Manuel Zelaya, en un sainete bananero

Manuel Zelaya Rosales es el primogénito de los cuatro hijos tenidos por Manuel Zelaya Ordóñez y Hortensia Rosales Sarmiento, descendiente de una familia de origen vasco: uno de los clanes que han manejado desde siempre, o casi, la política, la economía, la ley, la milicia, la cultura y todo lo que se mueve en Honduras. Estudió en el colegio del Niño Jesús de Praga y en el Instituto Salesiano San Miguel, en Tegucigalpa, y cursó Ingeniería Civil en la Universidad de Honduras, pero en cuarto de carrera abandona la facultad para centrarse en sus tareas empresariales vinculadas a la tala y comercio de madera.

En 1975, tras el golpe que llevó al poder al general Juan Alberto Melgar Castro, los Zelaya se verán envueltos en el asesinato de dos sacerdotes —un estadounidense y un colombiano— y trece campesinos en su finca de Los Horcones. Los criminales habrían sido sicarios contratados por los caciques del lugar. En 1976, «Melito» (luego pasarían a llamarlo «Mel», como a su padre) contrae matrimonio con Xiomara Castro Sarmiento, que le dará tuvo cuatro hijos.

Afiliado desde 1970 al Partido Liberal de Honduras (PLH), una de las dos grandes fuerzas políticas del país, en los ochenta comienza su carrera política. Adscrito, como su padre, al Movimiento Liberal Rodista (MLR), facción conservadora y dominante en el PLH, posteriormente pasa a las filas del Movimiento Azconista. En 1985 obtiene acta de diputado en el Congreso Nacional.

Zelaya protagoniza hacia 1997 otra migración en las filas liberales; ahora, al sector progresista del presidente Carlos Roberto Reina Idiáquez.

En 1999 se presenta como precandidato presidencial para las elecciones de 2001, pero pierde ante Rafael Pineda Ponce. Las primarias de 2005 lo convierten en estandarte del PLH para las elecciones de ese año. Sus limitadas dotes para la oratoria las suple con una actitud desenfadada —pero temerosa de Dios— acompañada de su afición a cantar y a tocar la guitarra. Todo ello le labra una imagen alejada de la clase política tradicional. Habla del poder ciudadano, de combatir la corrupción, de austeridad y honradez, de creación de empleo (sobre todo, en el sector de la maquila manufacturera) y construcción de viviendas, de becas escolares y de servicios sanitarios para todos. Y de poner fin a una pobreza que afecta a más de cinco de los siete millones y medio de hondureños.

Las encuestas lo situaban en los comicios de noviembre de 2005 por debajo del aspirante nacionalista, Porfirio Lobo Sosa, quien ofrecía «mano dura» contras las bandas juveniles (maras), incluida la pena de muerte. Tras casi un mes de recuento de votos plagado de irregularidades, Zelaya es designado ganador por apenas 75.000 papeletas. El 27 de enero de 2006 recibía la banda presidencial (séptima desde el retorno de la democracia en 1980) de manos del presidente del Congreso, Roberto Micheletti, quien tres años, cinco meses y un días después habría de firmar su destitución y sucederlo en el cargo.

Los dos primeros años de Zelaya en el poder transcurren sin demasiados sobresaltos, aunque el mandatario comienza a distanciarse de los poderes públicos, incluidos sus compañeros de partido, y de la oligarquía financiera del país. La sorpresa llega en agosto de 2008, cuando Honduras ingresa en la actual Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA). Lo que al principio parecía una frivolidad destinada a obtener petróleo venezolano a buen precio devino en una deriva populista por parte de Zelaya.

La ruptura del mandatario con sus correligionarios liberales llega ese mismo año, cuando ha de decidirse el candidato a la Presidencia en las elecciones de noviembre de 2009. Zelaya apoya a la canciller, Patricia Rodes, mediante la plataforma Poder Ciudadano. Según sus detractores, ella sería una marioneta en manos de Zelaya para reformar la Constitución y permitir su reelección en la siguiente legislatura. El partido, en cambio, sostiene a Micheletti, quien consigue derogar las leyes que impedían su postulación. Pero las internas dan como vencedor al vicepresidente, Elvin Santos.

La peleada elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia impedirá la ansiada reforma constitucional, por lo que Zelaya se lanza a la campaña de la «cuarta urna»: someter a consulta popular la posibilidad de votar, junto a presidente, legisladores y alcaldes, la convocatoria de Cortes constituyentes. La pregunta sería: «¿Está usted de acuerdo que en las elecciones generales de noviembre de 2009 se instale una cuarta urna para decidir sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que apruebe una Constitución política?»

La oposición denuncia el desvío de recursos públicos para sufragar la iniciativa (Zelaya no ha presentado en 2009 los presupuestos generales) y, para frenar la estrategia, se decreta una ley parlamentaria por la que se impide convocar referendos en año electoral durante los seis meses anteriores a la fecha de celebración de los comicios.

Zelaya sigue en sus trece, o en su cuarta, y, apoyado por organizaciones sindicales, estudiantiles e indigenistas, reclama el derecho del pueblo a hacer oír su voz. Enfrentado también a la Corte Suprema, al Tribunal Electoral y a las iglesias cristianas, ordena al jefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez, que distribuya el material electoral. Éste se niega (en marzo ya le advirtió de que los militares no se prestarían a un «autogolpe» manejado desde el poder) y es destituido, pero antes saca los tanques a la calle «para evitar incidentes». Acompañado de una turba de seguidores, Zelaya marcha hacia una base aérea para recoger urnas y papeletas y se atrinchera con ellas en la Casa Presidencial. Allí permanecerá protegido por una suerte de «ejército de Pancho Villa» compuesto por taxistas, parturientas y espontáneos cantantes folclóricos.

Insiste en que la consulta no es vinculante, que sólo es una sugerencia que después enviará al Congreso para su estudio. De la limpieza del proceso caben serias dudas, pues era el Ejecutivo el que convocaba y organizaba la consulta, el que escrutaría después los votos y el que habría de proclamar los resultados. Sólo los grupos afines al gobernante parecieron interesados en seguirle el juego, a pesar de que muchos funcionarios públicos denunciaron amenazas de despido si no secundaban la convocatoria.

Así las cosas, Zelaya mantuvo su particular cita con las urnas para el pasado domingo. El sábado, bien entrada la noche, abandona la Casa Presidencial para pernoctar en su residencia de la colonia Tres Caminos. Después de tres días de tensión institucional, el Ejército se había retirado de las calles. Pero, de madrugada, dos centenares de soldados se presentan en su casa y, tras enfrentarse con su guardia personal, lo encañonan para, descalzo y en pijama, conducirlo a un avión militar y trasladarlo a Costa Rica.

Horas más tarde, el Congreso, casi por unanimidad, muestra una carta de «renuncia irrevocable» (¡firmada el jueves anterior!) por razones de salud, destituye al mandatario y nombra jefe del Estado interino al presidente de la Asamblea, Roberto Micheletti. Apenas unos cientos de partidarios de Zelaya se congregan ante las puertas de la Casa Presidencial, que serán dispersados el lunes a pelotazos de goma, gases lacrimógenos y agua fría.

La prensa local, compinchada en buena parte con el golpe, difunde —amparada en informes del Congreso— que Zelaya tenía previsto dar a conocer los resultados (favorables a su propuesta) de la consulta a media tarde del domingo, disolver el Parlamento y convocar a Cortes Constituyentes. La nueva Carta Magna ya estaría redactada, a semejanza de las que impulsaron Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia.

En las calles, miles de ciudadanos salieron a festejar la salida de «Mel» bajo el lema «Porque los buenos somos más y queremos vivir en paz». «Zelaya nos quiso imponer un Estado chavista y desatendió sus obligaciones de Gobierno», «Nadie puede estar por encima de la Constitución», «Tenemos miedo a Chávez, no queremos ser como Cuba o Venezuela», «Defendemos la ley y la democracia».., eran algunas de las explicaciones que se escuchaban entre la multitud congregada frente a la catedral de Tegucigalpa.

Pero el mundo entero condena la asonada, que el nuevo Ejecutivo interino define como «sucesión constitucional». Y Zelaya pasa de ser aspirante a tirano a convertirse en mártir de la democracia. El sainete bananero no ha hecho más que comenzar.