López Obrador utiliza al pueblo para vengarse de sus antecesores

En su resolución, la Suprema Corte aprobó una pregunta ligeramente diferente a la original. «¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?», será la cuestión que deberá ser respondida con un «sí» o un «no». López Obrador quiere celebrar el referéndum en junio de 2021, cuando está previsto tendrán lugar las próximas elecciones legislativas para renovar toda la Cámara de Diputados.

La medida es polémica porque llamaría a las autoridades a comenzar a investigar a los cinco expresidentes vivos aunque no haya indicios en su contra. «Si tienen evidencias contra expresidentes los deben investigar. De lo contrario, no hay nada que investigar. No pueden convertir al país en un circo Romano», dijo en Twitter José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la oenegé Human Rights Watch División América .

Los expresidentes vivos son Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). Precisamente, el gobierno de Salinas de Gortari marcó el inicio de lo que López Obrador califica como el «periodo neoliberal», una época que para el actual presidente duró hasta el final del gobierno de Peña Nieto, quien dejó el poder el 1 de diciembre de 2018.

En esos treinta años fue cuando se produjeron varias privatizaciones de empresas públicas como Telmex o Aeroméxico y se firmó el NAFTA, el primer tratado de libre comercio en América del Norte. López Obrador marca justo el comienzo del supuesto «periodo neoliberal» con la presidencia de Salinas de Gortari porque fue cuando él abandonó el PRI para fundar el PRD, un partido político de izquierda.

Actualmente, la fiscalía tiene abierta una investigación contra Calderón y Peña Nieto por su posible conexión con la trama corrupta de Odebrecht. La investigación surge de las declaraciones del expresidente de la petrolera estatal Pemex, Emilio Lozoya , quien ya testificó ante las autoridades mexicanas para acusar a la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012 de haber recibido 100 millones de pesos (casi 4 millones de euros) de la constructora brasileña.

Los presidentes en México gozan de inmunidad constitucional popularmente conocida como «fuero» bajo los artículos 108 y 111 de la Carta Magna. Se trata de una protección para el Jefe del Estado mexicano similar a la inviolabilidad del Rey que establece la Constitución Española. El Congreso mexicano actualmente está debatiendo un proyecto para reformar los artículos 108 y 111 para que el presidente pueda ser procesado por cualquier delito.

«Lo importante es que se resolvió que se consulte al pueblo, que se les pregunte a los mexicanos, esa es la esencia de la democracia», dijo López Obrador el viernes para celebrar la decisión de la Suprema Corte. «Nuestro pueblo es inteligente, es un pueblo sabio que sabe tomar decisiones», continuó el presidente en «La Mañanera», su rueda de prensa matutina con la que cada día trata de marcar la agenda mediática del país mesoamericano.

La consulta sobre si los expresidentes deben de ser enjuiciados por corrupción es el último de los muchos plebiscitos que ha experimentado la democracia mexicana bajo la batuta de López Obrador. La primera de estas ocurrencias fue cuando organizó un referéndum para decidir si se debía suspender la construcción de un aeropuerto en Ciudad de México cuando ya estaba completado al 30%. En aquella ocasión, un 69,9% votó por poner fin a las obras del nuevo aeropuerto, un proyecto iniciado en 2015 bajo el mandato de Peña Nieto. Sólo un 1,9% del censo electoral participó.

En otra ocasión, López Obrador realizó una votación a mano alzada durante un mitin para decidir si se debía construir un sistema de transporte público en el Estado de Durango, al norte del país. Mediante silbidos y abucheos, sus seguidores expresaron su rechazo al proyecto, por lo que López Obrador decidió cancelarlo. «El pueblo manda», gritó enfervorecido.

En marzo, también se suspendió la construcción de una planta para producir cerveza mediante otra de estas polémicas consultas. La empresa Constellation Brands tenía pensado gastar 1.400 millones de dólares para construir la planta en Mexicali, al norte de México, pero la inversión fue rechazada por el 76% de los 36.000 ciudadanos que votaron en el plebiscito. Los participantes representaban sólo un 4,6% de los 794.900 ciudadanos registrados en el censo electoral de Mexicali.