La PAC medioambiental, uno de los retos pendientes de la nueva Comisión

La principal clave de ese retraso acumulado reside en la falta de acuerdo de los líderes europeos para establecer el marco financiero plurianual (MFF) de la Unión de cara al período 2021-2027, esto es, saber con cuánto dinero se contará en las arcas comunitarias en función de las aportaciones que deban hacer los Estados miembros y de qué manera se repartirán esos fondos, priorizando unas materias sobre otras. El pasado día 18, los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintiocho –Reino Unido aún tiene derecho a participar en los debates– vinieron a certificar en su última cumbre que será prácticamente imposible alcanzar un acuerdo al respecto antes de finales de año.

Se incumplirá así la previsión oficial porque, según admitió Jean-Claude Juncker en su última gran cita al frente de la Comisión Europea (CE), «no hay nuevos elementos, no hay directrices, nada…». Lo único claro que salió de aquel encuentro es la solicitud a Finlandia, que ejerce la presidencia de turno de la UE en el segundo semestre, para que prepare «un marco de negociación con cifras» de cara a la cumbre de diciembre.

Su primera propuesta, rechazada hace una semana, era contar con un presupuesto equivalente a una horquilla de entre el 1,03% y el 1,08% del Producto Interior Bruto (PIB) europeo, lo que resultaría en unos 1,10 billones de euros.

Eso supondría unos 35.000 millones menos que las cuentas planteadas hace un año para el próximo MFF desde la propia Comisión –que planteaba aproximarse al 1,13% del PIB–, cuya estimación de gasto ascendía a 1,135 billones e incluía recortes del 5% para los fondos agrícolas y del 7% para los fondos regionales. Sobre la mesa han vuelto a aparecer de nuevo las diferencias históricas entre el sur, donde parece haber consenso entre Francia, España y otros países para que no se reduzcan las aportaciones a la PAC, y el norte, en el que Alemania, los Países Bajos y los territorios nórdicos han hecho piña para no elevar sus aportaciones y, en todo caso, reducir las asignaciones a políticas tradicionales como la agraria.

Con el plan de reforma de la política agrícola común presentado por el comisario saliente, el irlandés Phil Hogan –a quien relevará el polaco Janusz Wojciechowski–, España recibiría un 5,4% menos de fondos en esta materia, algo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez estima «inaceptable» al rechazar recortes en términos nominales. El planteamiento que el ministro del ramo, Luis Planas, ha hecho llegar a sus colegas europeos es que la PAC debe mantener, al menos, su financiación actual pese a la salida del Reino Unido; de lo contrario, no se podrá modernizar el sector para hacerlo más competitivo frente a mercados como China, Australia y Nueva Zelanda, además de Estados Unidos, y también resultará más difícil combatir la despoblación rural.

España fue el segundo Estado de la UE más beneficiado por los fondos de la PAC en 2018, según datos de Bruselas, con 6.300,5 millones de euros recibidos a través del capítulo de «crecimiento sostenible: recursos naturales», casi un 7% más que el ejercicio anterior. No obstante, el Gobierno defiende que éste no es solo un problema de números, sino de prioridades. Sánchez trasladó en la última cumbre al resto de líderes europeos que el valor de instrumentos comunitarios como la política agrícola y los fondos de cohesión «sigue siendo incuestionable», por lo que es preciso encontrar un «equilibrio adecuado» con el refuerzo financiero que se pretende hacer de otras políticas como la innovación, el desarrollo y la investigación (I+D+i), los avances digitales, la formación o la inversión en infraestructuras.

Por eso el Ejecutivo español busca el apoyo de otros socios europeos para que la nueva PAC sea vista como un elemento «esencial» para «contribuir eficazmente al doble reto del cambio climático y la seguridad alimentaria». Precisamente a través de esos objetivos medioambientales –la UE está comprometida a alcanzar la neutralidad en emisiones netas en 2050 y, al tiempo, elevar un 80% el consumo de bioenergía para entonces (por ejemplo, aumentando la generación de biomasa desde el sector agrario)–, el Ministerio de Agricultura considera que la PAC podría beneficiarse de ese 25% del presupuesto global europeo entre 2021 y 2027 que se quiere destinar a gastos relacionados con el clima y el medio ambiente, además de un 35% del nuevo programa Horizonte Europa que contaría con hasta 100.000 millones de euros.

Esa vinculación dependerá en última instancia del acuerdo político de los líderes europeos sobre el nuevo MFF. Mientras, los ministros de Agricultura tratan de avanzar en cuestiones técnicas como la simplificación del contenido del denominado Informe Anual de Rendimiento, que cada Estado debe mandar a Bruselas anualmente antes del 15 de febrero y en el que España propone aumentar la tolerancia entre las metas planificadas y las logradas. También ha planteado establecer márgenes de tolerancia en la llamada Liquidación de Rendimiento, en concreto entre los importes medios planificados y los ejecutados respecto a las intervenciones de fondos de la PAC no vinculados a superficies agrícolas ni a animales, esto es, dirigidos a desarrollo rural.