Represión en Nicaragua: «La próxima vez que te veamos, vamos a matarte»

El terror se ha instalado en Nicaragua. Lo hizo hace ya más de tres años, aunque, en los últimos dos, la represión que el régimen de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, desplegó para sofocar el estallido social de abril de 2018, que dejó al menos 325 muertos, miles de heridos y más de un centenar de presos , había bajado de intensidad, en apariencia. Las detenciones, el exilio de más de cien mil personas y la aprobación de leyes que prohibían las manifestaciones, bajo la acusación de terrorismo, aplacó el ruido en las calles. Pero no así el deseo de un cambio y la reivindicación de un adelanto electoral por la mayor parte de la sociedad civil. Entre intentos de negociación –infructuosa– del Gobierno y la oposición se esfumó esa posibilidad y se dilató el tiempo, que aprovechó el régimen para preparar un camino minado de trampas para candidatos y partidos de la oposición que quisieran concurrir a las elecciones del próximo 7 de noviembre.

Entre octubre y diciembre de 2020, el Gobierno aprobó una serie de leyes con las que tejió una tela de araña en la que atrapar a sus rivales y a todas las voces críticas, como la Ley de Ciberdelitos (o ley ‘mordaza’), la Ley de Agentes Extranjeros (para evitar la financiación de organizaciones y partidos) y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz (conocida como ley ‘guillotina’), que acusa de traidores a la patria a quienes apoyaron las protestas, reclamaron sanciones internacionales contra el régimen o simplemente lo criticaron. Leyes que este está utilizando de manera retroactiva en una cacería sin parangón.

El régimen de Ortega y Murillo –la vicepresidenta fue señalada como la precursora de las órdenes para reprimir por la fuerza las protestas de 2018– ha roto todos los puentes que podrían haber cerrado las heridas del país a través de la celebración de unas elecciones justas y transparentes. Después de la aprobación de un Tribunal Supremo Electoral afín al Gobierno, que se ocupó de ilegalizar a dos formaciones de la oposición (el PRD y el PC) en 48 horas ; y la de una reforma de la ley electoral (exigida por la OEA), que bloquea las opciones de la oposición y que no contemplaba la presencia de observadores internacionales, empezó la purga de opositores. Y el miedo volvió a las calles. Ortega no está dispuesto a que nadie le arrebate su cuarta reelección consecutiva, permitida tras cambiar la Constitución en 2014, un texto que le garantiza la reelección indefinida.

En menos de tres semanas se ha producido la detención de al menos 18 personas, entre precandidatos a la Presidencia (5), líderes opositores (9), empresarios, banqueros y activistas. A lo que se suma el acoso a una veintena de informadores o dueños de medios de comunicación, que han sido citados para declarar en la investigación abierta contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), una organización cuyo objetivo era la defensa de la libertad de expresión. Y de paso cuestionar sus informaciones sobre el Gobierno. El objetivo de Ortega y Murillo es sembrar el miedo y acallar las críticas. Lo que va camino de derivar en un apagón informativo sobre lo que esta sucediendo en el país, por miedo a las represalias. Su afán por censurar ha llevado al Gobierno a prohibir la entrada de medios internacionales, como le sucedió la semana pasada al periodista Anatoly Kurmanaev, del ‘New York Times’, a quien se le negó el visado.

Primeras detenciones

La primera detención de precandidatos tuvo lugar el 2 de junio, cuando Cristiana Chamorro fue puesta en arresto domiciliario tras varios días de declaraciones ante la Fiscalía. Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Chamorro (que apeó a Ortega del poder), ha sido la presidenta de la FVBCH hasta su cierre el pasado febrero tras la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros. Está acusada, entre otros delitos, de supuesto lavado de dinero. Las encuestas la presentaban como la rival con más opciones frente a Daniel Ortega. «No soy candidata oficial y pretenden inhibirme. Qué miedo le tienen al cambio», afirmaba en sus redes sociales el día que la policía orteguista allanaba su vivienda.

Fue la primera de un sinfín de detenciones en cascada. El objetivo inicial fueron los precandidatos: Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y, este domingo, el periodista y precandidato Miguel Mora, que ya fue encarcelado durante las protestas de 2018. Los cuatro, que no han tenido acceso a sus abogados, han sido acusados bajo la Ley de Soberanía, que conlleva una orden de prisión de 90 días mientras dura la investigación, sin respetar la presunción de inocencia.

Maradiaga, citado por la Fiscalía, vio venir el arresto, tras seguir la campaña de propaganda contra él en las redes sociales. «Varias veces habíamos hablado de este escenario, pero a mucha gente le ha tomado por sorpresa. Félix ha sufrido la persecución por parte del régimen desde 2018. Le inventaron un caso de terrorismo y dictaron una orden detención», explica a ABC su esposa, Berta Valle. «Antes del ‘secuestro’ de Félix había más de 130 presos políticos. Hemos visto que es parte de la estrategia del régimen para inmovilizar a la gente».

Maradiaga tuvo tiempo de proclamar su inocencia a través de un vídeo grabado antes de su detención. «Mis manos están limpias. Mi conciencia está limpia, al igual que la de los 130 presos políticos que resisten desde las mazmorras en prisión de conciencia simplemente por pensar diferente». También para explicar a su hija de siete años, Alejandra, que vive en el exilio con su madre, lo que iba a suceder. «Él la llamaba todos los días, y le dijo que no iban a poder hablar por teléfono, y que iba a leer todas las cartas que le mandase», relata, con la voz entrecortada, Valle, que recuerda que una de las preocupaciones de la niña era si «su papá tendría comida».

Tanto la esposa de Maradiaga como la de Juan Sebastián Chamorro han calificado de «secuestro» y «desaparición» sus detenciones, pues no han podido ponerse en contacto con ellos desde entonces. Valle incluso reclamó una ‘prueba de vida’, petición rechazada. Ambos precandidatos, como otros detenidos, fueron encarcelados en la prisión de ‘El Chipote’, conocida por sus torturas.

La preocupación es máxima. La ONG Human Rights Watch publica este martes el informe ‘Arremetida contra críticos en Nicaragua: persecución y detención de opositores, defensores de derechos humanos y periodistas de cara a las elecciones’ . En él, denuncia «la gravedad y la agudización de la brutal represión contra la oposición nicaragüense», lo que elimina «cualquier posibilidad de que haya una elección presidencial libre y justa en noviembre».

Realizado entre enero y junio de 2021, el informe recoge el testimonio de 53 personas, incluyendo 46 activistas, abogados, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos, «que fueron víctimas de hostigamiento o detenciones arbitrarias» en Nicaragua, algunas de las cuales «fueron sometidas a tratos abusivos durante la detención», y al menos en dos casos a «torturas». Uno de ellos fue el de la activista de derechos humanos y estudiante universitaria Valeska Sandoval, de 22 años. Según recoge el informe de HRW, fue forzada a subir a un vehículo policial el 24 de abril de 2021. Sandoval relata que, en la cárcel de ‘El Chipote’, «dos agentes me llevaron a una suerte de bodega y me ataron las manos al techo con un cable, obligándome a quedar parada con las manos sobre mi cabeza». Un oficial le preguntó «qué había dicho en EE.UU.», donde Valeska había intentado pedir asilo sin éxito antes de ser deportada de regreso a Nicaragua. Valeska detalló a HRW que agentes antidisturbios la abofetearon, le dieron puñetazos en el estómago y la llevaron hasta un tanque de agua. «Me sumergieron la cabeza en el agua reiteradamente a lo largo de 20 minutos», recuerda. Cuando la liberaron, los agentes le advirtieron: «La próxima vez que te veamos, vamos a matarte».