Nicolás Maduro, en Cuba
Nicolás Maduro, en Cuba - REUTERS

El Grupo de Lima pide a Maduro garantías de cumplimiento en el diálogo

Gobiernos de 12 países de América respaldan al parlamento y no reconocen a la Asamblea Constituyente.

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El Grupo de Lima, integrado por los cancilleres de 12 países de América, reiteró su respaldo al parlamento venezolano y rechazó a la Asamblea Constituyente fraudulenta al pedir garantías y presencia internacional en el eventual diálogo entre Gobierno y oposición en Venezuela.

En su segundo comunicado emitido este sábado, el denominado Grupo de Lima apoyó las reuniones exploratorias entre el Gobierno y la oposición venezolana a instancias de República Dominicana y le pidió a Maduro mantener «buena fe», «objetivos» y «plazos claros». Es decir, seriedad en el proceso de conversaciones.

Los cancilleres de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú se reunieron por segunda vez en Bogotá. Allí se comprometieron a «mantener un seguimiento de la situación en Venezuela» hasta alcanzar «el pleno restablecimiento del orden democrático en ese país».

Las partes se reunieron por separado en República Dominicana y quedaron en volverse a encontrar el 27 de septiembre. Pero la próxima reunión no está confirmada debido a la ola de descontento que produjo el anuncio de las conversaciones en el sector de la oposición, que ha sido utilizado por Maduro para dividirlos de cara a las elecciones regionales del 15 de octubre.

Tanto Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, como Luis Florido, presidente de la comisión de política exterior del parlamento, han dicho que no asistirán a la próxima reunión «sin que el régimen de Maduro haya establecido las garantías de cumplimiento». Y el ex presidente del parlamento, Henry Ramos Allup, propuso el tema del diálogo para después de las elecciones de gobernadores.

En su comunicado, el Grupo de Lima acordó reunirse en octubre, en una fecha por definir, en Canadá y reafirmó «su compromiso de redoblar esfuerzos para alcanzar una salida pacífica y negociada a la crisis que enfrenta Venezuela».

Los cancilleres reiteraron «su voluntad de contribuir a crear, en coordinación con organismos internacionales y otros países, un canal de ayuda para atender la crisis humanitaria que aqueja al país».

Además lamentaron que en Venezuela «se mantenga la ruptura del orden democrático, ya que su Gobierno quebranta las normas constitucionales, la voluntad del pueblo y los valores interamericanos, reprime el disenso político, mantiene presos políticos (unos 566) y viola los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas».

También condenaron «la represión y persecución política en Venezuela, incluida la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de enjuiciar por «traición a la patria a líderes opositores» y condenarlos a prisión, con penas de hasta 25 años.

La oposición venezolana ha dicho que no aceptará reconocer la Asamblea Constituyente, integrada únicamente por miembros del oficialismo, como pide Nicolás Maduro, para el diálogo político.

Los cancilleres expresaron igualmente «su pleno respaldo y solidaridad con la Asamblea Nacional (AN) democráticamente electa, así como su compromiso de hacer efectivo el no reconocimiento de los actos emanados» de la ANC. También, su compromiso con la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela.

También reconocieron «la contribución» y coincidieron «con la preocupación» del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (DDHH) expresada en el informe «Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017».