Israel niega la libertad provisional a la trabajadora humanitaria española Juana Ruiz

Defensa y acusación llegaron el 17 de noviembre a un acuerdo por el que la cooperante fue condenada a 13 meses de cárcel , de los que ya ha cumplido ocho, y a una multa de 14.000 euros, por los delitos de «pertenencia a asociación ilegal» y «tráfico de divisas en Cisjordania». Este tipo de acuerdos son la norma general en la justicia militar que aplica Israel en los territorios ocupados, un sistema en el que se condena al 99 por ciento de los acusados.

La sentencia leída en la prisión militar de Ofer aclaró que la trabajadora humanitaria española no reconoció en ningún momento tener constancia de que se desviaran fondos al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP ), grupo considerado terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea. En contra de lo defendido en público por los ministros de Exteriores y Defensa israelíes, la jueza separó también el caso de Ruiz del caso de las seis organizaciones de derechos humanos palestinas a las que Israel ha pasado a considerar recientemente «terroristas» por su supuesto nexo con el FPLP.

Juana, de 64 años, reside en los territorios palestinos desde hace tres décadas, donde está casada, es madre de dos hijos y trabaja como coordinadora de proyectos en la ONG sanitaria palestina Health Work Committees (HWC), considerada ilegal por Israel. El 13 de abril los militares irrumpieron a primera hora de la mañana en la casa en la que Ruiz vive en Beit Sahour, al sur de Belén, y desde entonces permanece detenida.

La semana próxima hay una nueva oportunidad de obtener la libertad condicional, pero la familia se mentaliza para la posibilidad de que Juana siga en prisión hasta el 14 de abril, fecha en la que habrá cumplido la condena.