Pandilleros matan a cuatro empleados de Movistar en Guatemala y extorsionan a la compañía

En la conversación, un supuesto pandillero, que se afana de los ataques perpetrados y utiliza palabras soeces para amedrentar a la compañía, asegura que la empresa de telefonía tiene que pagar 100.000 quetzales para empezar, aunque es negociable.

«Lo que nosotros queremos es 100.000 varas (quetzales) de entrada (...) esto es negociable (...) no vamos a echarnos para atrás en ningún sentido», dice el supuesto extorsionista a un trabajador de la compañía, al que se le queja de que una persona anterior le colgara el teléfono y no lo tomara en serio.

«Colaboren (...) para que nosotros no tengamos que seguir con la violencia», añade al referirse a los hechos violentos del pasado viernes, cuando al menos cuatro empleados de la compañía fallecieron en varios ataques coordinados en diferentes puntos de la capital.

Además de este pago inicial, el pandillero, que enfatiza que esto no es juego y que quieren que les «paguen la renta», pide una reunión con los supervisores para coordinar el pago de otras «2.000 varas semanales por cada unidad», y agrega que ellos han contado 20.

«Estamos llegando con hechos, no solo con palabras», amenaza, mientras admite que este es un asunto «sumamente delicado» en el que está en juego «la vida de personas» que «se pueden morir en el mismo minuto, en el mismo tiempo», y le advierte que los tienen «ubicados» y que lo van a «demostrar».

También dice que la empresa puede avisar a la Policía Nacional Civil para comunicar este chantaje porque no les importa: «Si quieres meter a la policía dale».

Una fuente de la empresa que ha pedido el anonimato por motivos de seguridad ha confirmado a Efe que este audio es cierto y agregó que la «máxima prioridad» de la compañía ahora es «preservar la integridad de colaboradores y clientes».

Agregó, además, que este tema ya está en conocimiento de las Cámaras de Industria y Comercio del país.

La compañía anunció a través de las redes sociales el cierre de sus establecimientos en Guatemala, aunque sin especificar los motivos:

El cierre de establecimientos de Movistar, según explica el rotativo local Prensa Libre en su edición digital citando fuentes de la empresa, se produce después de que el viernes se produjera «un ataque coordinado» contra distribuidores de esta firma en diferentes puntos de la capital, supuestamente relacionado con extorsiones.

«Lamentamos profundamente los hechos ocurridos este viernes 10 de noviembre y nos solidarizamos con los familiares de las personas fallecidas y heridas. Estamos priorizando las medidas necesarias para proteger la integridad de nuestros colaboradores y clientes», expresan las fuentes citadas por el periódico.

Por su parte, la portavoz de la Fiscalía, Julia Barrera , dijo a Efe que se están investigando los crímenes del viernes, unas pesquisas que permitirán «establecer la causa de los ataques, es decir, el móvil», aunque no entró en más detalles por estar en curso.

Movistar es propiedad de la compañía multinacional española de telecomunicaciones Telefónica, corporación con una fuerte presencia en España, Europa y Latinoamérica, esta última zona uno de sus bastiones, pues presta, según sus datos, servicios a más de 179,1 millones de clientes a 30 de septiembre de 2010.

El Triángulo Norte de Centroamérica, formado por El Salvador, Guatemala y Honduras, es una de las zonas más mortíferas del mundo, en las que las pandillas intervienen en el narcotráfico, tráfico y trata de personas, contrabando de cigarrillos y extorsiones transnacionales.

Según un informe de la organización humanitaria guatemalteca Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) publicado en 2016, Guatemala registra una media de 22 denuncias diarias por el delito de extorsión , mientras que las sentencias no alcanzan una diaria.

Las víctimas son, en un 58,3% de los casos ciudadanos particulares, mientras que el 29,9% corresponde a comerciantes y el 9,02% a transportistas.

Para las autoridades, uno de los bandos que realizan las extorsiones son estructuras organizadas como las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, un ingreso que constituye su principal fuente de financiación y que son coordinadas por sus líderes hasta desde el interior de las cárceles.