Moreno Ocampo, en una imagen tomada en 2001. AP

El joven martillo de los militares argentinos

BUENOS AIRES. CARMEN DE CARLOS
Actualizado:

No había cumplido los 30 años cuando Luis Moreno Ocampo se encontró cara a cara con los miembros de la última dictadura militar argentina. Jorge Videla, Emilio Eduardo Massera y Leopoldo Fortunato Galtieri, entre otros, estaban sentados en el banquillo de los acusados (1985). Aquel jovencito les miraba insolente mientras desgranaba, una a una, las atrocidades cometidas por el Régimen.

Adjunto al fiscal Julio César Strassera durante un juicio que alguna vez se comparó con los de Nuremberg, a pesar de que en el caso argentino era su propio poder judicial el que intentaba hacer justicia, antes, durante y después de aquellas sesiones escuchó de labios de los supervivientes las historias más atroces de su vida. Presentó dos mil testigos y seleccionó centenares de casos para demostrar que los militares habían desarrollado un plan sistemático de secuestros, torturas y desaparición de personas. Aquella experiencia y aquel pedazo de la historia, inexplicable, quedó reflejado en un ensayo que tituló «Cuando el poder perdió el juicio».

Graduado en Derecho en la Universidad de Buenos Aires, también estuvo al frente de la acusación contra los responsables de la Guerra de las Malvinas y de los intentos de golpe de Estado de los militares «carapintadas» en 1988, durante la época de Raúl Alfonsín. Fue igualmente el dedo acusador adjunto del juicio al general Camps (1986), ex jefe de la Policía de Buenos Aires durante los años de plomo.

Con el transcurrir del tiempo, Luis Moreno Ocampo -nacido en 1952- abandonó la Fiscalía y fue adentrándose en otros proyectos. Trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de Naciones Unidas, en su cruzada por combatir la corrupción campante en los países donde la democracia es un término vacío de contenido. Fue cofundador de Poder Ciudadano, una organización no gubernamental que promueve en Argentina la responsabilidad y la participación del ciudadano

Es miembro y presidente para América Latina y el Caribe del comité consultivo de Transparencia Internacional, una organización mundial que vigila el desarrollo de los procesos electorales e investiga la corrupción por medio de transacciones financieras internacionales. Todos estos trabajos los compagina hoy con su plaza de adjunto en Derecho Penal en Buenos Aires y su despacho privado.

En buenas relaciones con los medios de comunicación (Julio César Strassera, durante el juicio a las Juntas, debió reprenderle en alguna ocasión por la excesiva facilidad de palabra que tenía ante los micrófonos) su simpatía perdió puntos en parte de la opinión pública cuando aceptó la defensa del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo y, más recientemente, la de un sacerdote, el padre Grassi, acusado de perversión de menores. En su «descargo» siempre ha dicho: «Todo el mundo tiene derecho a un abogado».

En esa condición fue contratado por la familia del general chileno Carlos Prats, asesinado en la capital argentina en 1974, y trabajó junto a las víctimas del holocausto nazi cuando se descubrió, hace dos años, la presencia en el sur de Argentina del nazi Eric Priebke, posteriormente extraditado a Italia.