evidencia la enfermiza relación de este Estado Libre Asociado con Washington. La incompetencia y desconfianza demostrada por la Administración Trump en su propio vecindario dificultó el auxilio de las víctimas. Como parte de esa negligencia se ha intentado ningunear la gravedad de los daños estimados en 90.000 millones de dólares. Hasta el punto de ignorarse el verdadero número de víctimas que según las forzadas estadísticas ronda los 3.000 muertos.

A esa catástrofe natural hay que sumar una catástrofe fiscal, ya que Puerto Rico lleva más de una década en recesión económica. En 2015, el gobierno de la isla declaró impagables las deudas acumuladas con sus acreedores y pensionistas. Un pufo de más de 120.000 millones de dólares que llevó a la intervención del Congreso de Estados Unidos a través de la llamada Ley Promesa, que ha supuesto tanto una sobredosis de austeridad como el menoscabo del autogobierno por la vía de la supervisión fiscal.

La última gota que ha colmado la paciencia de los puertorriqueños ha sido el escándalo conocido como RickyLeaks. Se trata de casi 900 páginas de comunicaciones, a través de la aplicación Telegram, entre el gobernador Ricardo Rosselló y su equipo. El material, publicado por el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico, es una enciclopedia de insultos, vulgaridades y tóxicos contenidos. Además de presentar indicios de una larga lista de delitos y prevaricaciones.

En lugar de admitir su responsabilidad y dimitir, el gobernador de estirpe intenta aferrarse al puesto, aunque no pueda ya gobernar. A nadie se le escapa la ironía de que su residencia oficial en el Viejo San Juan se llame precisamente la Fortaleza.