Imputan a tres magistrados del Supremo argentino
La noticia se produce en pleno pulso entre la diputada oficialista Elisa Carrió y el presidente de la Corte, Ricarlo Luis Lorenzetti
CARMEN DE CARLOS
La Corte Suprema argentina atraviesa tiempos difíciles. El fiscal Federal, Guillermo Marijuan, imputó a tres de sus miembros por firmar una sentencia que avala, en función de una ley derogada, la reducción de pena a un preso condenado por delitos de lesa humanidad. La ... noticia se produce en pleno pulso entre la diputada oficialista Elisa Carrió y el presidente de la Corte, Ricarlo Luis Lorenzetti. La primera pidió el juicio político contra el cabeza del Poder Judicial por, entre otras causas, enriquecimiento ilícito y éste se defendió con una amenaza de querella, por daños y perjuicios, contra la legisladora de Cambiemos, la coalición de Gobierno de Mauricio Macri.
Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, son los tres magistrados que suscribieron el fallo mencionado frente a la posición contraria de Lorenzetti y de Juan Carlos Maqueda. Estos consideran que la resolución de sus colegas no respeta los Tratados Internacionales, con rango constitucional. En concreto, apuntan a que los delitos de lesa humanidad no son amnistiables ni prescriben.
El caso que ha desatado la polémica y puesto en una situación insólita a los jueces del máximo tribunal es el de Luis Muiña, condenado a trece años por su participación, durante la última dictadura militar argentina (1976-83), en el secuestro y torturas de cinco personas. Los magistrados que sostienen el fallo lo justifican por la necesidad de aplicarle la ley más benigna que consiste en contabilizar el doble su estancia en prisión mientras el condenado aguardaba su juicio. Es lo que se conoce en Argentina como la ley del 2 por 1, es decir, un día cuenta como dos a la hora de hacer el cómputo del tiempo preso.
El fiscal Marijuan imputó a los magistrados después de tramitar la denuncia del abogado Marcelo Parrilli, que se encuentra en el juzgado del polémico juez Daniel Rafecas. Entre los argumentos que sostiene para imputar a los jueces figura que la ley del 2 por 1 fue derogada por el Congreso en el año 2001 aunque Muiña, por entonces, ya estaba encarcelado. Marijuan también observa que la sentencia, "es contraria a las leyes e instrumentos internacionales que rigen la materia". Asimismo, el fiscal añade, que “la solución brindada por los juristas podría contrariar el contrato social de los argentinos y la política de Estado sostenida por sus tres poderes para perseguir, juzgar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar".
Derechos humanos
La polémica, además de coincidir con la petición de juicio político al presidente de la Corte, se produce en vísperas de que una representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aterrice en Argentina para analizar la situación judicial de los represores condenados, que consideran que no se respeto el debido proceso y el caso de Milagro Sala, detenida desde el pasado año en la provincia norteña de Jujuy y sometida a diferentes procesos judiciales por, entre otros delitos, intento de asesinato, asociación ilícita, fraude a la Administración, secuestro, amenaza y lesiones graves. Los ex represores y Sala consideran que se han violados sus derechos humanos
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