México blinda sus urnas ante la amenaza del narco

La violencia acecha en las elecciones locales, que coinciden con las legislativas y presidenciales de mañana

manuel M. cascante

30/06/2012
Actualizado 02/07/2012 a las 10:41h.

«Balas por votos» no es una novedad en México, sino una constante en la historia electoral del país. Ante la amenaza del crimen organizado, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, anunciaba en vísperas de la jornada electoral que el Gobierno utilizará «estrategias preventivas» ... de seguridad en varios estados, sin detallar cuáles, con una «presencia federal visible» en las zonas más castigadas por la violencia.

El gabinete de seguridad presentó a senadores y diputados la estrategia de «blindaje electoral» para este 1 de julio, mientras que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) incluía formalmente por primera vez la eventual «intervención económica del crimen organizado» en las campañas electorales a nivel local y estatal como posible riesgo para la jornada.

Varios candidatos han sufrido amenazas , secuestro e incluso han pagado con su propia vida su participación en la campaña. El CISEN no ha revelado los posibles «focos rojos» de estos comicios: aquellos municipios en los que coinciden una competencia cerrada entre varias fuerzas políticas, la pugna entre distintos cárteles y una tradición de denuncias por coacción del voto.

El presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés, también sostiene que el interés del narcotráfico se limita a nivel local, en las presidencias municipales, aunque existe el riesgo de que en el futuro inmediato no sólo logre financiar campañas, sino incluso colocar legisladores en el Congreso.

Ninguno de los tres principales candidatos incluye en su programa políticas de seguridad que se desmarquen de la estrategia del presidente Felipe Calderón , quien puso en las calles a 45.000 elementos del Ejército y la Marina.

Tanto Enrique Peña Nieto ( PRI ) como Josefina Vázquez Mota ( PAN ) y Andrés Manuel López Obrador ( PRD-PT ) coinciden en que mantendrán a los soldados en las calles el tiempo que sea necesario, mientras se pone en marcha una policía nacional confiable. Todos insisten en la necesidad de modernizar el sistema judicial y de combatir los factores sociales (desigualdad, pobreza, falta de oportunidades) que sirven de caldo de cultivo para la delincuencia.

La «guerra contra el narco» se ha cobrado, desde diciembre de 2006, alrededor de 60.000 vidas.