Un momento de la sesión inaugural del Tribunal Penal Internacional de La Haya, durante la intervención de la juez brasileña Sylvia Steiner (a la izquierda). AP

El TPI nace con el apoyo de 89 países y un escaso respaldo a la pretensión de inmunidad de EE.UU.

El Tribunal Penal Internacional, que ha tardado más de medio siglo en ver la luz, es el primer tribunal permanente de la historia del Derecho internacional

AMADEU ALTAFAJ. CORRESPONSAL
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BRUSELAS. Con el juramento solemne de sus primeros 18 jueces, ayer fue inaugurado en La Haya, pese a la labor el Tribunal Penal Internacional (TPI), con el objetivo de que no queden impunes los crímenes contra la Humanidad, crímenes de guerra y el genocidio.

Los manuales de Derecho internacional deberán añadir a partir de hoy un nuevo e importante capítulo, porque el TPI representa un avance enorme: es el primer permanente con competencias en materia de responsabilidad penal individual por crímenes contra la Humanidad, de guerra y genocidio a escala planetaria. Ya son 89 los países que han firmado y ratificado el Estatuto de Roma, aprobado en 1998 por 120 delegaciones, que establece las funciones y competencias del Tribunal. Y en sus cajones se acumulan ya más de 200 denuncias, según fuentes del mismo, que no revelan más detalles.

No asistió Ana Palacio

Los 18 jueces juraron sus cargos en el Salón de los Caballeros del Parlamento holandés, en La Haya, ante el secretario general de la ONU, Kofi Annan, y la Reina Beatriz de Holanda. La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, anuló a última hora su desplazamiento, «por una avería del avión», según fuentes diplomáticas. Tampoco asistió al acto ningún representante de alto rango de Estados Unidos, país que boicoteó la entrada en funciones del TPI y presiona a todos los Estados participantes para que firmen acuerdos bilaterales que garanticen la inmunidad a sus soldados, diplomáticos y ciudadanos en general. Hasta ahora, una veintena de Estados han cedido, pero sólo ocho de ellos son participantes en la Corte.

La UE, al margen

Ningún país de la UE ha suscrito tales acuerdos, pese a que en la crisis que se registró en agosto y septiembre pasados por este asunto, el Reino Unido, España e Italia manifestaron su comprensión por los temores de la Administración Bush. ¿Cuáles? Washington teme que en un mundo unipolar, en el que se ha propuesto comabtir el terrorismo ahí donde tenga sus raíces, sus soldados, sus diplomáticos o sus cargos públicos puedan ser denunciados ante el TPI por motivos políticos.

No lo juzgó así el anterior presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, que firmó el Estatuto de Roma el último día de 2000. Pero su sucesor en la Casa Blanca frenó la ratificación y retiró esa firma.

Una de las críticas de mayor peso contra la actitud de EE.UU. fue la que expresó ayer el que fue juez en represantación de ese país en el juicio de Nuremberg contra el régimen nazi, en 1945, Benjamin Ferencz, que a sus 82 años lamentó que el Gobierno de su país «parece que ha olvidado las lecciones que intentamos dar entonces a todo el mundo».

Annan destacó que la entrada en funciones del TPI contribuirá a «disuadir a aquéllos que pueden sentir la tentación de cometer crímenes atroces y hacerles comprender que algún día tendrán que rendir cuentas» por ello.

El comisario europeo de Relaciones Exteriores, Chris Patten, proclamó que con este acto, «quizás el paso más significativo en derecho internacional desde la creación de Naciones Unidas» en 1945, «la impunidad se ha terminado».

Inmunidad ilegal

Y el director del programa de Justicia Internacional de la organización de defensa de los Derechos Humanos «Human Rights Watch», Richard Dicker, reiteró que los acuerdos de inmunidad que promueve EE.UU. son «ilegales», porque «minan la legitimidad del Tribunal».

Tras jurar el cargo sus 18 jueces, 11 hombres y 7 mujeres, éstos nombraron a su presidente, el canadiense Philippe Kirsch, especialista en Derecho Internacional. El mes próximo, los Estados parte están llamados a designar a su fiscal.

EL TPI es un complemento de los sistemas judiciales nacionales y sólo entra en acción ante los crímenes reseñados cuando un Estado «no tiene la voluntad o la capacidad de llevar a término una investigación o una causa». Actúa entonces a petición de uno de sus países miembros, del Consejo de Seguridad de la ONU o por iniciativa de su fiscal, previa aceptación de una «cámara preliminar».