La izquierda demócrata se rebela contra Biden

Desde la medianoche del sábado al domingo, una diputada demócrata de Misuri, Cori Bush , estuvo durmiendo en la escalinata frente al Capitolio, en señal de protesta por el vencimiento de una moratoria de los desahucios, aprobada para mitigar el efecto devastador del coronavirus sobre la economía. Más de 3,5 millones de alquilados están en situación de riesgo de desahucio, según cifras de una encuesta del censo norteamericano.

El martes, Bush le cedió el testigo a otra estrella emergente del partido, Alexandria Ocasio-Cortez , quien ha sido muy clara en que considera responsable del final de esta moratoria a su propio partido, y no solo a los republicanos. A la protesta se han unido otros líderes de la izquierda demócrata, como el senador Bernie Sanders, que le disputó a Biden la presidencia en las primarias de hace un año.

Finalmente, anoche, el gobierno federal, por medio de los Centros para el Control de Enfemedades, autorizó otra moratoria que cubre los condados con más contagios hasta el 3 de octubre. En realidad, esto permite posponer cualquier desahucio en zonas en las que reside el 90% de la población estadounidense.

La Casa Blanca y el Capitolio se han culpado mutuamente de que esa moratoria haya caducado. La aprobó el gobierno federal, a instancias de Donald Trump , en septiembre de 2020. Ha sido prorrogada después. El caso ha llegado hasta la Corte Suprema, que recientemente falló que no podía alargarse más allá del último día de julio. Biden quiso que su partido aprobara otra moratoria en el Capitolio, pero muchos republicanos se oponen.

Aunque los demócratas tienen mayoría en ambas cámaras, existen vías para los republicanos para bloquear nuevas leyes en el Senado, donde hay un reparto muy ajustado de escaños. (Cada partido tiene 50, con el voto de la vicepresidenta, la demócrata Kamala Harris , como desempate). En 2022 se renueva toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

La diputada Bush se ha convertido en la imagen de la protesta contra los líderes de su propio partido y contra la Casa Blanca. Ha sido muy crítica con los demás demócratas por haberse ido de vacaciones de verano ante el vencimiento de esta moratoria. «La cámara está en receso. Está de vacaciones. ¿Cómo pueden estar de vacaciones cuando tenemos a millones de personas que podrían empezar a ser desahuciadas esta misma noche?», dijo Bush a un grupo de simpatizantes el lunes. «Ya hay muchos que acaban de recibir las órdenes de desahucio. Necesitan ayuda, y debemos estar con los más vulnerables, con los marginados, los que nos necesitan», añadió.

La Casa Blanca, consciente de que necesita a los demócratas en bloque para cualquier iniciativa, incluido el gran proyecto de reforma de las infraestructuras que se está ultimando estos días, está intentando minimizar los daños de este desafío.

Gene Sperling , coordinador de ayuda para el coronavirus de la Casa Blanca, dijo a la prensa el lunes que Biden prefiere una solución más ambiciosa al problema de los desahucios. «Esta no es una tarea fácil. Nosotros, como país, nunca hemos tenido un sistema nacional o una política coherente para prevenir desalojos que en realidad son evitables», dijo.

Otro punto polémico es la decisión de la presidencia de mantener la normativa que le permite a los policías fronterizos devolver en caliente a los indocumentados que entran en EE.UU., alegando la crisis sanitaria de la pandemia. Ese decreto lo aprobó Donald Trump, y en campaña Biden dijo que acabaría con él. El viernes, la administración retomó de forma oficial esas expulsiones por vía aérea, con 73 personas retornadas en vuelos a Guatemala, El Salvador y Honduras .

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, alegó el lunes que estas deportaciones en caliente son «un medio legal tradicionalmente empleado para asegurar la frontera». Sí que dijo que son solo «un paso» hacia su objetivo de «lograr un sistema de inmigración seguro y ordenado».

Esta decisión de Biden de renovar el decreto de las expulsiones le ha abierto una batalla legal con la Unión Americana de Libertades Civiles (Aclu, por sus siglas en inglés), tradicionalmente alineada con la izquierda. Esa organización y otros grupos afines han renunciado a una negociación extrajudicial que tenían con la Casa Blanca y reanudan formalmente una demanda contra la presidencia por considerar ilegales estas expulsiones.

Según Neela Chakravartula, que es abogada especializada en refugiados de la misma Aclu: «Estamos profundamente decepcionados con que la Administración de Biden haya abandonado su promesa de un trato justo y humano para las familias que solo buscan seguridad, dejándonos sin otra opción que reanudar la demanda».

Lo cierto es que Biden entró en la Casa Blanca prometiendo grandes cambios migratorios. Anunció al ganar las elecciones que una de sus primeras medidas cuando tomara posesión del cargo en enero sería enviar al Capitolio una propuesta para regularizar la situación migratoria de los 11 millones de indocumentados que hay en el país, una amnistía en toda regla y de unas dimensiones sin precedentes desde la que autorizó Ronald Reagan en 1986, de la que se beneficiaron casi tres millones de personas. Iba a ser el primer paso en un giro drástico en la política migratoria de la primera economía mundial, tras los cuatro años de restricciones de Trump, centrado como estuvo este en garantizar el acceso de los residentes en situación legal al mercado de trabajo.

Sin embargo, más de seis meses después de que se mudara a la Casa Blanca, Biden mantiene en pie el grueso de las restricciones de Trump, alegando que la pandemia ha provocado un contexto excepcional. Es cierto que ha dejado de deportar a la mayoría de menores que llegan solos, pero en el resto de apartados mantiene las deportaciones.

Lo cierto es que la política de Biden en materia migratoria le ha abierto un frente también con la derecha de su partido. La semana pasada el diputado Henry Cuéllar, un demócrata centrista cuyo distrito se encuentra en la frontera de Texas, se unió al senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, en una carta conjunta en la que le pedían a la Casa Blanca que nombre a un coordinador de política fronteriza de forma urgente ante la crisis de cruces ilegales, que solo van en aumento y han colocado los centros de detención temporal al borde del colapso.

En el otro extremo, otros diputados de izquierda, como Rashida Tlaib, de Michigan, han pedido incluso que se reduzca la financiación de la policía fronteriza y otras agencias, a las que acusa de «aterrorizar a los inmigrantes».