La lucha de Israel porque los crímenes de guerra no lleguen a La Haya

LAURA L. CARO | JERUSALÉN
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Israel está haciendo lo imposible por mantener alejado de la Corte Internacional de Justicia el demoledor informe de la ONU que le acusa de crímenes de guerra en la última ofensiva contra Gaza. La posibilidad de que el documento acabe en La Haya es remota, pero –reconoce un funcionario del Ministerio de Exteriores de Tel Aviv- “el riesgo existe, y en el camino, se podría causar mucho daño a Israel en términos políticos y de opinión pública”. Y ese camino podría iniciarse hoy mismo, con la ayuda y el empuje de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que ha visto en esta investigación un arma para tratar de acorralar al Gobierno judío. Las advertencias de Benjamin Netanyahu no se han hecho esperar: si los cargos contra su país prosperan, la víctima más inmediata será el proceso de paz.

Dos semanas y tres días después de se hiciera público el informe, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que lo encargó votará esta mañana en Ginebra si elevarlo o no a la Asamblea General de Nueva York. La resbalosa pendiente podría continuar por el Consejo de Seguridad y, mucho más allá, en el temido Tribunal Internacional. De ahí que Israel extremara ayer los esfuerzos para deslegitimar la investigación y a quienes la propiciaron en un intento desesperado por frenar en seco esta andadura: sólo Estados Unidos está claramente de su parte. De los 47 miembros del Consejo, los representantes africanos, árabes, islámicos y no alineados apostarán por seguir adelante y depurar culpas donde sea necesario. La duda está en la postura que tomarán los europeos. Y el nerviosismo es evidente.

Para sus oídos, Netanyahu tomaba ayer la palabra en Jerusalén y reiteraba un lamento conocido, que “durante años, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha aprobado más resoluciones contra Israel que contra el resto de los países del mundo juntos”. En la misma ciudad, el vice ministro de Asuntos Exteriores, Danny Ayalon, convocaba a los embajadores y periodistas extranjeros para advertir: “si el informe se aprueba, el Consejo de Derechos Humanos se convertirá en el Consejo de Derechos de los Terroristas. Ese informe –justificaba- niega a las democracias el derecho a la autodefensa y protege en efecto el terrorismo”.

Guerra diplomática y mediática

Ambos mensajes venían a profundizar en la guerra diplomática y mediática abierta por Israel para enterrar el documento, una guerra universal, que ha incluido viajes a Washington, una tormenta de comunicados y explicaciones, una web específica, contactos de alto nivel con los países que integran el Consejo, y un blanco destacado: Richard Goldstone. El juez sudafricano al frente de la investigación de la ONU, que estuvo a la cabeza de la Corte Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, y que ha respondido a las críticas de Tel Aviv con una frase lapidaria: “la cultura de la impunidad en la región lleva demasiado tiempo existiendo. Es el momento de actuar”. Y las espadas están en alto.

Según Israel, Goldstone ya tenía las acusaciones contra su Ejército escritas aún antes de iniciar las pesquisas. Una fuente oficial de Tel Aviv resumió a ABC que, a partir de ahí, el jefe de la investigación se limitó “a interrogar en Gaza a gente seleccionada por Hamás” y que “se puso a roncar cuando testigos israelíes de Sderot (ciudad castigada por los cohetes palestinos) fueron a Ginebra a intentar que se les escuchara”. Por eso, añade la misma fuente, Israel se negó a colaborar en este informe de la ONU “para no involucrarnos en el espectáculo”. Por eso, sugiere también, en las 547 páginas de una “parcialidad escandalosa”, se dice que Israel atacó hospitales y a civiles con bandera blanca, destruyó almacenes, pozos y fábricas para negar el sustento a la población y utilizó su tecnología bélica para no fallar.

En los 22 días que duró la ofensiva en Gaza murieron cerca de 1.400 palestinos, muchos de ellos civiles, y 13 israelíes, diez de ellos soldados.

La gran pregunta: qué pasó en Gaza

Contra la visión de Israel operan potentes organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, que reclaman “aprovechar esta oportunidad” para despejar qué pasó en Gaza. Incluida la responsabilidad de Hamás, a la que el informe de la ONU también mancha con la sospecha de “crímenes de guerra”, un extremo que parece haber quedado en segundo plano. También para la Autoridad Nacional Palestina que, con el apoyo de su presidente, Mahmmud Abbás, ya se ha adelantado y ha presentado ante la Corte Internacional una petición para que investigue las conclusiones de Goldstone.

La difícil naturaleza jurídica de la ANP podría dejar la solicitud sin efecto. En todo caso, Israel ya se ha apresurado a tomar represalias, y –según publicaba el reputado diario Haaretz de Tel Aviv-, podría negarse a conceder a los palestinas una segunda frecuencia de telefonía móvil acordada en 2008 si no retiran ya la reclamación cursada ante La Haya. De no obtener esa frecuencia antes del 15 de octubre, el gobierno de Ramala se enfrenta a indemnizar con 300 millones de dólares a los inversores kuwaitíes implicados en el proyecto del nuevo proveedor, la empresa Watanya. El propio Tony Blair, enviado especial del Cuarteto –EE.UU, Unión Europea, Rusia y la ONU- para Oriente Próximo, y que promovió en persona esta iniciativa de telecomunicaciones ha tomado cartas acusando a Israel de violar lo pactado. Los palestinos prefieren utilizar otra palabra: “chantaje”.

La Autoridad Nacional Palestina es además redactora de la resolución que hoy valorará el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y que presentan Egipto, Túnez, Nigeria y Pakistán. Esa autoría ha irritado profundamente a Israel. Su ministro de Exteriores, Avigdor Lieberman, no se ha mordido la lengua a la hora de revelar que esa misma ANP alentó la ofensiva contra Gaza con el deseo de que sirviera para hacer colapsar a Hamas, y que sólo al final de los ataques abrazó la oleada de críticas internacionales.

Los palestinos están seguros de que hoy ganarán la primera partida. “Tenemos suficientes votos”, aseguraba ayer su embajador ante la ONU, Ibrahim Khraishi, como si el informe Goldstone viajara ya camino a Nueva York.