Moratinos asegura a Livni que estudia limitar la jurisdicción de la Audiencia

Hasta 2005, los tribunales españoles eran competentes sobre delitos de genocidio o crímenes contra la Humanidad cometidos en otro país, sólo si las víctimas eran españolas. Pero ese año, el Tribunal Constitucional concedió amparo a la activista indígena guatemalteca Rigoberta Menchú y, en contra del criterio del Tribunal Supremo, abrió la puerta a que la Audiencia Nacional (tribunal competente para investigar hechos cometidos en el extranjero) investigara estos delitos también cuando las víctimas no sean españolas.

Las fuentes gubernamentales consultadas por ABC matizan que el Ejecutivo «lleva tiempo» sopesando esa reforma, y que no se va a hacer al calor de la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, de admitir a trámite una querella contra el ex ministro de Defensa israelí Benjamín Ben Eliezer y otros seis altos cargos del Ejército por un bombardeo «desproporcionado» que mató a 14 civiles en Gaza en 2002.

No obstante, este periódico ha podido saber que la Embajada israelí en España ha mantenido conversaciones con personas del entorno del presidente Rodríguez Zapatero para frenar la crisis política que pudiera originar este episodio. Fue el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, quien adelantó ayer las intenciones de cambiar la legislación a su homóloga israelí, Tzipi Livni, durante la conversación telefónica que ambos mantuvieron el jueves y de la que la prensa israelí se hacía eco ayer. Moratinos volvió a contactar con Livni ayer. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, señaló que en España los tribunales actúan «con total independencia», y se mostró segura de que Israel «entiende» esta postura.

«Acabo de oír del ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, que España ha decidido cambiar su legislación en relación con la jurisdicción universal (...). Creo que es una noticia muy importante y espero que otros estados europeos hagan lo mismo. Sistemas legales de todo el mundo están siendo explotados por cínicos cuyo único propósito es hacer daño a Israel, es bueno que España haya decidido poner fin a este fenómeno». Con estas palabras, la jefa de la diplomacia hebrea, Tzipi Livni, difundía ayer con satisfacción en declaraciones a los medios locales su versión de la conversación telefónica mantenida con su homólogo español.

De acuerdo con un portavoz del departamento de Livni, el mensaje de Moratinos había incluido el compromiso de hacer «todo lo posible» para contribuir a alcanzar una «solución satisfactoria» en este caso, dentro de los límites que marca el «respeto» del Gobierno español a la Justicia. Y con la precaución por delante de avanzar que ninguna reforma estará lista a tiempo para afectar la imputación dictada el jueves por el juez Fernando Andreu.Según la radio del Ejército judío, Moratinos llegó a anunciar a Livni que trabajaría para anular tal investigación.

«Inquisición española»

Iniciada la jornada de descanso del sabat, las ediciones electrónicas de los principales diarios de Tel Aviv se hacían anoche eco de estas palabras, que vendrían a atemperar, en principio, el profundo malestar desatado entre la clase política y militar de Israel a raíz de la decisión del juez de la Audiencia Nacional.

Titulares en el diario «Jerusalén Post» hablando de la «inquisición española», unidas al pronunciamiento del titular de Defensa, Ehud Barak -que enmarcó la iniciativa judicial española dentro de «un mundo al revés»-, se mezclaban ayer con la ira de los acusados. Caso del jefe del Estado Mayor general en el momento de los hechos, Moshé Yaalón que, contrariado, despreciaba la admisión a trámite de la querella tachándola de «propaganda». Un analista del rotativo Yedioth Ahronoth señalaba su convicción de que «No hay duda de que el tribunal llegó hasta aquí por la corriente anti-israelí». De otro lado, la prensa israelí ha incidido también en retratar al Centro Palestino de los Derechos Humanos que interpuso la querella admitida en España como una de las organizaciones «líderes de la demonización anti-israelí».