Once menores cubanos, acusados de sedición por participar en el 11-J

Además de ‘sedición’, se les imputan, indistintamente, los delitos de ‘desórdenes públicos’, ‘atentado’, ‘hurto’, ‘instigación a delinquir’, ‘desacato’ y ‘sabotaje’. Las peticiones fiscales oscilan entre los cuatro y los 23 años de privación de libertad.

El grupo de trabajo, en el que se incluyen periodistas, activistas y abogados, informó además que, desde el 11-J, 29 menores de edad han sido excarcelados, resaltando los casos de Amanda Hernández Celaya, Gabriela Zequeira y Katherine Martín quienes, con apenas 17 años, fueron procesadas en juicios sumarios, resultando la primera absuelta, y las otras dos condenadas a un año de privación de libertad, medida que fue cambiada en apelación a trabajo correccional.

En los últimos meses, bajo la etiqueta #LibertadParaLosNiñosDel11J, se ha desarrollado una amplia campaña de denuncia y visibilización en redes sociales. Ello ha llamado la atención del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ; el 19 de noviembre la organización manifestó, a través de Twitter, su preocupación «por los presuntos casos de detenciones de niños y niñas en Cuba» e hizo «un llamamiento a las autoridades cubanas para que proporcione información adicional verificada sobre los niños y niñas presuntamente en esta situación». Asimismo, señaló la importancia de poner fin a la detención de los niños en el mundo, «incluso mediante reformas legales para elevar la edad de responsabilidad penal».

Aunque la edad de responsabilidad penal en Cuba es a partir de los 16 años de edad , según lo establecido en el Código Penal cubano, al menos dos de los menores que continúan tras las rejas tienen 15 años de edad. Se trata de Leosvani Giménez Guzmán y Rubén Alejandro Parra Ricardo, cuyas peticiones fiscales se desconocen.

‘Justicia 11-J’ resalta igualmente el caso de Reniel Rodríguez González, joven de 15 años que fue detenido e internado varios días en la Escuela de Formación Integral (EFI), en Matanzas, un centro de reeducación para menores con «problemas de conducta». En su caso, este problema surgió a raíz de su salida a las calles vestido de blanco el 15 de noviembre (15-N), sumándose de esta manera a la convocatoria de la Marcha Cívica por el Cambio hecha por el grupo Archipiélago.

Más de seis meses después de las protestas del 11-J, el régimen cubano no ha proporcionado la cifra oficial de detenidos ni procesados. La ONG Cubalex reporta 1.292 personas detenidas, de las cuales al menos 673 continúan retenidas , 91 han sido puestas en libertad con multas, 314 tienen peticiones fiscales de entre 1 y 30 años de privación de libertad (122 por cargos de sedición), y 24 han sido ya procesadas en juicios ordinarios. Hasta el mes de agosto, según cifras oficiales, otras 67 personas habían sido condenadas en juicios sumarios.

Cubalex ha denunciado además las pésimas condiciones en las que viven las personas privadas de libertad en Cuba: alimentos descompuestos, golpizas, reclusos durmiendo en el piso, sometimiento por parte de otros reclusos, tortura, condiciones precarias de higiene, obligados a gritar consignas del gobierno, falta de asistencia médica adecuada y violaciones sistemáticas de derechos.

Por su parte, la organización Prisoners Defenders estima entre 6.000 y 8.000 los ciudadanos cubanos que resultaron arrestados tras el 11-J en la isla.