Dos muertos y casi un centenar de policías heridos en las protestas en Colombia por la reforma tributaria

Además de las discusiones propias de los economistas y los sectores sociales y productivos del país, el documento de 110 páginas ha generado un gran rechazo entre todas las vertientes políticas, incluido el Centro Democrático , partido de gobierno, restándole gobernabilidad al mandatario y lanzando los índices de aprobación a su gestión al 33,1%, de acuerdo con una encuesta de Invamer, cifra que otras encuestadoras dan en un rango similar.

Si bien no hacen falta encuestas para percibir el amplio descontento de los colombianos con el Gobierno, las cifras del mes de abril reflejan el impacto que ha tenido entre la opinión pública la llamada Ley de solidaridad sostenible, que para algunos sectores es un eufemismo para hablar del duro impacto que tendrá el aumento de impuestos y cargas tributarias a la clase media, mientras para otros es un remedio amargo requerido para aminorar los males fiscales que arrastra Colombia y así no solo sobreaguar la crisis, sino poder atender los sectores más vulnerables, cuyo empobrecimiento se ha profundizado en este año de pandemia.

Ahora precisamente se ha dado a conocer el impacto: la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) estima que en 2020 la pobreza en Colombia aumentó al 42,6%, lo que se traduce en 21 millones de colombianos que en ese año quedaron catalogados económicamente en este rango, es decir hay 3,6 millones más de personas que solo tienen 75 euros mensuales para vivir. La pobreza extrema , según cifras oficiales entregadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), aumentó al 15,1% y la contracción del PIB fue del 6,8%. Esto sumado es un tremendo salto atrás en los avances logrados por el país en la última década para superar la pobreza extrema, a lo que se suma un panorama desolador en materia de desempleo, hoy en el 20%.

Ese es el país que salió a marchar esta semana , con mucha participación de jóvenes universitarios, sindicatos, movimientos sociales y ciudadanos del común que consideran que la reforma tributaria no solo es agresiva e inoportuna en medio de una crisis económica como la actual, sino que carga la mano a la clase media (IVA a la cesta de la compra, a los servicios públicos, a los servicios fúnebres, entre otros), sin antes ejercer una reducción real del gasto público, buscar fuentes alternativas para financiar los recursos solidarios para los sectores sociales más vulnerables, aumentar la carga impositiva a los grandes contribuyentes y reducir los beneficios tributarios a las grandes empresas, entre otras opciones.

El Gobierno, a juicio de amigos y detractores, ha sido obtuso al no escuchar a los diversos sectores y se ha empeñado, como sostiene hoy, en que no retira la reforma , aunque ahora habla de diálogo, lo que abre una ventana para que no se hunda totalmente la iniciativa, pero a riesgo de quedar como una colcha de retazos. Nadie, en un año donde ya empezó la campaña presidencial, quiere correr con el costo político. Y ningún ciudadano está dispuesto a asumir el costo económico.

El presidente Duque, en una entrevista con W Radio reiteró que no retira la reforma, que está dispuesto a dialogar para lograr consensos –léase negociar– con las fuerzas políticas y a quitar aspectos muy polémicos, como el IVA a la cesta de la compra.

«Yo estoy dejando clara la apertura total a consensos con los partidos en el seno de las instituciones, con los aportes que ha hecho el sector privado, que han hecho centros de pensamiento, que han hecho los líderes de los distintos partidos. Nosotros estamos dispuestos, como lo hemos dicho siempre, a que muchos de los asuntos que han generado mayor controversia no solamente se revisen, sino que tengan opciones constructivas», aseveró.

Pero a esa hora los colombianos se preparaban para continuar con las protestas, que en la jornada del miércoles dejaron un saldo trágico de dos jóvenes muertos , 87 policías heridos, cuantiosas pérdidas económicas y un desasosiego general ante el precio en salud que se pagará, pues fueron miles de personas las que marcharon en todo el país –la mayoría acatando las medidas de bioseguridad y sin acciones violentas– justo en el tercer pico de la pandemia y bajo la alerta roja hospitalaria, pues Colombia tiene muy reducida ya su capacidad de UCI para atender los casos críticos derivados del Covid-19.

El eslogan del día fue «si un pueblo protesta en medio de una pandemia es porque su gobierno es más peligroso que un virus», y lo repitieron en las redes sociales celebridades, deportistas, colombianos del común, detractores y líderes de movimientos políticos y sociales. Detrás del eslogan efectista subyace una realidad de descontento y reclamos sociales y económicos que quedaron aplazados a finales de 2019, después de la gran marcha nacional, y que en un año en vez de aplacarse han ido ganando fuerza no solo por la crisis económica, sino por el aumento de la violencia en varias regiones del país.

La propia ONU se declaró esta semana muy preocupada por el embate contra líderes sociales, más de 50 asesinados en los cuatro primeros meses de 2021 y 1.161 desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 , así como por el asesinato de 271 exguerrilleros de las FARC. Las reivindicaciones no solo son económicas, evidentemente: la gente quiere vivir en paz, tener seguridad territorial y presencia efectiva del Estado, pero ante todo un horizonte de futuro hoy muy nublado, como los cielos invernales propios del mes de mayo que empieza.