Fotografía cedida por la presidencia de Colombia que muestra al presidente de Colombia, Iván Duque, mientras ofrece declaraciones este miércoles, en Bogotá (Colombia)
Fotografía cedida por la presidencia de Colombia que muestra al presidente de Colombia, Iván Duque, mientras ofrece declaraciones este miércoles, en Bogotá (Colombia) - EFE

Iván Duque niega haber dado nuevas instrucciones al Ejército

«Respetamos estrictamente la ley» dice el presidente

Poly Martínez
BogotáActualizado:

«Todas las fuerzas militares y de Policía han tenido instrucción clara de parte mía, desde el primer día del Gobierno, y es obrar siempre con la Constitución y la ley, en estricta defensa de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario». Con esas palabras, el presidente colombiano, Iván Duque, que no se ha pronunciado concretamente sobre el artículo publicado por el «New York Times», hizo referencia al asesinato de un desmovilizado de las FARC a manos de un militar el pasado 22 de abril, hecho que desató una dura polémica frente al posible retorno de los «falsos positivos», es decir, a los asesinatos extrajudiciales sucedidos entre 2006 y 2009, donde civiles inocentes fueron presentados como bajas de la guerrilla para «mejorar» los resultados del Ejército.

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, refiriéndose al artículo enfatizó que, desde su llegada a esa cartera, en agosto de 2018, ha dado claras órdenes de fortalecer la política de derechos humanos y señaló que ha «insistido en que los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario son línea rectora de las actuaciones de la fuerza pública». A su vez, argumentando «razones de transparencia», el general Nicasio Martínez, comandante del Ejército, hizo público el cuestionario que le respondió al periodista Nicholas Casey, del New York Times.

Congresistas del partido de gobierno señalaron maliciosamente a Casey por haber cubierto el proceso de paz y visitar campamentos de desmovilizados de las FARC en esa época (2016), mientras otros argumentaron que es una campaña de desprestigio y que se busca «tejer un manto de duda» sobre la «honorabilidad y respeto a la ley» de las fuerzas armadas del país y minar su acción en contra de la criminalidad.

En tal sentido, la voz del senador Álvaro Uribe Vélez, en cuyo segundo mandato sucedieron los «falsos positivos», resume esa perspectiva: «Una manera de desacreditar a las FFAA y de proteger la impunidad al narco terrorismo. Además ignoraron las respuestas oficiales y las distorsionaron para decir que hay órdenes de asesinar inocentes y de no proteger a los civiles».

Madres de Soacha

Por su parte, representantes de los partidos opositores pusieron énfasis en que «la presión a los militares para lograr más víctimas ya se dio en años pasados y fue un horror, una vergüenza y un fracaso. Nada justifica que se repita en el gobierno de Duque», como lo resume una declaración del congresista Jorge Robledo.

Pero es la respuesta de las Madres de los Falsos Positivos de Soacha, aguerridas denunciantes de estos crímenes de miembros del Ejército, la que pone el dedo en una dolorosa llaga de la realidad colombiana: «Muchos salen a atacar al periodista y al periódico New York Times. En vez de pedirle explicaciones a su glorioso Ejército».

Analistas y expertos en temas de seguridad nacional consultados por ABC van más allá del titular y cuestionan si hay un giro significativo en las políticas de seguridad. María Victoria Llorente, directora del centro de pensamiento Ideas para la Paz, señaló que «da la impresión de que el plan de guerra fuera el de hace 15 años, a pesar de que el país ha cambiado muchísimo y no hay un ejército para combatir; la amenaza ha cambiado, es fragmentada y más compleja. ¿Dónde están los demás indicadores de la política, son estos los únicos? Si es así, es un incentivo perverso; debe haber indicadores que no se reduzcan a las bajas, que siempre han existido».

De igual forma, Jorge A. Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto CERAC, dijo que «volver a metas cuantitativa tiene un alto nivel de riesgo de que se comentan abusos, además de ser inefectivos en términos de seguridad. Aumentar el número de personas ‘neutralizadas’ no produce seguridad».