El Supremo paquistaní aparta al primer ministro Gilani tras su condena en abril

El Supremo ha ordenado a la Comisión Electoral del país que inhabilite formalmente al hasta ahora primer ministro. La sentencia judicial se produce después de que los partidos de la oposición presentaran una petición contra Gilani por no renunciar a su puesto tras ser condenado . Gilani, que con solo cuatro años como primer ministro es el político más longevo en el puesto en los 64 años de historia de Pakistán, se negó a dimitir y ha acusado al jefe del Alto Tribunal, Iftikhar Chaudhry , de lanzar una venganza contra él y su partido.

La decisión abre un periodo de incertidumbre en el país asiático y profundiza el pulso de poder entre el Gobierno y el Tribunal Supremo . Si hace cuatro años el «Movimiento de los abogados» liderado por Chaudhry contra el general Pervez Musharraf supuso un ejemplo de un sistema judicial defendiendo la democracia contra una dictadura militar, hoy el mismo sistema judicial parece empeñado en derribar el gobierno de Zardari . Se especula con que el todopoderoso Ejército de Pakistán apoya al Tribunal Supremo para que fuerce un adelanto de las elecciones.

Los abogados lanzando rosas al asesino de Salman Taseer, gobernador del estado Punjab, que mostró públicamente su rechazo a la Ley de Blasfemia, rompieron la imagen de liberales de los miembros del sistema judicial en 2011.

«Chaudhry procede de un entorno conservador y se cree que es extremadamente hostil a la cooperación entre Pakistán y los Estados Unidos . También al papel de la administración de Zardari en el mantenimiento de esa cooperación», escribe Anatol Lieven, autor del libro «Pakistan: A Hard Country».

El enfrentamiento comenzó con la petición del Supremo a Gilani para que solicitase al Gobierno suizo la reapertura del caso de blanqueo de dinero contra Zardari y la exprimera ministra Benazir Bhuto en la década de los 90. Ambos líderes fueron condenados en rebeldía en 2003 por blanqueo de dinero en el país europeo. Cuando Zardari llegó al poder en 2008 el caso se cerró. El viudo de la asesinada Bhuto era conocido como «Mister 10 por ciento» por los nueve millones de euros en comisiones que supuestamente cobró en los dos gobiernos de su esposa. Tras once años en prisión se exilió del país. Una amnistía del general Musharraf en 2007 -auspiciada por Estados Unidos- le permitió volver al país y ganar las elecciones un año después. Pero en 2009 se derogó esta amnistía.

La negativa de Gilani a reabrir el caso le ha costado el puesto. Y su caída pone en peligro al Gobierno a ocho meses de las elecciones generales. Si el Gobierno acaba la legislatura, se celebran elecciones y hay un traspaso de poder democrático, será la primera vez que ocurra en los 64 años de historia de Pakistán, un país en el que han gobernado más tiempo los militares que los civiles.