El juicio político a Rousseff avanza en el Senado brasileño

Anastasia, una de las cabezas visibles del principal partido de la oposición, propone en su informe la destitución de Rousseff, para la que, sostuvo, «hay plenas razones». Ya en mayo, cuando presentó el dictamen previo de admisión del caso en la Cámara, el relator ya señaló la existencia de «actos criminales» en la gestión de la mandataria, como la concesión de créditos adicionales sin la autorización del Congreso y la contratación ilegal de préstamos con una institución financiera controlada por la União (entidad administrativa federal autónoma, independiente del Ejecutivo). El incidente fue conocido como las «pedaladas fiscales» de Rousseff. La acusación reprocha a la sucesora de Lula que esas prácticas generaron un «enorme desequilibrio» en las arcas públicas y pusieron en peligro su sostenibilidad. El escrito del relator senatorial sostiene sin ambages que la gestión de Rousseff «amplió el endeudamiento público, impactó en indicadores económicos como la inflación y el Producto Interior Bruto (PIB), y representó un perjuicio para la calidad de vida de la población».

En el informe presentado, de 441 páginas, Anastasia sostiene además que los delitos fiscales por los que ha sido acusada Rousseff suponen un «atentado a la Constitución» y son irregularidades «de tal gravedad» que, conforme a la ley, tienen como pena la pérdida del mandato.

De nada sirvió la advertencia que la semana pasada lanzó el ex ministro de Justicia José Eduardo Cardozo, que actuó como defensor de Rousseff ante la comisión legislativa que estudia el caso. Cardozo declaró que Anastasia tendría dificultades para recomendar la aprobación del juicio político en el Senado. El argumento principal de la defensa es la opinión del fiscal Ivan Marx, que cerró la vía penal del caso de las «pedaladas» por entender que no había habido operación de crédito ilegal. Marx sostuvo que el proceso fue una venganza ideada por el ex presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha (PMDB). O sea, que estaríamos ante un proceso más político que jurídico.

El propio Cunha se encuentra a su vez bajo una fuerte presión por todos los flancos y se encuentra a la espera de saber la fecha de la votación parlamentaria en la que, también él, podría ser desposeído de su cargo. Podría darse la paradoja de que la misma Cámara a la que convenció para defenestrar a Rousseff certifique ahora su muerte política. La prensa brasileña y casi todos los parlamentarios dan por hecho que no tiene salida y va a ser ahora él el objeto de la cacería. La gran pregunta es a cuántos arrastrará en su caída. Cunha está preparando un temido dossier con todos los datos que tiene de sus compañeros de filas.

La posible votación de la anulación del mandato de Cunha, prevista para mediados de agosto, antes de que sea juzgada Rousseff por el Senado, pone en peligro la estabilidad del gobierno de Michel Temer (PMDB) y podría acabar salvando a la presidenta. Temer repite a menudo que Cunha no tiene ninguna información comprometedora sobre él, pero reconoce que, arrinconado, su antiguo aliado podría causar un terremoto en el Congreso, con consecuencias inimaginables para el resultado del proceso a Rousseff. Cunha no tiene casi nada que perder. Temer, si se queda en la presidencia, tiene dos años más de mandato por delante.

Cunha batalla también para proteger a su familia. Su esposa y su hija, no aforadas, están siendo juzgadas, por haber recibido dinero público que, presuntamente, él desvió.