La iniciativa de Obama que Trump sí acepta: la Alianza para la Prosperidad

Trump mantiene ese compromiso con el Triángulo Norte, aunque con algo menos de presupuesto y este aún más decantado hacia las partidas de seguridad. El Congreso estadounidense aprobó el año pasado una dotación de 750 millones de dólares para 2017, de la cual unos 275 millones se destinaban directamente a asistencia al desarrollo, mientras que gran parte del resto era para fines militares y de orden público. El primer presupuesto de la era Trump ha reducido esa cifra de asistencia a 195 millones (una recorte de casi un 30%), mientras salva las cuantías para seguridad .

La cumbre de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte celebrada los días 15 y 16 de junio, con asistencia del vicepresidente y los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional de Estados Unidos, así como los presidentes de Guatemala y Honduras y el vicepresidente de El Salvador, puso de manifiesto algo ya sabido: que ambas partes priorizan de manera distinta los elementos del problema.

Está claro que el narcotráfico , la violencia de las maras y otras actividades de grupos de crimen organizado lastran el desarrollo del istmo americano y potencian la emigración, pero mientras Washington tradicionalmente ha preferido dedicar buena parte de su ayuda a asuntos militares y policiales, los países afectados desearían mayores inversiones destinadas a resolver las causas sociales que generan la grave situación de inseguridad. Eso hace que algunos sectores acojan con escepticismo el plan.

«Mucha ayuda está sujeta a las condiciones que pone el Congreso de Estados Unidos. Hay una ayuda finalista dirigida ya de entrada a cuestiones de seguridad. Nosotros como país podemos proponer poco», afirma María del Carmen Aceña, investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) de Guatemala.

La Alianza para la Prosperidad, en cualquier caso, mejora planteamientos anteriores, como la Iniciativa de Seguridad Regional de América Central (CARSI por sus siglas en inglés), centrada exclusivamente en cuestiones militares y a la que Washington dedicó 1.150 millones de dólares entre 2008 y 2015.

Además de contar con mayor dotación económica anual, la novedad de la Alianza para la Prosperidad es que los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador se comprometen a destinar fondos públicos propios que superen ampliamente las cuantías aportadas por Washington (los tres países presupuestaron conjuntamente 2.647 millones de dólares en 2016 y casi 2.900 millones en 2017) para la realización de los proyectos de infraestructuras y de desarrollo social que se determinen. También se espera contar con aportaciones del sector privado y la mediación de instituciones financieras internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo.

Con todo, sería conveniente «moderar las expectativas», recomienda David Casasola, también investigador de CIEN, pues está por ver la eficacia del proyecto, tanto para crear una prosperidad auténtica en Centroamérica como para desincentivar con ello los flujos migratorios.