Maduro usa el pleito con Guyana como Morales hizo con el diferendo con Chile

A lo largo del mes de enero se ha producido una escalada de tensión por la reivindicación histórica que hace Venezuela de dos tercios del territorio de Guyana (unos 160.000 kilómetros cuadrados, desde la actual frontera hasta el río Esequibo). Ese reclamo también se extiende al correspondiente espacio marítimo: justamente en esa zona disputada Guyana ha comenzado a realizar importantes operaciones petrolíferas.

El 7 de enero, Maduro aprobó un decreto estableciendo el «Territorio para el desarrollo de la Fachada Atlántica» con el fin declarado de brindar protección adecuada y salvaguardar la jurisdicción de la república venezolana sobre el espacio reclamado. Ese mismo día envió una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, pidiendo que reavivara el diálogo directo entre los dos países sobre el viejo pleito. El 12 de enero la principal organización caribeña, el Caricom, salió formalmente en defensa de Guyana, declarándose «profundamente decepcionada y preocupada» por la decisión venezolana y expresando su apoyo «firme e inquebrantable» a la integridad de su asociado.

De las palabras, Maduro pasó a la acción. El 21 de enero el buque de guerra de la Marina bolivariana «Comandante Eterno Hugo Chávez» apresó a dos barcos pesqueros , el «Lady Nayera» y el «Sea Wolf», y sus doce tripulantes, que fueron conducidos al puerto venezolano de Güiría. Los hechos fueron denunciados enérgicamente el 23 de enero por el Gobierno guyanés, que los calificó de «maniobra ilegal» y «agresión». El 25 el Gobierno de Venezuela reconoció el apresamiento, pero aseguró que los pesqueros habían entrado en aguas venezolanas.

La disputa llegó el 27 enero a la Organización de los Estados Americanos (OEA), en cuyo consejo permanente varios países (Estados Unidos, Canadá, Brasil, Belice y Trinidad y Tobago, además de los observadores Francia y Reino Unido) censuraron chavista. En la reunión, el embajador de Guyana, Riyad Insanall, consideró «lamentable» que Caracas «haya optado por recurrir al uso unilateral de la fuerza para hacer valer sus reclamos». La secretaría general de la organización, por su parte, también cargó contra Maduro, pues lo que se dirime «es un asunto de jurisdicción internacional y no puede ser solucionado mediante acciones unilaterales».

El ministro de Exteriores guyanés, Hugh Todd, confirmó después en la Asamblea Nacional de su país que existe una mayor presencia militar venezolana en la frontera marítima. Y el 30 de enero, el presidente del país, Irfaan Ali, aseguró que Guyana mantendrá la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela hasta que los barcos y sus tripulantes sean liberados . Ali exigió «una clara demostración por parte de Venezuela de que desistirá de nuevos actos de agresión». Por su parte, el secretario general de la ONU rechazó la petición de Maduro de intervenir en la disputa territorial, la cual, según dijo, debería ser resuelta por la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

El hallazgo de petróleo en aguas que Venezuela disputa y la conveniencia de cerrar cualquier duda en relación con la soberanía sobre esos hidrocarburos , hizo que en 2018 Guyana llevara el viejo pleito a la CIJ. Esta se declaró competente en diciembre de 2020 para determinar si el arbitrio llevado a cabo en 1899 sigue teniendo validez.

Inicialmente Venezuela aceptó el resultado de ese arbitrio de finales del siglo XIX, pero luego denunció que el principal juez del proceso había sido sobornado por Inglaterra. En 1966 Inglaterra vino a aceptar que el asunto no había quedado zanjado al admitir, en el Acuerdo de Ginebra firmado con Venezuela ante la inminente independencia de Guyana (hasta entonces colonia inglesa), que la controversia debía ser resuelta de manera negociada entre los dos países y que en caso de no alcanzarse un acuerdo el secretario general de la ONU establecería posibles mecanismos de solución.

Por más que Guterres ha indicado la conveniencia de que sea ese tribunal el que se pronuncie, Maduro se ha negado a aceptar la intervención de la CIJ, pues estima que posiblemente la corte dictamine que la sentencia de 1899 se ajustó formalmente a derecho, ya que el favoritismo hacia Inglaterra del fallo de entones se evidenció después y es difícil de demostrar.

La cuestión del Esequibo vuelve a estar en la agenda política porque Guyana acudió en 2018 a la CIJ al haber encontrado petróleo. No obstante, Maduro ya había enarbolado antes la reivindicación territorial en algún momento de dificultad política interna y lo vuelve a hacer ahora (mientras Hugo Chávez se consideró fuerte políticamente evitó los roces con Guyana, pues necesitaba a ese país para sus alianzas caribeñas de Petrocaribe ; hoy esas alianzas se han roto por el menor petróleo venezolano; además Guyana ha comenzado a disponer del suyo propio).

El apoyo de la oposición a Maduro en la OEA por esta cuestión muestra la utilidad política de una operación de este tipo. También en Bolivia, en previsión de las elecciones de 2014, Evo Morales reabrió la cuestión del acceso al mar que el país perdió en la guerra que le enfrentó a Chile en el siglo XIX. El Gobierno de Morales presentó ante la CIJ en 2013 un requerimiento para que Chile se sentara a negociar con Bolivia (la CIJ no puede anular la actual delimitación territorial porque esta es firme y fue fijada por un trato internacional jurídicamente válido). Aunque sabía que iba a tener poco éxito, Morales impulsó la iniciativa porque eso le granjeaba favor popular y porque obligaba a la oposición a ponerse del lado del Gobierno al menos en este punto. También le sirvió a Morales para que, de cara a las elecciones de 2019, parte de la oposición tuviera que aceptar que se presentara de nuevo a la presidencia ante la inminencia del fallo de la CIJ. La corte desestimó, a finales de 2018, el planteamiento del Gobierno boliviano.