Von der Leyen promete vincular el reparto de fondos de la UE al Estado de derecho pese al chantaje de Orban

El pasado jueves la Comisión decidió llevar a Hungría al Tribunal de Justicia de la UE por criminalizar las actividades en apoyo de las solicitudes de asilo y restringiendo aún más el derecho a solicitar asilo. Conocida popularmente como la ley «Stop Soros», este paquete legislativo aprobado en junio de 2018 amenaza con penas de cárcel a las organizaciones que ayudan a la inmigrantes irregulares que el Gobierno de Viktor Orban considera bajo control del multimillonario filántropo de origen húngaro.

El Ejecutivo comunitario también ha abierto un expediente sancionador por la situación de los inmigrantes en las zonas de tránsito cerca de la frontera con Serbia. Las personas que «violan los intereses de la seguridad nacional húngara o son una amenaza para el orden público» pueden recibir una «orden de restricción», que los mantendrá fuera de un área de ocho kilómetros de las fronteras Schengen de Hungría, según la traducción del Comité Húngaro de Helsinki, organización no gubernamental que vela por el cumplimiento del Estado de derecho.

El primer ministro húngaro aseguró ayer en Baile Tusnad (Rumanía), donde lidera anualmente un festival cultural étnico húngaro, que la lucha contra la democracia liberal será su principal proyecto político durante los próximos 15 años, en un desafío a los valores de la UE. «Es factible, posible y racional colocar la tesis de la democracia iliberal contra la de la democracia liberal, no solo intelectualmente sino como programa político», expresó.

Por declaraciones y acciones dirigidas a este propósito, Orban se ha convertido en diana de las críticas de Bruselas y de la mayoría del Consejo por sus intentos de convertir a Hungría en lo que él llama una «democracia iliberal». Uno de los libros del momento, « Cómo mueren las democracias », de los profesores de Harvard Steven Levitsky y Daniel Ziblatt y traducido al castellano por Ariel, describe en unas pocas líneas cómo Orban ha subvertido la independencia judicial en favor de su partido Fidesz: «Los gobiernos que no pueden destituir a los jueces independientes pueden pasarlos por alto a través de un proceso judicial. El de Orbán amplió el tamaño del Tribunal Constitucional de ocho a quince y modificó las reglas de nominación para que el partido gobernante Fidesz pudiera nombrar a los nuevos jueces y colocar a leales del partido en esas nuevas posiciones». Después de ganar en 2010 por una mayoría de dos tercios en el Parlamento, Fidesz empleó esa supermayoría para reescribir la constitución y las leyes electorales en su beneficio, reformulando además los distritos electorales para maximizar la ganancia de escaños.

Hace 30 años, un jovencísimo Orban, entonces portavoz de la Federación de Jóvenes Demócratas, rindió homenaje a Imre Nagy y pronunció un discurso a favor de elecciones libres y la retirada de las tropas soviéticas de Hungría. Tres décadas después, la independencia judicial en Hungría se ha deteriorado notablemente en los últimos años según denuncia la organización estadounidense Freedom House , que cita casos como el de la poderosa Oficina Judicial Nacional (OBH), dirigida por Tünde Handó, una persona muy cercana a Orbán que está casada con el presidente de la delegación Fidesz en el Parlamento Europeo József Szájer. Handó ostenta un cargo en el que puede realizar nombramientos judiciales de alto nivel y ejercer una gran autoridad sobre los procedimientos disciplinarios y las finanzas de los tribunales.

Elegida con una muy discreta minoría, Von der Leyen apuntó en su declaración de intenciones que apoyaba plenamente un «mecanismo de ley de la UE» para acallar las acusaciones de deberle su presidencia los gobiernos nacionalistas de Varsovia y Budapest que apoyaron públicamente su nombramiento. «Está claro que los 13 votos de Fidesz fueron vitales para la elección» de Von der Leyen, se jactó el partido húngaro, que ansía ahora su recompensa y que «remedie los muchos errores del legado del presidente saliente de la Comisión, Jean-Claude Juncker», según ha recogido el diario progubernamental «Daily News Hungary».

Los países del Visegrado se cobraron su primera cabeza con la presión que ejercieron para frustrar los planes de Pedro Sánchez (jefe negociador de los socialdemócratas) en su operación para hacer presente del CE Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Juncker y bestia negra de Viktor Orban y Jaroslaw Kaczynski (líder del partido de gobierno polaco, Ley y Justicia) en sus supuestos intentos de doblegar el Estado de derecho para favorecer sus intereses políticos.

«Respeto la propuesta de hacer del Estado de Derecho parte integrante del próximo marco financiero plurianual. Se trata de fortalecer la confianza entre nosotros, lo que es tan bueno para nuestro mercado interno como para nuestra unidad interna. La Comisión siempre será un guardián independiente de los Tratados. Doña Justicia es ciega: defenderá el Estado de derecho en cualquier lugar y por quien sea atacado», señaló la alemana en su hoja de ruta para el próximo lustro. Sin embargo, Von der Leyen, proveniente de los democristianos de la CDU, de la misma familia europea que Orban (Partido Popular Europeo), ha desvelado poco sobre cómo pretende afrontar las próximas negociaciones sobre el presupuesto de siete años de la UE.

«La propuesta de la Comisión prevé que, si no se respeta el Estado de derecho en algunos Estados miembros, los fondos del presupuesto de la UE comprometidos con ese Estado miembro pueden congelarse», dijo en entrevista telefónica con ABC Annemie Turtelboom, la auditora del Tribunal de Cuentas de la UE que lideró la opinión publicada de julio de 2018 sobre la propuesta.

Hungría recibe un promedio de más de 4.000 millones de euros del presupuesto de la UE, lo que lo convierte en el tercer receptor neto de fondos entre los estados miembros solo detrás de Polonia y Grecia, primero y segundo respectivamente. Según cálculos del think tank alemán Centre for European Policy (CEP) se trataría de 400 euros por cada húngaro. Para calibrar la decisiva importancia de los fondos europeos en la economía húngara, según un estudio de KPMG y GKI recogido por el think tank húngaro KKI , aunque el PIB magiar creció un 4,6% en el período 2006-2015, sin los fondos de la UE, el crecimiento del PIB habría sido solo del 1,8% entre 2007 y 2013.

La académica de la Universidad de Sussex Anna Szamely sostiene que entre 2010 y 2010, Hungría experimentó un marcado descenso en las medidas de competitividad y en la calidad educativa, quedándose además atrás en los rankings de corrupción y en el Marcador Europeo de Innovación que publica anualmente la Comisión Europea. A juicio de Szamely, la cadena de financiación europea en los proyectos de investigación en Hungría presenta siete bloqueos ligados a un proceso excesivamente centralizado enfangado en corrupción y en contratación a dedo donde se prima la lealtad al poder central sobre la productividad, mermando sustancialmente la competitividad de la canalización de las ayudas. La investigadora añade que en estos últims años, el 60% de los fondos de la UE se han destinado al desarrollo económico en Hungría en detrimento de impulsar la investigación, la innovación, la educación o la asistencia sanitaria. «Esta estrategia ha tenido éxito en el registro de indicadores macroeconómicos satisfactorios a corto plazo, pero corre el riesgo de desgastar la confianza en las inversiones y el crecimiento a largo plazo», subraya.

La lucha entre Bruselas y Budapest se prevé más encarnizada que en la anterior legislatura. Aunque sus predecesores rumanos y búlgaros en la presidencia rotatoria esta innovación que se prevé incluir en el Marco Financiero Plurianual, el premier finlandés, Antti Rinne, dijo al Parlamento Europeo el pasado 17 de julio que mandato del Consejo de la UE se centrará en la lucha contra el cambio climático y en las negociaciones sobre cómo vincular más estrechamente el desembolso de los fondos de la UE con el respeto del estado de derecho en los Estados miembros. Como respuesta, la nueva ministra húngara de Justicia Judit Varga aseguró a Reuters que su gran objetivo es tratar de tumbar completamente esta propuesta, aduciendo que la UE ya tiene herramientas suficientes para salvaguardar el Estado de derecho y la distribución de la financiación de la UE.