El ministro de Cultura de Cuba y sus viceministros agreden a un grupo de artistas y periodistas

Tras dos meses de silencio, este miércoles se ha sabido que el 27-N (nombre con el que fue bautizado el grupo de artistas) llevaba semanas en contacto con el viceministro de Cultura, y que estaba previsto que esta mañana tuviera lugar una reunión entre Rojas y tres portavoces del grupo - la curadora Solveig Font, el dramaturgo Yunior García y la artista visual Camila Lobón - con el fin de negociar las condiciones para comenzar a discutir las peticiones del sector.

La mañana de este miércoles, sin embargo, se produjo un incidente antes de que tuviera lugar dicha reunión. A primera hora una veintena de miembros del 27-N tenían como propósito congregarse frente a la escultura de José Martí , situada en el parque 13 de Marzo, según relata el grupo en su página de Facebook. «El objetivo era homenajear la figura del Apóstol, a la vez que renovar los reclamos por una sociedad más justa e inclusiva, cuando se cumplen dos meses de la parada pacífica frente al Mincult». Este jueves se celebra el 168 aniversario del nacimiento de Martí.

La Seguridad del Estado, informada de esta concentración por una persona ajena al grupo, hizo una llamada a alguno de los miembros del 27-N recomendándoles «desestimarla, pues no iban a permitir que ocurriera». Casi simultáneamente, se producen detenciones de varios artistas y miembros del 27-N cuando salían de sus casas para unirse a la concentración, entre ellas, Tania Bruguera, Catherine Busquet, Amaury Pacheco; a otras les impiden salir de sus domicilios, como es el caso de, Michel Matos , que también es uno de los portavoces del Movimiento San Isidro.

Enterados de estas detenciones, los que sí han logrado concentrarse para rendir homenaje a Martí deciden trasladarse a las inmediaciones del Ministerio de Cultura para exigir la liberación de sus compañeros, así como de la periodista Camila Acosta, también detenida.

Al principio, todo transcurrió con cierta normalidad, pero a medida que se congregaban más personas ante el ministerio, y por el miedo a que se produjera otra concentración de cientos de personas como la del 27 de noviembre de 2020, Rojas decidió salir y animó a las personas que estaban allí a entrar en el edificio (para evitar imágenes como las de hace dos meses), con la exigencia de dejar fuera los teléfonos móviles, según las grabaciones subidas a las redes sociales por artistas y periodistas que estaban allí. Ante la negativa, más tarde les pidió que se retiraran de la calle, por incumplir los protocolos sanitarios del Covid-19 (la gran excusa que ha utilizado el régimen durante los últimos meses para intensificar y justificar la represión).

Ante la nueva negativa de desalojar la calle, se personó ante ellos el propio ministro de Cultura, Alpidio Alonso, acompañado de los viceministros Fernando Rojas y Fernando León Jacomino, que al verse grabados se precipitaron contra artistas y periodistas para arrebatarles a la fuerza los móviles, lo que desencadenó un forcejeo que acabó con las transmisiones casi en tiempo real de lo que estaba sucediendo. Todo el incidente fue grabado y subido a las redes sociales tanto del 27-N como de medios independientes. Según testigos, como Yunior García , que no pudo llegar en un principio al lugar por estar acordonado por agentes de la Seguridad del Estado, cuando logró acercarse fue testigo de cómo los miembros del 27-N eran detenidos e introducidos en un autobús.

Casi simultáneamente, las comunicaciones por internet eran bloqueadas o ralentizadas, algo que realiza de manera habitual el régimen para silenciar cualquier incidente que empañe su imagen, sobre todo en el exterior.

El Ministerio de Cultura de Cuba se apresuró a dar su versión de los hechos a través de una nota publicada en los medios oficialistas. Bajo el título «No quieren diálogo y provocan hasta el límite», el texto busca desacreditar a los artistas afirmando que los congregados ante el ministerio «se caracterizan por su actitud provocadora y su relación con los medios pagados por agencias federales estadounidenses».

En el texto califica de «actitud francamente irresponsable» la decisión de estos de no desalojar el lugar: «Los que permanecían en la calle expresaron que no se irían. Ante esa circunstancia, los trabajadores del Ministerio de Cultura de Cuba decidieron reaccionar de inmediato. Se congregaron frente a los provocadores y los instaron a retirarse. Ante la negativa de estos, y la evidente intención de materializar un show mediático, los trabajadores del organismo los enfrentaron y desalojaron del lugar», reconoce.

A pesar de los sucedido, el Ministerio de Cultura «ratifica» en el comunicado «su voluntad de diálogo con los creadores honestos sobre cualquier tema relacionado con la política cultural de la Revolución Cubana y reitera su negativa a aceptar provocaciones o a dialogar con mercenarios».

Organizaciones como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos , con sede en Madrid, ha condenado los hechos y ha pedido que tanto la Unión Europea como Estados Unidos apliquen sanciones contra el minisro de Cultura y sus viceministros «por su participación directa en actos violentos y que atentan contra los derechos humanos de intelectuales y artistas en Cuba». «En un país normal, el señor Alonso Grau tendría que haber dimitido -señala la ONG-. Las imágenes del ministro agrediendo físicamente a personas que se manifiestan pacíficamente en un espacio público es una muestra más de la intolerancia de los funcionarios del régimen cubano. Este gobierno que interrumpe el servicio de internet, para ocultar sus tropelías, es el mismo gobierno que ocupa un asiento en el Consejo de Derechos Humanos», afirmó Alejandro González Raga , director ejecutivo del OCDH.

También se hizo eco de los hechos el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco , a través de su cuenta de Twitter: «En Cuba es habitual que policías agredan a periodistas y les arrebaten su teléfono. Lo inusual es que ahora lo haga el propio ministro de Cultura. Al igual que los policías él sabe que no será investigado ya que la represión es una política de estado».