José y Elvira Pernalete: «Mataron a mi hijo por ayudar a una manifestante que se cayó»

«El Gobierno lo quiso presentar como un tatuaje para decir que le había matado otro chico con una pistola de perno (para el ganado). Lo que no sabían es que mi hijo jamás se tatuó la piel porque donaba sangre habitualmente. Tenía un corazón enorme. ¿Sabe por qué murió? Estaba a salvo pero vio caer a una chica en la manifestación y regresó a la Plaza (Altamira) para ayudarla . Ahí fue cuando le mataron», recuerda.

La muerte de Juan Pablo Pernalete no es una más entre el amplio centenar que se contabilizan en los tres últimos meses de represión en las marchas de Venezuela contra el Gobierno de Nicolás Maduro. El caso de este muchacho es emblemático porque es el único que puede poner -sin fecha de prescripción- contra las cuerdas de la justicia eterna -y terrenal- a media docena de jerarcas del régimen .

Los Pernalete son los primeros venezolanos que denuncian judicialmente un asesinato de las fuerzas de seguridad. Fueron a querellarse, directamente, a la Corte Suprema y lograron que se aceptara a trámite lo que en Venezuela se llama «antejuicio de mérito». La familia acusa al hombre fuerte del régimen, Diosdado Cabello, a Ernesto Villegas (ministro de Comunicación), a Vladimiro Padrino López (Ministro de Defensa), a la excanciller Delcy Rodríguez, al general Fabio Zavarse Pavón y al ex comandante de la GNB (Guardia Nacional Bolivariana), Antonio Benavides Torres de «delitos de incitación al odio, obstrucción a la justicia, tratos crueles inhumanos, atentar contra la dignidad de las personas, falsedad ideológica y abusar de la credibilidad popular», detalla Waldemar Nuñez, tio segundo de Juan Pablo. Todos ellos, recuerdan entre lágrimas los padres del joven, «hablaron de nuestro hijo como si fuera un terrorista» . Lo hicieron hasta en foros internacional, y con la prensa adicta al régimen, usaron el caso para hacer propagan del régimen y tratar de convencer al mundo que Venezuela lo que enfrenta es la amenaza terroristas. Pero la versión quedó pronto desbaratada. Hasta Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, (chavista represariada), reconoció que el impacto que acabó con la vida del muchacho fue el de una bomba lacrímogena.

Núñez mantiene la tesis de que el guardia que disparó, cuya identidad el Gobierno se niega a desvelar, «no tenía intención de matar a Juan Pablo, lo que quería era hacerle daño, someterle a un suplicio, a una tortura con consecuencia de muerte» . El abogado elige esa fórmula porque lo sucedido con su sobrino –y con muchos otros- «debe ser considerado delito de lesa humanidad y estos, -puntualiza-, son imprescriptibles».

Las anécdotas de su único hijo varón se suceden. «En abril del pasado año a su hermana, que adoptamos con dos años después de que fuera de una casa a otra, l e diagnosticaron un cáncer muy raro de hígado . Le dieron tres meses de vida si no la llevábamos a España donde trataron con éxito un caso similar. No teníamos dinero para tanto y tampoco para afrontar una operación en Venezuela. Vendimos nuestras joyas (continúan con una deuda millonaria) y Juan Pablo, que por fin había logrado tener un carro (coche) no dudó: Mamá lo vendemos ya. Tranquila, me dijo, que Gabriela se va a curar. Le dolía en el alma desprenderse del auto pero mucho más ver que podía perder a su hermana». La niña, de 16 años y con retraso madurativo, superó la intervención el pasado 8 de febrero. Dos meses más tarde murió Juan Pablo.

Las historias del hijo asesinado se suceden. «Si no hay pan para todos, no hay pan para nadie, me decía cuando salía a jugar con los chicos del barrio –más pobres- y yo le quería dar algo», recuerda Elvira. «Les regalaba los zapatos, la ropa. Temía mucha sensibilidad. A veces me siento culpable porque yo le hablaba de otra Venezuela que conocí y q uizás fue mi culpa despertarle ese sentimiento de protesta» , observa sin contener las lágrimas.

«Manifestarse no es un delito, alzar la voz no es un delito. Lo tengo que hacer porque en Venezuela, así, no tengo futuro. Mira a Gabriela», me decía, continúa. «Mas bien -piensa en voz alta- me hacía sentir mal por no querer dejarle ir a la manifestación«.

El miedo impide que otros se animen a denunciar. «Hasta mi familia tiene miedo. No quieren saber nada», comenta José antes de contar, entre sollozos, que ya no se habla con sus hermanos. “Nosotros vamos a seguir hasta la ultima instancia. Hemos informado a la Alta Comisión de la ONU, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al grupo de expresidentes de IDEA (Iniciativa Democrática de España y las Américas) por si falla la justicia venezolana para que intervenga la internacional... Nos lo mataron lo que supuestamente tenían que protegerle».