El exguardaespaldas de Bin Laden, Sami A.
El exguardaespaldas de Bin Laden, Sami A. - ABC

La ley de asilo alemana, coladero de islamistas con causas penales

El número de procesos por terrorismo en 2017 fue cinco veces superior al año anterior

CORRESPONSAL EN BERLÍNActualizado:

El número de salafistas en Alemania superó los 11.000 al cierre del primer trimestre de este año, según fuentes de los servicios secretos citadas por el diario «Tagesspiegel». Esta cifra dobla la que la Oficina Federal de Protección de la Constitución (BfV) tenía registrada en 2013, debido a la perversa combinación de generosas ayudas económicas y trabas judiciales a las deportaciones que genera la legislación alemana de asilo. Estos factores, sumados a la crisis de los refugiados, han dado lugar a paradojas como el caso del tunecino S ami A., uno de los encargados de la seguridad de Bin Laden cuando éste era el terrorista más buscado del mundo y que ahora vive plácidamente en Bochum y a expensas del Estado alemán.

Sami A. ha sido declarado culpable de pertenencia a Al Qaida y apoyo al terrorismo, pero obtuvo el estatus de asilo en Alemania debido a que en su país «tiene más probabilidades de sufrir torturas, tratos inhumanos o degradantes», según la sentencia en última instancia del Tribunal Administrativo Superior de abril de 2017. Debe presentarse diariamente en una comisaría para fichar, pero ahí terminan sus obligaciones. A cambio recibe subsidios por 1.167 euros al mes, según confirman las autoridades de Renania del Norte-Westfalia, con lo que viven él, su mujer y sus cuatro hijos de entre 4 y 11 años.

Tribunales al límite

Llegó a Alemania en 1997, como un estudiante de 21 años, y a partir de 1999 entró en contacto con Al Qaida. Recibió entrenamiento en campos terroristas en Afganistán y formó parte de la guardia personal de Bin Laden hasta que éste se vio obligado a ocultarse en Abbottabad, Pakistán, cercado por las investigaciones internacionales, y redujo al máximo su séquito para no llamar la atención. El nombre de Sami A. apareció por primera vez en las investigaciones en 2006 y el alto Tribunal Administrativo de Münster lo ha declarado «una grave amenaza para la seguridad pública», pero sigue sin poder ser deportado.

En el caso de Sami A. «se trata de un claro abuso, la ley alemana de asilo está siendo descaradamente explotada», según denuncia en declaraciones a «Bild»Eckhard Rehberg, experto en la materia de la Unión Cristianodemócrata de Merkel (CDU), «Estamos protegiendo y financiando a un terrorista porque esa ley impide la deportación, no puedo estar de acuerdo con la interpretación de esa norma porque es evidente que atenta contra el sentido común». Pero no es un caso aislado.

El número de procesos por terrorismo abiertos por la Fiscalía General alemana en 2017 asciende a cerca de 1.200, casi cinco veces más que el año previo. Según datos de la Fiscalia General, alrededor de mil de esos casos tienen un trasfondo islamísta, frente a los apenas 200 registrados a lo largo del año pasado. El repunte de estas causas está poniendo al límite la capacidad de la Fiscalía General, que está derivando casos a los estados federados. Y además están los «potencialmente peligrosos». A fecha de marzo de 2018, las autoridades alemanas reconocen que tienen registradas a cerca de 760 personas clasificadas como potenciales terroristas islamístas y solo 153 de ellos están en prisión. La Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) calcula que más de 980 personas, desde el comienzo de la guerra en Siria en 2012, han viajado desde Alemania a zonas de conflicto.

Simpatizantes de grupos terroristas de todo el mundo entienden que en este país serán mejor tratados que en cualquier otro y se refugian en Alemania como elementos durmientes a la espera de entrar en acción. Alrededor de 1.600 personas son consideradas potenciales terroristas islamístas por la BfV, cuyo presidente, Hans-Georg Maassen, ha reconocido que entre el 70% y el 80 % de los refugiados que han llegado pidiendo asilo no presentaban un pasaporte válido.

Conscientes del problema, las autoridades comienzan tímidamente a deportar «potenciales peligrosos». El ministro de Interior del estado federado de Baja Sajonia, Boris Pistorius, ha confirmado su intención de extraditar a dos islamístas, con pasaporte nigeriano y argelino, detenidos en febrero ante la sospecha de que preparaban un atentado en el país pero sin haber todavía cometido el delito.

Será la primera vez que se aplique el artículo que permite deportar a una persona que suponga «un peligro especial para la seguridad de la República Federal o un riesgo terrorista».