Las organizaciones de Navalni, declaradas «extremistas» por la Justicia rusa

La demanda para lograr la ilegalización y estigmatización de Navalni y su movimiento la presentó el pasado 16 de abril la Fiscalía de Moscú al estimar que «al amparo de estas estructuras hay grupos que se proponen desestabilizar la situación social y sociopolítica del país, entre ellos organismos internacionales que ya son reconocidos como indeseables en Rusia».

Sostiene que para ello se valen de «protestas masivas no autorizadas» e intentan involucrar a menores en tales actos con el objetivo de llevar a cabo una «revolución» . Ya con carácter previo había sido suspendida judicialmente toda actividad de las organizaciones de Navalni, lo que condujo a que el FBK retirase todas sus publicaciones en las redes sociales.

Los abogados defensores aparecieron ayer por la mañana en la sala del juicio con una maleta entera de ruegos que fueron todos rechazados por el juez Viacheslav Poliga. Los fiscales llegaron rodeados de guardaespaldas, en presencia de un dispositivo policial innecesario al no haber manifestantes, y el medio centenar de periodistas que acudieron tuvieron que quedarse en la calle.

El juicio, como ya se había anunciado con antelación, discurrió a puerta cerrada por considerarse «secreto» el sumario al involucrar personalmente, según la Fiscalía, a agentes de los servicios secretos. Vladímir Voronin, uno de los letrados, dijo a la prensa aprovechando el receso que «no entiendo qué materiales están clasificados y por qué» . Iván Zhdánov, estrecho colaborador de Navalni, dijo el mes pasado desde el exilio que el caso fue clasificado como secreto «para que nadie pudiera ver que lo que está sucediendo es absurdo».

El juez también rechazó hoy la propuesta de que el propio Navalni compareciera en la sesión en calidad de testigo. Tampoco quiso escuchar, como proponía la defensa, a la politóloga Ekaterina Shulman. Según Iliá Novikov, otros de los abogados, cree que todo esto indica que «la base de pruebas de la Fiscalía cojea». El juicio celebrado hoy sufrió un primer aplazamiento a mediados de mayo.

Se da la circunstancia de que una de las consecuencias directas de que Navalni, su entorno y sus organizaciones hayan sido reconocidas «extremistas» es que no podrán presentar candidatos a las elecciones que se celebren en Rusia a ningún nivel. Esta nueva ley fue promulgada el pasado viernes por el presidente Vladímir Putin después de que fuera aprobada en las dos Cámaras del Parlamento.

Se observa, por tanto, una voluntad clara de anular completamente a la oposición más combativa ante las cruciales elecciones legislativas que tendrán lugar en septiembre. La situación económica del país y los escándalos de corrupción amenazan las posibilidades de Rusia Unida, el partido del Kremlin, de cara a los comicios, pese a que Putin mantiene un importante nivel de apoyo.

Fundado en 2011, el FBK ha sufrido duras multas y sus cuentas bancarias fueron congeladas por no declarar que son «agente extranjero», estatus que la Administración aplica arbitrariamente a las organizaciones que considera están financiadas desde fuera del país y realizan una actividad de carácter político.

Gracias a las investigaciones llevadas a cabo por el FBK, Navalni ha desenmascarado corruptelas e irregularidades cometidas por diversos altos cargos rusos, incluido el presidente Vladímir Putin, pero también por poderosos magnates y empresarios.

Objetivo de los reveladores y descarnados vídeos difundidos por Navalni a través de su canal en Youtube , han sido personajes como el antiguo primer ministro, Dmitri Medvédev, el presidente de la Duma (Cámara Baja) Viacheslav Volodin, el que fue fiscal general, Yuri Chaika, muchos ministros, gobernadores regionales y el jefe de la Guardia Nacional (Rosgvardia), el general Vladímir Zólotov. También destacados empresarios como Alisher Usmánov, Ígor Sechin, director de Rosneft, y Evgueni Prigozhin, conocido como el «cocinero de Putin».

Otra revelación del FBK que causó gran escándalo fue la relativa a la suntuosidad del inmenso palacio, cuya propiedad atribuyen a Putin, que se levanta sobre un acantilado en las inmediaciones de la ciudad balneario de Guelendzhik, en el mar Negro. El informe sobre el «palacio de Putin» lo lanzó Navalni el pasado 19 de enero a través de Youtube y superó los 115 millones de visitas.

El disidente ruso cumple actualmente una condena de dos años y cinco meses de prisión por un caso de fraude que data de 2014 y que él considera «amañado» y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) «motivado políticamente». Su salud se resiente tras el envenenamiento padecido el año pasado , sobre todo después de haber estado tres semanas en huelga de hambre, del 31 de marzo al 23 de abril, para protestar por la negativa de las autoridades penitenciarias a que le visiten sus propios médicos.