Honduras se adentra en el narcotráfico: surge el cultivo de coca y se investiga a su presidente

Ese salto se ha dado gracias a una creciente connivencia de oligarquías locales y dirigentes políticos con carteles de droga: el hijo del anterior presidente hondureño y el hermano del actual están en la cárcel en Estados Unidos, y ahora los fiscales de ese país investigan directamente al presidente Juan Orlando Hernández . Además, el presunto candidato de uno de los grandes partidos para las elecciones presidenciales de noviembre acaba de cumplir tres años de condena en Nueva York por lavado de dinero procedente del narcotráfico.

El nombre de Juan Orlando Hernández ya salió en el juicio celebrado contra su hermano Tony en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, que en 2019 le condenó por estar involucrado en «todas las etapas» del tráfico de toneladas de cocaína destinadas a Estados Unidos. Entre otras cosas, el juez consideró probado que Tony Hernández tuvo acceso a laboratorios de cocaína en Honduras y que recibió diversos sobornos, uno de los cuales, de un millón de dólares y entregado por el capo mexicano Chapo Guzmán, estaba supuestamente destinado a la campaña electoral que en 2014 llevó a la presidencia a su hermano.

Juan Orlando Hernández resultó reelegido en 2017, después de un cambio constitucional que permitió la reelección para un segundo mandato consecutivo, en unas elecciones en las que hubo numerosas acusaciones de fraude. No hubo reacción internacional ante el rápido apoyo expresado por Estados Unidos en favor del dirigente conservador, con quien la Administración Trump cerraría después un controvertido acuerdo para la contención migratoria.

El presidente hondureño ha negado siempre cualquier implicación en el narcotráfico, y ciertamente del juicio a su hermano y a otros acusados en una media docena de casos no se derivó ninguna investigación específica sobre él. Sin embargo, ese señalamiento directo ha ocurrido finalmente después en otra causa, que también se sigue en el Distrito Sur de Nueva York, en la que un narcotraficante preso, Geovanny Fuentes Ramírez, asegura haber pagado a Juan Orlando Hernández para su primera campaña presidencial a cambio de protección en sus negocios ilícitos. Fuentes Ramírez, que había dirigido uno de los laboratorios de cocaína hondureños, afirma que el hoy presidente le dijo que quería «meter la droga en las narices de los gringos». En el juicio, Hernández es referido como CC-4 (conspirador 4). Un comunicado de la presidencia de Honduras insiste en que se trata de algo «cien por cien falso» y que responde a un deseo de venganza contra el presidente por haber combatido el narcotráfico desde el gobierno.

Esas informaciones definen un clima político de connivencia de parte de la clase dirigente hondureña con el narcotráfico, como sugieren las confesiones de varios integrantes del clan de Los Cachiros, de las cuales se han nutrido diversas investigaciones en Nueva York. Esto se ha visto corroborado por la sentencia contra Tony Fernández, así como por otras condenas previas, como la que en 2015 llevó a prisión en Estados Unidos a Fabio Lobo, hijo del anterior presidente, Porfirio Lobo, también del Partido Nacional, y en 2017 a Yani Rosenthal (las acusaciones del Tesoro estadounidense se dirigían igualmente contra su padre y otros miembros de esa familia empresarial de San Pedro Sula), que una vez salido de la cárcel y regresado a Honduras aspira a ser el candidato del Partido Liberal en las presidenciales de noviembre.

Difícilmente Honduras iba a extender su participación en la cadena del narcotráfico sin una ampliación del paraguas que algunas autoridades pueden prestar a ese negocio. Durante algún tiempo, las operaciones de los narcos se centraban en la apartada y despoblada región selvática de la Mosquitia, en la frontera con Nicaragua, donde llegaban las narcoavionetas procedentes de Colombia y luego de la Venezuela chavista y la carga era llevada por tierra o cabotaje hacia el área de Pedro Sula para para seguir su camino hacia México. Pero la creación de laboratorios y después comenzar a cultivar la propia hoja de coca, en una actividad que se da más en las provincias de Orlando y Colón pero que también se ha detectado en otras partes del país, indica un derrame territorial que necesariamente requiere la protección de algunos políticos.

Según el reciente Informe de Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos elaborado por Estados Unidos, en 2020 Honduras erradicó 40 hectáreas de arbusto de coca y destruyó una docena de laboratorios de transformación de la pasta de las hojas en polvo de cocaína. Se trata de cultivos experimentales cuyas cifras quedan muy lejos de los grandes productores de coca (Colombia, Perú y Bolivia). El informe constata, además, que a Estados Unidos no ha llegado cocaína producida en Centroamérica. No obstante, el riesgo de un incremento de la generación de cocaína en Honduras –y también en Guatemala– es evidente.