Moscú aprovecha el coronavirus para imponer el control a la población con códigos QR

Sin embargo, como temen las organizaciones que velan en Rusia por los derechos humanos, el procedimiento permitirá mantener tras el fin de la pandemia abundantes datos de los usuarios, que habrá que consignar al registrarse, sobre su identidad, domicilio, ocupación, empresa o institución para la que trabaja, trayectos que realizan comúnmente a través de la metrópoli y matrícula del vehículo. Hay que incluir también una fotografía.

Todo para, aprovechando la situación creada por el coronavirus , reforzar el «Gran Hermano» que el presidente Vladímir Putin se afana en construir para facilitar su objetivo de eternizarse en el poder. Putin ya impulsó una ley, aprobada el pasado noviembre para la creación de un «internet soberano» propiamente ruso, cerrado al mundo exterior para controlar completamente la red. Mientras, las ciudades se llenan de cámaras capaces de reconocer el rostro y hasta la retina en un frenesí de videovigilancia orwelliano.

Es cierto que la epidemia no cede en Moscú, donde se registran ya 13.000 casos de Covid-19 y casi un centenar de muertos. De hecho es el epicentro de la enfermedad en el país. Así que, Sobianin ha dispuesto que, quienes deseen trasladarse por la ciudad o entrar en ella desde fuera del cinturón de circunvalación, deberán descargarse la correspondiente aplicación en sus móviles, solicitar el código QR en una web municipal , por teléfono o SMS y, si son autorizados, exhibirlo cuando lo requiera la Policía, que lo escaneará para tener a la vista toda la información sobre el interesado.

Los mayores de 14 años que viajen con alguien en coche o utilicen transporte municipal, incluido el metro, también deberán tener el código QR. Los infractores serán multados con 4.000 rublos (50 euros) la primera vez o 5.000 rublos (60) si reinciden. Todo en el marco de las medidas anunciadas la semana pasada por el alcalde para luchar contra la epidemia, que incluyen el cese de toda la actividad económica e industrial no imprescindible esta semana.

Estos salvoconductos se pudieron empezar a solicitar el lunes y son de tres tipos según la finalidad del desplazamiento: por motivos laborales, para acudir a un centro sanitario o por razones personales debidamente justificadas. La petición debe indicar el trayecto exacto y hasta los que se muevan en bicicleta o patinete necesitarán el código QR.

Quienes vayan a pie no necesitarán, por ahora, el salvoconducto, aunque sí deberán justificar su presencia en la calle si lo requiere la Policía. Los únicos supuestos autorizados son ir a comprar alimentos, medicinas, ver al médico, tirar la basura o pasear al perro. No obstante, las autoridades anuncian que pronto harán falta los pases QR incluso para ir a la tienda de enfrente o moverse a pie dentro del vecindario.

Defensores de los derechos humanos están convencidos de que toda la información acumulada podrá utilizarse para monitorear a la población, especialmente a activistas críticos con el poder según el escenario chino. Tampoco descartan que la privacidad de la ciudadanía se vea todavía más vulnerada si los datos son hackeados y van a parar al mercado negro. De hecho, gigantes tecnológicos como Google, Facebook y Yandex ya cuentan con matrices de toda esa información.

Los enfermos que se están tratando en casa ya están siendo monitoreados por la geolocalización de sus móviles a fin de verificar que cumplen la cuarentena. En esta tarea, según fuentes policiales, participan también las cámaras instaladas en las calles y las transacciones realizadas en los cajeros automáticos con las tarjetas bancarias. Yandex, por ejemplo, cuenta ya con un sistema de rastreo que permite averiguar cuántos moscovitas observan el confinamiento y cuántos salen a la calle y por cuánto tiempo.

La ONG «Ágora» considera que el sistema de salvoconductos digitales «es ilegal», ya que la libertad de movimiento está garantizada por la Constitución rusa. «Las restricciones introducidas en Moscú sólo se pueden adoptar en situación de estado de excepción con la indicación obligatoria de los límites y la duración de su validez», aseguran fuentes de la organización. El alcalde «ha limitado los derechos constitucionales en ausencia de una emergencia declarada», advierten sus juristas.