Las maniobras del régimen de Maduro ante la CPI retrasan temporalmente la posible investigación

En una declaración de despedida publicada este martes por la CPI, la fiscal Bensouda recuerda que se había comprometido a alcanzar una decisión, en la medida de lo posible, antes de que acabara su mandato. «Quizás anticipándose a ese resultado, como ustedes pueden haber visto publicado en los medios, se presentó ante la Sala de Cuestiones Preliminares un escrito por el Gobierno de Venezuela que requiere a la Sala ejercer el control judicial sobre el proceso de nuestro examen preliminar», explica.

«Estos escritos se presentaron de manera confidencial, por lo que no puedo referirme a ellos en detalle –continúa–, aunque el hecho de su presentación ha sido públicamente difundida por las propias autoridades de Venezuela. Todo lo que puedo decir en este punto es que yo había alcanzado de hecho una decisión final sobre el examen preliminar, y me había estado preparando para anunciar nuestras conclusiones en respuesta al escrito del grupo de Estados Miembros, pero que en la debida deferencia a la Sala de Cuestiones Preliminares, cuya competencia se ha invocado, decidió esperar a la decisión de la Sala sobre la solicitud de Venezuela antes de hacer ningún anuncio».

Esos procedimientos y su resultado permanecen clasificados como confidenciales, señala Bensouda, que no obstante adelanta que se harán públicos «en breve». «Todo lo que puedo hacer en este punto es trasladar mi decisión, que ha sido completada, junto con los fundamentos para adoptarla, al fiscal entrante para su consideración y toma de decisión final», concluye.

En el puesto que ocupaba hasta Bensouda tomó posesión este miércoles el abogado británico Karim Khan , de 51 años, que declaró querer «construir sobre el terreno sólido» dejado por su antecesora, «pero también reparar lo que está roto, dinamizar, revitalizar para buscar una mayor eficacia y un mayor impacto», informó Efe.

El opositor venezolano Julio Borges , estrecho colaborador del líder Juan Guaidó, indicó este miércoles que espera que el nuevo fiscal «acelere» el proceso y comience una investigación formal por los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en su país. «La fiscal de la CPI Fatou Bensouda termina su gestión sin informar los resultados del examen preliminar sobre crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela y propiciados por la dictadura de (Nicolás) Maduro», expresó en Twitter el representante de Guaidó en el exterior.

Una vez se decide abrir una investigación, para ponerla en marcha no hace falta el visto bueno de los jueces, sino que se abre directamente, ya que hubo seis países que en 2018 remitieron el caso a la Corte, en concreto Colombia , Argentina , Chile , Paraguay , Perú y Canadá .

Según la abogada de derechos humanos y directora del Instituto Casla, Tamara Suju , una de las principales impulsoras de la causa por delitos de lesa humanidad en Venezuela ante la CPI, «un estado parte puede pedir la revisión judicial de la decisión de la fiscalía de abrir una investigación. Es decir, tal y como la fiscal había dicho en diciembre, la CPI tiene los suficientes elementos de fuentes fiables para abrir una investigación, y por eso el régimen utilizó la ultima arma que tenia... Pero eso no retrasa el proceso, el proceso está avanzado ya y está en manos del nuevo fiscal».

Según indica la abogada, no hay posibilidad de que la Sala de Cuestiones Preliminares tumbase la apertura de una investigación por parte de la Fiscalia, ya que esta «actuó de oficio, pero seis estados parte denunciaron por el artículo 14 del Estatuto, por lo que faculta a la Fiscalía proceder».

Suju recalca, además, que hasta ahora «no ha habido ni una sola investigación creíble en Venezuela sobre los altos responsables de la comisión de crímenes de lesa humanidad».

En el momento de la apertura del ‘examen preliminar’, en febrero de 2018, la Fiscalía de la CPI hacía referencia a las denuncias de que las fuerzas de seguridad venezolanas habían empleado con frecuencia «fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones» y habían «arrestado y detenido a mies de miembros de la oposición, reales o percibidos como tales», una parte importante de los cuales habrían sido sometidos supuestamente a «graves abusos y maltratos durante a detención». Además, apuntaba que se había denunciado que algunos grupos de manifestantes recurrieron a «medios violentos», con el resultado de «algunos miembros de las fuerzas de seguridad heridos o muertos».

En 2017 Venezuela vivió una fuerte agitación en las calles ante el endurecimiento de la deriva dictatorial del gobierno de Nicolás Maduro, que ese mismo año impulsó la creación de una Asamblea Nacional Constituyente con la que trataba de arrinconar al parlamento legítimo, que estaba en manos de la oposición. Las protestas de ese año, según distintos recuentos oficiales y de organizaciones cívicas, se cobraron más de un centenar de muertos.

El fiscal venezolano, Tarek William Saab , aseguró este miércoles a través de Twitter que solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte que «convoque una reunión con las partes», a propósito del ‘examen preliminar’ sobre Venezuela.

El Ministerio Público pidió que, «de conformidad con la norma 30 del Reglamento, convoque a una reunión entre las partes a fin de poder debatir sobre un proceso justo e igualitario como Estado objeto de un examen preliminar».