Ortega toma distancia del Vaticano cancelando su representación diplomática en Nicaragua

Ortega reformó el artículo seis del protocolo del Estado, en el que se reconocía al representante de la Santa Sede como 'Decano del Cuerpo Diplomático al Nuncio Apostólico de Su Santidad, y en su ausencia al embajador que hubiere sido acreditado con mayor antigüedad'. Esta figura en la diplomacia tiene la función de ser portavoz del cuerpo diplomático en ciertas ceremonias , y también mediar en asuntos conflictivos.

Con la reforma se establece que: «Con el fin de cumplir con la Convención de Viena, que en su artículo 14 establece que no se debe hacer distinción algunas entre los Jefes de Misión y que insta a un trato igualitario entre todos, se anula la figura del Decano del Cuerpo Diplomático».

El nuncio Waldemar Stanislaw Sommertag participó junto a Luis Ángel Rosadilla , representante del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en una mesa de negociación entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, organización opositora conformada por empresarios, estudiantes y sociedad civil. Los encuentros entre ambos resultaron infructuosos, el régimen se negó a cumplir la mayoría de los acuerdos y centró la discusión en el tema económico.

El actual nuncio fue uno de los mediadores para la salida de un grupo de más de 50 presos políticos en 2019. No obstante, no está exento de polémica en el país centroamericano. Un grupo de presas políticas denunciaron públicamente en marzo de ese año, antes de la salida, que el representante de la Santa Sede, en una de sus visitas, les cuestionó «¿para qué quieren salir, si van a hacer cosas malas?«, según informó 'Confidencial'.

Desde entonces, en el país no se ha ejecutado ningún otro intento de mediación liderado por el Vaticano. En Nicaragua persisten los ataques a obispos y sacerdotes de la Iglesia católica , tildados por los mandatarios sandinistas de «terroristas» y «demonios». Los sacerdotes nicaragüenses abrieron los templos durante las protestas de abril de 2018 para que en ellos funcionaran centros de acopio y puestos médicos para los heridos durante las manifestaciones. Desde entonces, muchos de ellos han sido perseguidos y difamados por el régimen, como el caso de monseñor Silvio Báez, a quien el Vaticano obligó a exiliarse por seguridad.