Malestar ante las presiones de Obama al Supremo para que no rechace la reforma sanitaria

Tres jueces federales protestaron por las palabras del presidente y pidieron al Departamento de Justicia que reafirmara la autoridad del alto tribunal sobre leyes aprobadas por el Congreso.

Eso ha hecho finalmente Justicia, que no ve contradicción entre el papel que el ordenamiento otorga al Supremo y las palabras de Obama. «Estas fueron apropiadas», indicó el fiscal general, Eric Holder. « Respetamos las decisiones que puedan adoptar los tribunales desde Marbury contra Madion; los tribunales tienen la última palabra», dijo, refiriéndose a una sentencia de 1803 que aseguraba el derecho del Tribunal Supremo a anular leyes.

Según la Casa Blanca, el presidente en ningún momento «cuestionó que el Supremo no tenga como derecho y responsabilidad la capacidad de declarar como inconstitucionales leyes aprobadas por el Congreso».

Pero como objetaron diversos medios al portavoz de Obama, Jay Carney, eso es lo que pareció decir el presidente estadounidense en su polémica intervención.

«Estoy seguro de que el Tribunal Supremo no tomará el paso sin precedentes y extraordinario de rechazar una ley aprobada por una fuerte mayoría en un Congreso elegido demócraticamente», había dicho Obama. «Durante años se ha oído decir que uno de los mayores problemas de la magistratura era el activismo judicial , que un grupo de gente no elegida pueda de alguna manera derribar una ley debidamente constituida y aprobada», añadió.

Como luego han aclarado expertos, la declaración de inconstitucionalidad de leyes ha sido algo normal en la reciente historia de EE.UU., y lo que es realmente extraodinario es que un presidente se pronuncie en los términos en los que ha hecho Obama después de que el caso haya entrado ya en el Supremo y este se encuentre deliberando.

Toda esta controversia manifiesta la tensión política que rodea al examen que está haciendo el alto tribunal a la reforma sanitaria de Obama.

Algunos de los cinco jueces de tendencia conservadora del Supremo parecen inclinarse a rechazar al menos el aspecto central de la reforma: la obligación de contratar un seguro privado de salud. Los cuatro jueces, de tendencia demócrata. Probablemente apoyarán la ley.