Organizaciones mexicanas exigen la protección del único testigo del asesinato de Berta Cáceres

Presenció el crimen el mexicano Gustavo Castro , que fue herido en el ataque y se encuentra retenido por la fiscalía de Honduras en calidad de «testigo protegido». Castro, también un combativo ecologista, fundador de la asociación Otros Mundos Chiapas y Amigos de la Tierra , intentó regresar a su país el martes, pero en el mismo aeropuerto de Tegucigalpa le informaron de que una «alerta migratoria» le impide salir en los próximos 30 días, pues se encuentra sujeto a la investigación del caso.

Aunque la Embajada de México le está proporcionando cobijo y las autoridades hondureñas aseguran estar comprometidas en la resolución del crimen, varias organizaciones dedicadas a la lucha medioambiental de Honduras y México, junto a Amnistía Internacional, han alertado este miércoles de que la vida de Gustavo Castro corre peligro y han exigido a los gobiernos de ambos países que garanticen su protección.

La razón: tanto para ellos como para la familia de la víctima, el asesinato de Berta Cáceres no tiene otro móvil que el político ni otra razón que su activismo. «No estamos apuntando a nadie», aclara Gustavo Lozano, del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de lo Ríos (Mapder); «lo que estamos diciendo es que el trabajo de Berta era un trabajo político y en ese sentido, el Copinh ha entorpecido los intereses de grandes empresas transnacionales ». Además, Lozano precisa: «Nos preocupa que Gustavo y su defensa no están teniendo la certeza jurídica que les permita saber a qué atenerse en un procedimiento de este tipo».

Ganadora el año pasado del Premio Medioambiental Goldman , Berta Cáceres fundó el Copinh en 1993 con el objetivo de luchar por los derechos de los indígenas lencas , oponiéndose a cuanto proyecto implicara la privatización de recursos naturales y el despojo de tierras, sin ocultar nunca su vocación anticapitalista.

En el discurso de aceptación del llamado «Nobel verde», declaró: «Me amenazan con matarme, con secuestrarme. Amenazan a mi familia. Esto es a lo que nos enfrentamos». La última advertencia que recibió fue hace una semana, según Miguel Mijangos, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, por oposición a la construcción del proyecto de la empresa Desarrollos Energéticos de construir la presa hidroeléctrica Agua Zarca en el río Gualcarque . Desde 2009 tenía otorgadas medidas de protección por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y sus propios hijos estudian fuera de Honduras debido a la inseguridad.

El jueves pasado se convirtió en la quinta activista del Copinh asesinada en los últimos años. Antes de ella, mataron a Tomás García, en 2013 , durante una manifestación. Sara Rafsky, de Amnistía Internacional, recuerda que Honduras es el país más peligroso para «defender los derechos de la tierra». Así lo reconoce la OEA y así figura en el informe «¿Cuántos más?», de la ONG Global Witness , que documenta 101 homicidios de activistas medioambientales en este país centroamericano entre 2010 y 2014.

Se prevé que hoy Gustavo Castro realice desde Honduras sus primeras declaraciones públicas.