Momento crítico ante el riesgo de una vuelta atrás de parte de las FARC

-Por un lado, ha pasado suficiente tiempo desde la firma de los Acuerdos de Paz, que entraron en vigor en diciembre de 2016, como para poder constatar que la integración de los excombatientes está siendo más problemática de lo previsto. Por lentitud del Gobierno en implementar sus promesas, pero también por el rotundo fracaso electoral de quienes ahora se han convertido en irrelevantes políticamente.

-Por otro, no han pasado tantos meses como para que muchos guerrilleros que dejaron las armas hayan roto mentalmente con su anterior modo de vida , por lo que ante esas dificultades pueden decidir echarse de nuevo al monte.

De hecho, el reenganche de excombatientes ha ido en aumento. Las últimos cifras del Gobierno hablan de 1.100 disidentes, algunos de los cuales no llegaron a dejar las armas y otros han vuelto a ellas (la entrega de armamento no fue completa , por más que oficialmente quiso darse por tal). La Fundación Ideas para la Paz eleva ligeramente la cifra a entre 1.200 y 1.400. Otras estimaciones incluso doblan esa cuantía, al considerar la captación de nuevos reclutas y tener en cuenta las fusiones que se están dando entre unidades de la vieja guerrilla y otros grupos de crimen organizado .

Al perder el nombre de las FARC, esos grupos ya no cuentan con una bandera política a modo de justificación y se dedican abiertamente a los negocios ilícitos que ya venía realizando la guerrilla marxista ( sobre todo narcotráfico , pero también minería ilegal y contrabando).

Si Iván Márquez y algunos de los otros dirigentes «ausentes» (como el Paisa , Edison Romaña , el Loco Iván , Zarco Aldinéver, Enrique Marulanda y Fabián Ramírez) volvieran a las armas, otorgarían de nuevo un propósito político a parte de esa actividad criminal. Las nuevas FARC no recuperarían la fuerza que tuvieron, pero podrían mantener cierto poder de fuego, como las otras dos guerrillas no desarticuladas que siguen operando en territorio colombiano, el ELN y el EPL.

De todos modos, los resultados de las elecciones presidenciales de este año han demostrado la nula aceptación ciudadana de los postulados políticos de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (nuevo significado de las mismas siglas) y de sus candidatos, que es lo peor que le puede pasar a una guerrilla que decía combatir como Ejército del Pueblo (unía esa expresión a su propio nombre).

La humillación de recibir solo el voto del 0,28% del electorado censado y de los abucheos sufridos en la calle por parte del candidato a presidente –el máximo dirigente guerrillero, Rodrigo Londoño –, ha hecho que las dificultades que está habiendo en el proceso de reinserción se acojan aún con mayor pesimismo por parte de los excombatientes.

El presidente colombiano, Iván Duque, reconoce que el Gobierno no está cumpliendo con la puesta en marcha de suficientes «proyectos productivos» que acojan laboralmente a los antiguos guerrilleros. Esos programas «debían incorporar a más de 10.000 personas y no superan las 100», admitió Duque a mediados de septiembre ante la Misión de la ONU que vela por la implementación de los acuerdos de paz.

La falta de trabajo para la mayor parte de los más de 8.000 personas desmovilizadas, de las cuales aún 3.500 siguen aguardando en «zonas de recuperación», y la violencia o muerte que han sufrido varios de ellos deja a la cúpula exguerrillera la duda sobre cómo responder ante los incumplimientos .

Sin apenas capacidad de presión política, con la imagen dañada por la actividad ilícita que algunos de ellos presuntamente han seguido desarrollando (el dirigente Jesús Santrich está detenido, a la espera de que se decida su extradición a EE.UU. por una operación de narcotráfico desarrollada tras los acuerdos de paz), la única palanca que les queda es la amenaza de la vuelta a las armas. Pero hasta en eso están divididos . En la asamblea del partido FARC, celebrada en septiembre, Londoño siguió apostando por ajustarse a las pautas del proceso de paz.

Una vía intermedia ha sido recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que adopte medidas cautelares que permitan parar los plazos que está aplicando la Justicia Especial para la Paz (JEP). Márquez y Santrich también podrían pedir amparo a la CIDH por no haber podido asumir dos de los diez puestos en el Congreso de Colombia establecidos por los acuerdos de paz.

La JEP, igualmente prevista en los acuerdos de La Habana, está exigiendo a los 31 máximos dirigentes de las FARC que hagan las confesiones oportunas en relación al primer caso que esta institución está examinando, referida a secuestros, causa en la que hay màs de 8.100 víctimas. Los dirigentes desaparecidos podrían ser declarados en rebeldía si no cooperan.