Ortega cumple su venganza contra la familia Chamorro

Chamorro fue enjuiciada junto a Marcos Fletes y Walter Gómez, funcionarios de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh) que ella dirigía antes de anunciar su candidatura a la Presidencia en enero de 2021. En el caso también fue implicado su conductor, Pedro Vásquez, por ser, según los fiscales, una pieza clave para el delito. De igual forma, la justicia nicaragüense -atada al régimen a través de magistrados, jueces y fiscales subordinados- implicó a Pedro Joaquín Chamorro, exdiputado nicaragüense y hermano de la aspirante, que estaba también dipuesto a presentarse a las elecciones.

Las encuestas de CID Gallup apuntaban que la figura de Cristiana podría arrebatarle el mandato a Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo; tal como lo hizo Violeta Barrios , madre de la precandidata y la primera presidenta en ser electa bajo un proceso democrático en 1990. El fantasma de la derrota persigue a los caudillos sandinistas, que después de esa década quedaron tan debilitados que tuvieron que realizar pactos y alianzas con sus «adversarios» del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

El legado de Chamorro no solo es reforzado por la figura de su madre, cuyo principal trabajo durante su Gobierno fue promulgar la paz en un país desgarrado por la guerra y la pobreza. Su padre, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal , es considerado como un periodista mártir. Fue asesinado el 10 de enero de 1978 por la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, el último de la dinastía que gobernó el país desde mediados de los años 30.

A pesar de ello, la historia de la derrota sandinista no volvió a repetirse. Ortega y Murillo no lo permitieron, más bien ejecutaron una cacería contra los siete aspirantes a la presidencia -seis de ellos juzgados por conspiración- y también una persecución contra disidentes y voces críticas. Todo con el fin de garantizar su permanencia en el poder bajo un proceso electoral con la participación de cinco partidos políticos sin peso en Nicaragua.

Una fuente que asistió a los ocho días de juicio contra Cristiana Chamorro dijo a ABC que la Fiscalía no presentó pruebas que pudieran comprobar los delitos. El capitán Jairo Ramírez Carrión fue uno de los testigos empleados por la Fiscalía por ser perito de la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía Nacional, instancia que realizó el análisis financiero de la FVBCh. La fuente aseguró que Ramírez admitió que su análisis no puede considerarse concluyente porque no le dio tiempo de terminarlo debido a la cantidad de documentos que debía analizar.

«En otras palabras, lo que el capitán Ramírez declaró es que no hay ninguna prueba de que la Fundación Violeta Barrios cometió el delito de lavado de dinero. A pesar de que todos son inocentes, el juez los encontró culpables; lo que cabía es la absolución total de los acusados», agregó la fuente que asistió en el caso.