La justicia peruana condena a 22 años a Vladimiro Montesinos por desaparición forzada

El Tribunal señaló que Montesinos conocido también como el Rasputín peruano coordinó con Hermoza Ríos y Nadal la eliminación y desaparición de sospechosos de pertenecer a la banda terrorista, Sendero Luminoso, en el sótano de la sede del Ejército en Lima, conocido como el «Pentagonito». Además, Montesinos tendrá que pagar una reparación de un millón de soles (300 mil dólares) como reparación civil.

Como jefe de facto del Servicio Nacional de Inteligencia (SIN), Montesinos llevó a cabo una política de lucha antisubversiva a través de la detención, interrogatorio, y eliminación extrajudicial de los sospechosos.

Con ese fin, el Tribunal demostró que se construyeron celdas clandestinas en el sótano del «Pentagonito» donde además se instaló un horno para incinerar a los detenidos que fallecían, producto de las torturas. La sentencia contra Montesinos, Hermoza Ríos y Nadal se produce por la desaparición en 1993 de los estudiantes Martín Roca Casas y Kenneth Anzualdo Castro, y del profesor Justiniano Najarro Rúa; todos de la Universidad del Callao, puerto principal de Perú.

Como prueba de la existencia de las celdas clandestinas en el sótano de la sede del Ejército, la Sala Penal Liquidadora presentó varios documentos militares encontrados después de la caída del gobierno de Fujimori -por un escándalo de corrupción- que causó su reuncia por fax en noviembre del 2000.

A propósito de la condena, Marly Anzualdo señaló a ABC que «me sorprendió gratamente la condena por unanimidad porque se confirmó la existencia del horno que tenía una capacidad de calor de más de 800 grados centígrados, es decir, para cremar cuerpos y que no estábamos hablando de una leyenda urbana».

«Estoy tranquila con la sentencia porque se condenó a los jefes que dirigieron la operación de exterminio de personas. Como familiares esperamos que se pueda exhumar el área donde enterraron los restos de los que desaparecieron en el Pentagonito», concluyó Anzualdo.

En tanto, el peritaje del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) ha comprobado que el hueso del brazo que se encontró en el sótano pertenecía a un cuerpo humano y que fue incinerado en un horno.

«La sentencia confirma que la desaparición forzada fue una política del gobierno de Fujimori. El Estado fue perpetrador e implementó políticas atentatorias a los derechos humanos. Que se confirme la existencia del horno crematorio nos da la dimensión de un régimen autoritario y perverso que acabo siendo un agente criminal» dijo al ABC, Jorge Bracamonte, Director de la Coordinadora de Derechos Humanos peruanos. El expresidente Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos están presos en cárceles de máxima seguridad por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos en 1990 y 2000.