Importantes sumas de dinero de la UE para Libia terminan en manos de las mafias de la inmigración

Una investigación de la agencia AP ha descubierto que importantes sumas de dinero procedentes de la UE han ido a parar a redes entrelazadas de milicianos, traficantes y miembros de la guardia costera que explotan a los migrantes en su periplo hacia Europa. Según correos internos, tanto los funcionarios europeos como los de la ONU están al corriente de que muchos de esos fondos acaban en realidad en manos de las redes de milicias mafiosas implicadas en la guerra civil.

La apuesta europea por el Gobierno de Unión Nacional que controla Fayez al-Sarraj tenía por objeto intentar promover la estabilidad en este país, dividido y enredado en un conflicto de múltiples alianzas. Sobre todo, la principal preocupación directa para los europeos ha sido evitar que el desorden libio se convirtiese en una autopista para los africanos deseosos de entrar a toda costa en suelo europeo. Pero según este informe, elementos de esa guardia costera financiada por la UE devuelven a algunos inmigrantes capturados en la costa a los distintos centros de detención en virtud de acuerdos concretos con las milicias o, al contrario, mediante sobornos permiten que otros pasen a Europa. También roban fondos europeos (encaminados a través de la ONU para alimentar y ayudar a los inmigrantes) o los desvían hacia Túnez, desde donde regresan ya «lavados».

El principal problema lo plantean los campos de detención de inmigrantes que representan un limbo legal y humanitario, pero que son la forma más eficaz que han encontrado unos y otros para controlar el flujo migratorio. Las agencias de la ONU que trabajan sobre el terreno reconocen que el Gobierno de Libia no ha logrado mejorar la situación en los campamentos ni resolver las frecuentes denuncias de desapariciones. «La renuencia del Gobierno a abordar los problemas plantea la cuestión de su propia participación» en el programa de cooperación europea.

A pesar de la importancia que tiene en el resultado de controlar la emigración en el sistema de detención en Libia, tanto la UE como la ONU dicen que quieren que se cierren los centros. En una declaración a la agencia AP, la UE ha llegado a decir que según el derecho internacional, no es responsable de lo que sucede dentro de los centros, a pesar de que los financia indirectamente.

Los propios documentos de la UE muestran que Bruselas es consciente de los peligros de externalizar la gestión del flujo migratorio en Libia. Los apuntes presupuestarios de 2017 que pedían un desembolso de 90 millones de euros ya advertían de un riesgo «medio alto» de que ese apoyo de Europa conduciría sobre el terreno a más violaciones de los derechos humanos contra los emigrantes y que el Gobierno libio les negaría el acceso a los centros de detención. Una evaluación reciente de la UE descubrió que esta situación podría desembocar en la «percepción errónea» de que el dinero europeo podría ser visto por la opinión pública como un apoyo a estas prácticas abusivas.

El hecho es que los campos de detención «sufren hacinamiento y las condiciones son malas. En particular, existen dificultades en relación con las instalaciones sanitarias y el suministro de alimentos y agua. Se han denunciado graves violaciones de los derechos humanos» según las organizaciones humanitarias. La UE se defiende diciendo que en las condiciones de la cooperación ya se establece que las autoridades libias «tienen que proporcionar a los refugiados y emigrantes detenidos alimentos adecuados y de calidad al tiempo que se garantiza que las condiciones en los centros de detención cumplan con los estándares internacionales acordados».

La ONU dice que la situación en Libia es muy compleja y que tiene que trabajar con quien sea que administre los centros de detención, para poder preservar el acceso de las agencias humanitarias a los emigrantes vulnerables. Según ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, en Libia hay al menos seis grandes campos de detención donde se confina a las personas que han sido interceptadas en el mar dentro de las aguas territoriales libias. Sin embargo, otros informes hablan de entre 17 y 35 campos, algunos de los cuales se dice que son administrados directamente por milicias irregulares. Se calcula que mas de 5.000 personas están detenidas y alrededor de 3.700 de ellas se encuentran en «áreas de conflicto». Varios buques europeos, sobre todo italianos, patrullan a lo largo de las aguas internacionales, para reclamar la intervención de los libios, encargados de devolver a tierra a esos emigrantes. Anteriormente, la UE admitió en un informe confidencial que no puede controlar a la guardia costera libia y que la detención de emigrantes es un «modelo de negocio rentable» para el Gobierno de Libia, con el que mantiene un acuerdo para mantener este mecanismo. La base de ese acuerdo se rige por el mismo principio que el que ya fue firmado con Turquía en 2016, usando una fórmula jurídica muy etérea para no incurrir en la práctica en hechos ilegales o contrarias al derecho internacional. Ankara debía recibir 5.000 millones de euros a cambio, pero a lo largo de los años ha habido episodios de tirantez al respecto.

La UE afirma haber estado presionando al Gobierno libio para que cese la detención arbitraria de emigrantes. En el citado documento confidencial filtrado el año pasado, se señala que las autoridades libias habían acordado cerrar tres centros de detención cerca de Trípoli, pero «hasta ahora, cualquier evaluación concreta no ha seguido esta promesa».