El juez «verdugo» de Lula da Silva amenaza también a Bolsonaro

Acorralado, Bolsonaro está siendo investigado y cuestionado en varios frentes. El juez de la Corte Suprema, Celso de Mello , dio dos meses para que la Policía Federal (PF) interrogara al célebre exjuez, Sergio Moro –principal garante del Gobierno Bolsonaro hasta su renuncia hace una semana– para averiguar las acusaciones que lanzó contra el presidente antes de dejar el cargo, entre ellas, de que habría tratado de interferir en investigaciones policiales que involucran a su familia.

Llamado «Judas» por Bolsonaro, Moro se presentó el sábado en la sede de la Policía Federal en Curitiba, para declarar ante comisarios, acompañado por sus abogados. Durante ocho horas, el exministro presentó pruebas, entre ellas, el registro de 15 meses de conversaciones por WhatsApp, y respondió a preguntas sobre las graves acusaciones que hizo sobre el presidente. Se trata del mayor escándalo que afronta Bolsonaro desde que está en el poder.

El resultado de las investigaciones que deben ir a las manos del Fiscal General de la República, Augusto Aras, pueden ser el material más importante para un proceso de juicio político contra Bolsonaro, o una acusación de falso testimonio contra el exministro de Justicia. Además de la vía judicial, la renuncia de Moro aumentó el número de peticiones de destitución entre los congresistas .

Según el juez Mello, «los crímenes supuestamente practicados» por Bolsonaro parecen tener «íntima conexión con el ejercicio del mandato presidencial», lo que abre camino para su investigación. La petición del juez enumera siete posibles delitos cometidos por Bolsonaro, entre ellos prevaricación y obstrucción a la justicia.

La tensión política ocurre en cuando Brasil está en el centro de la atención mundial por el aumento de casos de coronavirus, y cuando Bolsonaro se enfrenta contra la mayoría de gobernadores y alcaldes del país, que han mantenido las medidas de aislamiento social y de cuarentena. El mandatario y sus militantes han salido a las calles todos los fines de semana en marchas que piden la vuelta de la normalidad y de la economía.

En una de esas ocasiones, hace dos semanas, Bolsonaro acusó al Congreso y a la Corte Suprema de no dejarlo gobernar y apoyó los gritos de los manifestantes que pedían un Acto Institucional 5 (AI-5), el decreto con el que los militares confirmaron la dictadura en 1964. Criticado por políticos y por la opinión pública, que consideraron la actuación del presidente un motivo para destituirlo, Bolsonaro retrocedió, dijo que no había apoyado a los manifestantes y elogió la democracia.

Una encuesta de Datafolha, publicada esta semana muestra que mientras un 45% de los brasileños apoya un «impeachment» en el Congreso, el 48% piensa lo contrario. Al mismo tiempo, su popularidad cae, en medio de caceroladas que han aumentado frente a la pandemia. El número de quienes consideran su Gobierno regular cayó del 32% en diciembre, al 26% esta semana; y el de los que lo califican de malo o pésimo subió del 36% al 38%.

«La destitución es la última opción», declaró Luis Roberto Barroso , uno de los más antiguos ministros de la Corte Suprema, en una entrevista publicada el sábado en el diario O Estado de São Paulo. «Los hechos deben ser serios y demostrados», afirmó el juez sobre la posibilidad de que Brasil tenga su tercer juicio político en tres décadas, después de Fernando Collor de Mello (1992) y de Dilma Rousseff (2016).

Barroso, que presidirá la Corte Electoral a partir del 25 de mayo, asumirá uno de esos procesos que pueden llevar a la destitución. El más importante, sin embargo, es el que tramita en la Corte Suprema, iniciado por Celso de Mello, a partir de la denuncia de Moro, que apunta la interferencia del mandatario en la Policía Federal (PF).

Uno de los motivos de la salida de Moro fue el deseo de Bolsonaro de cesar al hombre de confianza del exjuez en la PF, Mauricio Valeixo , para sustituirlo por un amigo de sus hijos, el comisario Alexandre Ramagem , en un momento en que la organización investiga a dos de los cuatro hijos del presidente. El mayor, el senador Flavio Bolsonaro , es investigado por desvío de recursos públicos y por vínculos con grupos paramilitares en Río de Janeiro;mientras que el concejal Carlos Bolsonaro lo es por producción y difusión de noticias falsas.

Por esos motivos, el ministro de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, suspendió el nombramiento de Ramagem, provocando la furia de Bolsonaro, que demuestra no aceptar la convivencia entre tres poderes. «Quien manda aquí soy yo», gritó antes de aceptar que tendría que cumplir la orden.