López Obrador no será revocado por falta de fondos

La revocación hace referencia a un acto democrático mexicano incorporado hace dos años mediante el cual la población elige si un funcionario gubernamental –en este caso el presidente del país– permanece o le echan del cargo que ostenta. Un ejercicio electoral que tendría que llevarse a cabo con todas las garantías. Debido a la flagrante ausencia de estas, el Instituto Electoral ha rechazado seguir con la votación que s e tendría que celebrar el 10 de abril de 2022. Lorenzo Córdova, presidente del INE, asegura que la consulta no se está cancelando si no sólo postergando hasta que lleguen los recursos suficientes. Córdova habría expresado en varias ocasiones la insuficiencia en el presupuesto por el último recorte de casi cinco millones de pesos –unos 213.000 euros– para la votación del año que viene. «Se trata de un acuerdo que busca encontrar certeza para el ejercicio democrático ciudadano», expresó.

El consejero del INE, Jaime River, ha explicado que el esfuerzo de ajuste del gasto realizado ha sido «insuficiente», «tan insuficiente que nos obliga a tomar previsiones de responsabilidad administrativa y legal». La llamada a las urnas será suspendida hasta que se cuente con unos fondos suficientes que deberían partir del Estado, pero que por ahora implica un número limitado de urnas. Esta reducción de la consulta se vería afectada por el volumen de las opiniones que puedan llegar a favor o en contra para que el mandatario mexicano concluya o no su sexenio.

Bajo la premisa «el pueblo quita, el pueblo pone», la consulta fue una de las promesas electorales del presidente. Al llegar al poder, AMLO prometió que se sometería a este escrutinio a mitad de su mandato que se cumplió el 1 de diciembre de 2018. Fue precisamente Obrador a través de una reforma de la Constitución mexicana, que consiguió un año después de ser elegido, el que creo la revocación de mandato.

Quizá el mayor despropósito de esta nueva ley, que trajo Morena, sea la inclusión de un precepto casi imposible de cumplir ante una consulta carente de interés entre la población: se deberá llegar a un «40 % de las personas inscritas en la lista nominal de electores» para que cause sus efectos. Una movilización que afectaría a más de 37 millones de mexicanos como posibles votantes.

El mandatario mexicano vuelve a mostrar un interés desmesurado por estas votaciones populares que no suelen tener efecto, como demostró la participación, que no alcanzó el 8%, en el plebiscito celebrado el agosto pasado sobre la posibilidad de investigar a expresidentes por delitos cometidos durante sus gobiernos.

La suspensión del revocatorio ha provocado polémica y revuelo entre la clase política mexicana, sometida a tensiones entre el partido de López Obrador (Morena) y la oposición. Marko Cortés, presidente del PAN (Partido Acción Nacional), ha manifestado que el Gobierno pretende quitar presupuesto al INE, pero «quieren que organice sus caprichos». «Acusan de golpe a la democracia cuando ellos han atacado y vulnerado su autonomía». Cortés fue más allá y hace responsable a Morena de la falta de recursos y de atacar la autonomía del INE. El PAN también acusó a Morena por sustituir el término ratificación en vez de renovación para conseguir las firmas necesarias para llevar a cabo la votación.

Por su parte, el partido de López Obrador ha definido la suspensión de la consulta como un «golpe a la democracia participativa». Mario Delgado, líder del partido, acusa al INE de «claudicar su responsabilidad constitucional».