Lydia Cacho: «Llevo 14 años buscando justicia por haber sido torturada»

El priísta Mario Marín, conocido como el Gober Precioso, fue detenido en la ciudad mexicana de Acapulco este miércoles. Sobre él había una orden de detención desde hace dos años, al igual que contra otro cómplice, el empresario Kamel Nacif Borge , conocido como «El rey de la mezclilla», prófugo de la justicia que actualmente vive en el Líbano y sobre el que existe una petición de extradición por parte el Gobierno de López Obrador. Es quizá a este a quien se refiere Cacho en su mensaje en Twitter cuando dice: «Vamos a por todos».

La orden de detención contra Nacif fue realizada el 11 de abril de 2019 por el Primer Tribunal Unitario de Quintana Roo, donde Cacho fue detenida de forma ilegal y trasladada a Puebla, por la denuncia interpuesta por el empresario contra la periodista por difamación y calumnia. En «Los demonios del Edén» Cacho se refiere a la protección que Marín otorgaba a empresarios involucrados en una red de pederastia y pornografía infantil, que ofrecía servicios de niños durante fiestas, en la que además de señalar a Kamle Nacif se habla de Jean Succar Kuri, presunto cabecilla de la trama, quien actualmente está en prisión cumpliendo una condena de 112 años por los delitos de abuso sexual y pornografía, condena que está actualmente bajo una segunda revisión (en la primera se extendió de 70 a 112 años).

Aquella orden de detención también fue cursada contra Marín, ahora apresado; Hugo Adolfo Karam Beltrán , exjefe de la Policía Judicial de Puebla; y Juan Sánchez Moreno, su director de Mandamientos Judiciales. Este último fue detenido el 30 de abril de ese año, y tras declararse culpable de las torturas a Cacho, fue sentenciado a cinco años y tres meses de prisión.

Durante años, Cacho, periodista, activista de derechos humanos y feminista, ha denunciado los abusos contra mujeres y menores, desde los feminicidios en lugares tan aterradores como Ciudad Juárez, a la trata de blancas y la prostitución. Es autora de más de una docena de libros, entre ellos, «Esclavas del poder», «El silencio es nuestro» y «La ira de México». Sus investigaciones le han valido numerosas amenazas de muerte, obligándola a vivir bajo severas medidas de seguridad, así como a convertirse en una ciudadana del mundo -como señala en sus redes sociales-, al no poder establecerse en un lugar fijo. Una situación que ha afectado a su vida familiar, social y sentimental, como ella misma ha relatado en alguna ocasión. En julio de 2019 su casa fue allanada por desconocidos y sus dos perras envenenadas. Desde hace unos meses, la periodista vive en España y habría solicitado la nacionalidad española. Desde nuestro país sigue su lucha por los derechos humanos, denunciando causas, y esperando que la justicia alcance a todos aquellos que la torturaron aquel 16 de diciembre de 2005.

Ese día, Cacho se encontró, durante más de 20 horas, a la deriva en manos de varios miembros de la policía judicial que, gozando del beneplácito del gobernador de Puebla, Mario Marín, vulneraron todos sus derechos y pusieron en serio peligro su persona -«con órdenes para torturarme y violarme»- durante el trasladado para encarcelarla por difamación, así lo relató Cacho a ABC, en junio de 2006, seis meses después del suceso. «Marín puso los medios para llevar esto a cabo y por eso le he puesto una denuncia», señaló la periodista en Madrid, donde había viajado para promocionar el libro que le cambió la vida, hasta casi perderla. La periodista recordaba entonces cómo la voz de alarma de varios medios de comunicación y de ONGs, ante su sospechosa desaparición, lograron evitar un desenlace fatal. El libro llegaba a España en una segunda edición que incorporaba ya el proceso de persecución judicial al que estaba siendo sometida la periodista, que en el momento de realizar aquella entrevista se encontraba en libertad condicional.

«Los demonios del Edén» ponía al descubierto una red de pornografía infantil y de abusos sexuales a menores en Cancún, y señalaba como principal responsable a Succar Kuri (actualmente en prisión). Las presiones llevaron a que la historia fue satirizada desde numerosos medios de comunicación, en un intento por desacreditar a Cacho. Una víctima de Kuri, una niña de trece años , fue quien dejó al descubierto la trama gracias a una cámara oculta. En la grabación Kuri reconocía haber abusado de niñas de hasta cinco años. Pasaría, sin embargo, bastante tiempo antes de que fuera condenado por abusar de siete menores entre 2000 y 2003.

La filtración de una llamada entre Marín y Nacif, revelada por el diario La Jornada, confirmaría la conspiración para detener a la periodista. En la conversación ambos se jactaban de haber dado a Cacho un «pinche coscorrón» porque «en Puebla se respeta la ley». Fue a partir de estas revelaciones, que se puso en marcha una investigación sin grandes resultados. Durante la entrevista con ABC, Cacho señaló que el motivo de tales represalias contra ella no era otro que «haber desvelado las relaciones entre el crimen organizado, poderosos nombres vinculados con el PRI e importantes empresarios».

Pero «Los demonios del Edén» no sólo denunciaba la existencia de redes de pornografía y pederastia en Cancún, «algo que sería extrapolable a cualquier lugar del mundo pues es el tercer negocio más lucrativo», señaló entonces Cacho, sino el amordazamiento de la prensa en México ante cualquier delito que implique a los más poderosos, en uno u otro lado de la ley, en un territorio dominado por la corrupción y la impunidad, y donde el dinero y el miedo toman la palabra.

Cacho esperaba que el nuevo gobierno, tras las elecciones de 2006, arrojarían algo de luz sobre su investigación, y sobre su propio caso. Y se mostraba dispuesta a luchar, sin bajar la guardia, «hasta las últimas consecuencias». Sin embargo, tuvo que esperar para que la justicia le diera la razón. Ni el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), del PAN; y mucho menos el de Peña Nieto (2012-2018), del PRI, hicieron nada. Las órdenes de detención contra aquellos que la detuvieron y la torturaron no llegarían hasta 2019.

En su causa judicial, Cacho siempre tuvo una cosa clara, que el juez de su caso se había «vendido», según sus propias palabras en 2006. Opinión que siguió manteniendo años después: «Uno de los problemas más graves que tuve es que el juez, comprado, no quería reconocerme como periodista. Fue la FAPE quien trabajó insistentemente para lograr este reconocimiento», afirmó Cacho en 2010 durante una visita a España para recibir el I Premio Internacional de Periodismo «Manu Leguineche» .

Exonerada de la denuncia de difamación en 2006, Lydia Cacho mantuvo su lucha en los tribunales durante 12 años hasta que, en julio de 2018, el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió una resolución en la que afirmó que la periodista fue detenida de forma arbitraria y que sufrió agresiones durante su arresto en 2005, y dictaminó que el Estado mexicano debía procesar, juzgar y castigar «con penas adecuadas» a los responsables de esas agresiones. En enero de 2019, el Gobierno de México reconoció, siendo ya presidente Andrés Manuel López Obrador, su responsabilidad y ofreció una disculpa pública a Cacho , cumpliendo así a la resolución de la ONU.

Quince años después de aquel 16 de diciembre, a Cacho le resta esperar a que los responsables de su detención y tortura que aún se encuentran en libertad respondan ante la justicia.