México y Guatemala cierran filas para no dar asilo a emigrantes

Ebrard descartó que la medida convierta a México «de facto» en un «tercer país seguro», ya que las personas que sean deportadas desde EE.UU. deberán ser devueltas a su nación de origen y no a México. En ese aspecto, el canciller reiteró que México no planea convertirse en un «tercer país seguro», un acuerdo bilateral que implica que los inmigrantes que pidan asilo en EE.UU. tras haber atravesado previamente México tendrían que tramitar allí su solicitud de refugiados. Trump quiere firmar este acuerdo con López Obrador para reducir la presión en la frontera.

La legislación estadounidense permite a los inmigrantes pedir asilo o refugio una vez que entran en el país. Sin embargo, las nuevas normas establecen que los inmigrantes que antes hayan atravesado otro país, deben pedir asilo en ese tercer país y no en la frontera estadounidense. La gran mayoría de los solicitantes de asilo en la frontera entre EE.UU. y México son centroamericanos que antes han tenido que cruzar el país latinoamericano y Guatemala. Los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional emitieron las normas que entraron en vigor el martes.

Ante la mayor presión migratoria que provocarán las medidas en la frontera mexicana, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, criticó que la norma «configura a México como tercer país seguro». «La Secretaria de Relaciones Exteriores nos dijo que no aceptaríamos el principio de “tercer país seguro”», dijo durante una comparecencia en la Cámara legislativa Muñoz Ledo, político que actualmente forma parte de Morena, el partido que dirige López Obrador.

Precisamente, Muñoz Ledo atacó duramente el acuerdo alcanzado hace un mes por la Administración de López Obrador con el Gobierno de Trump para enviar más de 20.000 soldados y policías para frenar el flujo de centroamericanos indocumentados que atraviesan el país mesoamericano, a cambio de evitar la imposición de aranceles sobre todos los productos importados desde México. «No se vale pagar aranceles con carne humana, con migrantes», concluyó el veterano político.

Y es que a pesar de que las deportaciones desde México subieron hasta los 21.912 casos en junio, unas 4.000 más que en mayo, el flujo de emigrantes que atraviesan el país no cesa. «La gente no va a dejar de emigrar, sólo hay que ver la situación de pobreza e inseguridad en Honduras», dice Alberto Pradilla, autor del libro «Caravana» (Debate) que relata el viaje de la caravana de centroamericanos que recorrió México hacia EE.UU. a finales de 2018. «Cuando a un flujo migratorio le cierras la puerta, va a buscar la entrada por la ventana», dice Pradilla a ABC para explicar que las personas están buscando caminos más clandestinos y, por lo tanto, peligrosos para avanzar al norte.

«Estamos viendo que las personas siguen llegando, detienen a más familias con hijos, pero el flujo no se detiene», comenta Salva La Cruz, del centro de DD.HH. Fray Matías de Córdova ubicado en Tapachula, municipio mexicano próximo a la frontera con Guatemala. Las nuevas normas anunciadas por EE.UU., en ese aspecto, pondrían en mayores aprietos a unos ya saturados servicios migratorios mexicanos, dado que podrían decantarse por solicitar asilo en el país mesoamericano ante la imposibilidad de conseguir este estatus en la primera potencia. Así es como las solicitudes de asilo de extranjeros en México se han incrementado un 73% entre enero y junio de 2019.

Mientras tanto, las nuevas medidas de EE.UU. fueron anunciada apenas un día después de que el domingo pasado la Corte de Constitucionalidad de Guatemala haya prohibido temporalmente que la nación centroamericana pueda convertirse en un «tercer país seguro», un acuerdo que supuestamente el presidente Jimmy Morales tenía pensado firmar con el gobierno de Trump a lo largo de esta semana.

Las elevadas tasas de criminalidad y pobreza en México y Guatemala son, sin embargo, dos de las mayores dificultades con las que se encuentra el Gobierno de Trump para firmar «tercer país seguro», puesto que se trata de dos estados con limitados recursos para atender a las cerca de 500.000 personas que cada año ponen rumbo a Estados Unidos desde el Triángulo Norte de Centroamérica, región compuesta por El Salvador, Honduras y la propia Guatemala.