H. Fraile

Italia espera con ansiedad una inminente sentencia histórica del tribunal constitucional sobre la eutanasia

El Papa y los obispos italianos intervienen para rechazar el suicidio médicamente asistido

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En Italia crece la expectación y la polémica no exenta de tensión ante una sentencia sobre el suicidio médicamente asistido que debe pronunciar el próximo martes el Tribunal Constitucional. Italia, país conservador en el que la Iglesia católica ejerce gran influencia, tiene abierta esta polémica desde hace al menos una docena de años, con una división tan profunda en la sociedad y en la clase política que hasta ahora el Parlamento ha sido incapaz de legislar sobre el tema, al contrario de lo que sucede en varias naciones europeas que tienen ya una normativa sobre el suicidio médicamente asistido o la eutanasia. Ahora la decisión del Tribunal Constitucional, que ya se considera que puede ser histórica, llegará por un caso célebre que dividió a la sociedad italiana. En febrero 2017, el conocido Dj Fabiano Antoniani, milanés de 39 años, tetrapléjico y ciego después de un accidente de tráfico que sufrió en el 2014, murió en una clínica de Zurich (Suiza) con suicidio asistido, pagando 10.000 euros. Se suicidó con un fármaco letal proporcionado por los médicos. Le acompañó Marco Cappato, exdiputado radical y exeuroparlamentario, promotor de la campaña sobre la eutanasia legal, que se autodenunció. Contra él se abrió un proceso porque, según el artículo 580 del Código penal italiano, el radical Cappato cometió el delito de instigación o ayuda al suicidio. En la normativa italiana suicidio y eutanasia se consideran delitos contra la vida. Pero el Tribunal de Milán suspendió el proceso y pidió el parecer del Tribunal Constitucional, que invitó al Parlamento a legislar antes del próximo 24 de septiembre, una petición que cayó en el vacío. En la Cámara de diputados hay cinco propuestas, pero no hay mayoría para aprobar una ley. Ante la inacción de los políticos, el Tribunal Constitucional debe pronunciarse el próximo martes.

El comité de Bioética, a favor de la legalización

El alto tribunal cuenta con un informe del Comité nacional para la bioética, el máximo organismo consultivo del gobierno sobre moral y ética, hecho público a finales de julio. El presidente del Comité de Bioética, el jurista Lorenzo D’ Avack, explicó que surgieron tres diferentes corrientes de opinión entre sus miembros: «Una netamente contraria, que reafirma la inviolabilidad de la vida. Una posición intermedia, que da la alerta sobre los riesgos de legislar sobre este tema y pide incrementar las curas paliativas. Y una tercera, con el mayor número de firmas, favorable a la legalización del suicidio asistido». El Comité aclaró que «El suicidio asistido no es la eutanasia». Trece de los miembros del Comité se mostraron favorables a la legalización del suicidio médicamente asistido, partiendo del presupuesto que el valor de la tutela de la vida esté equilibrado con otros bienes o valores constitucionalmente relevantes, como la autodeterminación del paciente y la dignidad de la persona. Frente a esta opinión, otros 11 miembros del Comité de Bioética observaron que no es legítimo decidir cuándo terminar la propia vida e interrumpir los sufrimientos. « La defensa de la vida debe ser afirmada como principio esencial en bioética», afirmaron. Esta es también la posición de la Iglesia católica, que se opone con firmeza al suicidio asistido.

Intervención del Papa

En vísperas de la prevista decisión del Tribunal Constitucional, el papa Francisco ha manifestado que «se puede y se debe rechazar la tentación de usar la medicina para cumplir una posible voluntad de muerte del enfermo, proporcionando asistencia al suicidio o causando directamente la muerte con la eutanasia». «Es importante que el médico no pierda de vista la singularidad de cualquier enfermo, con su dignidad y su fragilidad», añadió ayer Francisco, en el curso de una audiencia a 350 miembros de la Federación nacional de médicos y dentistas.

Hace unos días fue el presidente de la Conferencia episcopal italiana, el cardenal Gualtiero Bassetti, arzobispo de Perugia, el que afirmó que «no existe un derecho a la muerte», y solicitó que el Tribunal Constitucional conceda un tiempo suplementario al parlamento con el fin de que reanude el debate y legisle «para evitar que una sentencia del Constitucional produzca el desmantelamiento del delito de ayuda al suicidio».

El debate y la profunda división social sobre el tema está muy presente en los medios de comunicación, que recogen diversos artículos y opiniones a favor y en contra del suicidio asistido.